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El agua, para el pueblo

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La Asociación Aragón Suma anunció ayer el lanzamiento de una campaña de captación de firmas para que se debata en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) relativa a la gestión de los recursos hídricos. Lo que propone Aragón Suma es que sean las administraciones locales las que gestionen los saltos hidroeléctricos conforme vayan caducando las concesiones administrativas que tienen las compañías energéticas (concesiones de derechos de uso de agua que están caducando y que, por ley, deben revertir a lo público).
El agua, para el pueblo

La Iniciativa Legislativa -explica Aragón Suma- propone que las administraciones locales -la ILP dice literalmente "las administraciones más cercanas a los ciudadanos"- gestionen los saltos hidroeléctricos "de forma trasparente, en colaboración con empresas privadas de mantenimiento y comercialización de energía". Aragón Suma denuncia que los procedimientos de tramitación de los expedientes para revertir los saltos hidráulicos a las administraciones "se retrasan años y se caducan, lo que genera ganancias millonarias a las eléctricas en perjuicio de todos los ciudadanos". Para evitar ese fraude, la asociación reclama en su ILP "que los expedientes de reversión se tramiten con tres años de antelación y no caduquen" (la Iniciativa -véase artículo 87 de la Constitución- debe reunir 500.000 firmas para que sea tramitada para su debate en el Congreso).

Antecedentes de hecho
Según Aragón Suma, "las inversiones realizadas en aprovechamientos hidroeléctricos responden, salvando algunas particularidades, al modelo inversión-concesión de aguas", de forma que, a cambio de las inversiones necesarias para la construcción de los saltos, la Administración otorgaba a los promotores

"una concesión de aguas con una duración mínima de 75 años, sujeta a la condición de que, al finalizar el plazo, las instalaciones reverterían al Estado"

Pues bien, el plazo está concluyendo en muchos casos, pero -según Aragón Suma- la Administración no está tramitando con la diligencia debida los expedientes correspondientes, que están caducando, lo que produce un doble efecto: beneficios ilegítimos para las eléctricas concesionarias y/o perjuicios y menoscabo para los beneficiarios legítimos: la ciudadanía.

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) alude además a la doble condición de bien público
Según Aragón Suma, no solo estamos hablando del origen de la energía, el agua, que es un bien de dominio público, sino que, además, las concesiones se hicieron con la condición de que las infraestructuras puestas en marcha por las concesionarias revirtiesen al patrimonio público de la Administración una vez extinguido el plazo concesional. La reversión tiene más sentido aún si tenemos en cuenta -apuntan desde Aragón Suma- el fuerte contraste existente "entre la importante riqueza que genera la producción de energía y la nula repercusión en el territorio donde se produce", que no solo debe soportar "las graves servidumbres que tienen las infraestructuras hidroeléctricas", sino que también está expuesto a los riesgos potenciales que conllevan estas, entre las que destacan "las presas de regulación y las instalaciones de alta tensión".

Más abusos de las eléctricas y más dejación de funciones en la Administración
Por otro lado, la ILP que está impulsado Aragón Suma denuncia "inacciones administrativas". A saber: la Administración debe reclamar a las compañías eléctricas concesionarias (debe reclamar pero no lo hace) la denominada "energía de bajo coste reservada al Estado", que es una cierta cantidad de electricidad que el concesionario se obligó a entregar al Estado cuando obtuvo la concesión, obligación que está convenientemente recogida en la normativa y, además, avalada por los Tribunales. "Toda esta falta de diligencia administrativa -explican desde Aragón Suma- trae como consecuencia que, de facto y no de derecho, los concesionarios sigan explotando y obteniendo ingresos millonarios de los saltos hidroeléctricos más allá del plazo que le otorga la concesión y obteniendo ingresos extra por la energía reservada al Estado que no es reclamada por los organismos de cuenca".

La asociación cree que la reversión es una oportunidad para mejorar la financiación del sector hidráulico
Pues bien, la ILP de Aragón Suma propone el establecimiento de medidas para que los expedientes de reversión de saltos hidroeléctricos se tramiten con celeridad, y para que la energía reservada al Estado se destine a los fines de interés general para los que se estableció. La Asociación propone en ese sentido como fines "la financiación de las infraestructuras hidráulicas que hacen posible la generación de la energía y el desarrollo de programas de restitución territorial en las zonas de influencia de las obras hidráulicas de regulación con procesos claros de despoblación". Estos programas -apuntan desde Aragón Suma- deberán incluir "medidas para la creación de empleo, el asentamiento de la población, la mejora de la competividad de las empresas mediante el suministro de energía a bajo coste, la mejora de los servicios públicos, así como, la modernización de infraestructuras del agua y restauración ambiental".

La asociación considera que "la reversión de los saltos es una oportunidad para afianzar, consolidar y mejorar la financiación del sector hidráulico en España, de altos costes de inversión, mantenimiento, modernización y seguridad, y que es estratégico para la calidad de vida de los ciudadanos y para la creación de riqueza en todo el territorio del Estado". Aragón Suma demanda por otra parte en su ILP que la legislación garantice eficazmente los caudales ecológicos en los ríos, que obligue a las empresas hidroeléctricas a restaurar las zonas afectadas por los saltos, "y que sean sancionadas aquellas que abandonen instalaciones hidroeléctricas en los cauces", algo que la asociación denuncia que está sucediendo "con los saltos que ya no son rentables".

Según Aragón Suma, "los saltos revertidos, que deben entregarse en adecuadas condiciones de funcionamiento por el concesionario, requerirán una gestión de mantenimiento y de producción eléctrica, pero los beneficios ya deberán de ser de titularidad pública". En definitiva -apuntan desde esta asociación-, la gestión técnica "podrá seguir siendo privada, pero los rendimientos deberán ser de titularidad pública". De hecho -concluyen-, actualmente, "existen ejemplos de saltos hidroeléctricos de inversión estatal, autonómica y local, en los que la gestión técnica se contrata con empresas del sector y los beneficios son de titularidad pública y para fines públicos".

Por todo lo anterior, la presente iniciativa legislativa popular pretende -explica Aragón Suma- una nueva gestión de los saltos hidroeléctricos
En esa gestión, (1) los expedientes de reversión de saltos hidroeléctricos serán tramitados sin retrasos y sin caducidades; (2) los saltos hidroeléctricos revertidos serán gestionados mediante un modelo de gestión mixto público-privado, en el que los beneficios pasen a ser de titularidad pública y gestionados de forma descentralizada (los beneficios deberán destinarse a la financiación de las obras hidráulicas, a medidas contra la despoblación y al desarrollo económico y social de los distintos territorios de España); y (3) los saltos hidroeléctricos revertidos deben adaptarse a los nuevos caudales ecológicos que establecen los planes hidrológicos.

Para que no la acusen de ser partidaria de la nacionalización, la asociación se cura en salud
"La presencia en el mercado liberalizado de un sector público energético a partir del agua, que no constituye un monopolio, ni una nacionalización de la producción de la energía, aportará, sin duda, transparencia y una mejora en la competitividad en un sector con unos problemas estructurales evidentes; y deberá traducirse en que bajen los costes de la energía en nuestro país".

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