Esta es la historia. La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, anunciaba esta semana ante los medios la conclusión de expedientes sancionadores por el vaciado de las presas de Cenza, As Portas, Belesar y Salas, lo que ha concluido con multas de 50.000 euros en cada caso (200.000 en total) que deberían abonar a partes iguales la CHMS y las empresas Iberdrola y Naturgy, concesionarias de los embalses (el uso del agua es una concesión del Estado). Posteriormente, y a través de un comunicado, la Conferencia Hidrográfica Miño-Sil ha respondido criticando que se dé "por hecho" que está sanción es firme cuando está todavía "en período de alegaciones" de 10 días. "La conselleira anuncia la sanción no solo antes de que concluya el plazo para formular alegaciones por la CHMS, sino incluso antes de que este organismo de cuenca cuente con toda la información que ha valido a la Administración autonómica para sostener su tesis acusatoria", denuncia la institución dirigida por José Antonio Quiroga, quien advierte que esto "puede ser causa de indefensión".
En relación al argumento de la propuesta de sanción -la Xunta dice que la CHMS no informó "de modo oficial"-, Quiroga insiste en que la Xunta "era plenamente consciente" de la bajada de nivel de los embalses. "Así se lo comunicaron las propias concesionarias y, cuando el descenso alcanzó cotas inferiores al 20 por ciento -ha explicado Quiroga-, también la CHMS desde el Centro de Control de Cuenca, como ya se ha demostrado". La cuestión giraría en torno pues a que la CHMS alega que avisó al servicio provincial de Medio Ambiente en Ourense y a la Consellería de Presidencia a través del 112 de Galicia, mientras que la Xunta insiste en que no proporcionó esa información "formalmente".
Quiroga reitera que la institución que dirige "actúa con escrupulosa observancia" del Texto Refundido de la Ley de Aguas y la normativa que la desarrolla.
Así, explica que el descenso del nivel de las presas "no está sujeto a autorización o concesión", por lo que "no es preciso tramitar expediente alguno de concesión o autorización y, por consiguiente, no es necesaria la solicitud de informe alguno a la Administración autonómica".
En este sentido, Quiroga asegura que "nada podía hacer la CHMS para evitar el descenso de nivel de las aguas". Como prueba, menciona una modificación legislativa "que se hizo en tiempo" y que entró en vigor el 16 de septiembre de 2021, aunque fue posterior a los hechos.
Este cambio, añade, habilitó a los organismos de cuenca "para fijar un régimen mínimo y máximo de caudales medio mensuales, un régimen de volúmenes mínimos de reservas embalsadas para cada mes, así como una reserva mensual mínima".
Por todo ello, la CHMS "ha actuado siempre y en todo momento con plena observancia de la normativa vigente" y ve "muy grave que se utilice el agua como arma de demagogia política", concluye.
