El estudio “Las licitaciones de servicios energéticos en el sector público” de EnerAgen pone de manifiesto el “gran potencial de desarrollo que tiene este tipo de contratación”, si bien estos contratos se encuentran aún en un “estadio inicial de desarrollo, con un claro protagonismo de los ayuntamientos”, que son los principales promotores de las licitaciones de servicios energéticos, ya que representan el 73% del total de licitaciones.
No obstante, en todas las comunidades autónomas se ha licitado algún tipo de servicio energético en las instalaciones públicas, aunque en términos absolutos destacan Cataluña, Madrid y Andalucía, que ocupan las posiciones de mayor desarrollo, superando entre las tres el 50% de las licitaciones realizadas.
Tipo de servicios
El informe también analiza el tipo de servicio energético licitado por las Administraciones Públicas. En este sentido, destacan los proyectos de alumbrado y las licitaciones de edificios, con un 47,4% y un 28,5% del total, respectivamente. El estudio señala, no obstante, que en ambos casos se detecta una “evolución temporal decreciente”.
En tercer lugar comienzan a ganar peso los proyectos de biomasa, ligados principalmente a una tipología de edificios de elevado consumo térmico como polideportivos, hospitales y residencias. La distribución de este tipo de contratos por comunidades autónomas está ligada a regiones (Cataluña, Castilla y León y Andalucía) con un alto desarrollo de aprovechamientos forestales y, por tanto, disponibilidad de la biomasa utilizada.
Finalmente, los proyectos de licitación conjunta de edificios y alumbrado representan un 10% del total de las licitaciones identificadas y pertenecen en su totalidad al ámbito municipal. EnerAgen indica que “la licitación conjunta de edificios y alumbrado, al igual que la agrupación de municipios, constituye una buena alternativa para la ejecución de servicios energéticos por parte de entidades locales, ya que ambas soluciones permiten conseguir un volumen presupuestario crítico que haga viable la licitación”.
El estudio incluirá en una segunda fase una serie de buenas prácticas y recomendaciones identificadas para cada fase del proceso de licitación, fruto del análisis detallado de los pliegos de una muestra específica de las licitaciones identificadas.
