Una vez más, hasta a la hora de establecer el punto de partida se anda perdido con el biogás. En la hoja de ruta se afirma que, de acuerdo con los datos del registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica (Pretor) del Miteco, en España hay 146 instalaciones de biogás, de las cuales 129 reportaron consumo de biogás en 2020. Según el último informe estadístico de la Asociación Europea del Biogás hay 210 y según un trabajo del centro tecnológico EnergyLab, 286.
Aún cogiendo el censo con más plantas, y como reconoce el Miteco, las cifras palidecen antes las de Alemania, Francia o Italia, más aún contando con los recursos para multiplicar dichas cifras. De hecho, la nota de prensa del ministerio se abre afirmando que la propuesta de hoja de ruta del biogás contiene 43 líneas de actuación y el objetivo de multiplicar por 3,8 la producción sostenible de este gas de origen renovable hasta 2030.
¿Cómo se pretende hacer? Principalmente con dos medidas a plasmar en el corto plazo: “la creación de un sistema de garantías de origen (GdO), similar al de la electricidad renovable, al objeto de que los consumidores puedan distinguir el biogás del gas fósil convencional, poniendo en valor su origen sostenible; y el potencial establecimiento de objetivos de penetración, similar al existente para el fomento de los biocarburantes”.
Cuarenta y tres medidas en cinco ejes
En España, y gracias a un proyecto europeo del programa Horizonte 2020 (Regatrace, acrónimo de REnewable GAs TRAde Centre in Europe), la Asociación Española de Biogás (Aebig), junto a otros socios, trabajan en la creación de un sistema de comercio eficiente basado en la emisión y comercialización de GdO de biometano y otros gases renovables”. Austria, Bélgica, Dinamarca y Suecia ya cuentan con estas garantías.
Las 43 medidas que propone la hoja de ruta se articulan en torno a cinco ejes. El primero se centra en los instrumentos regulatorios que incluyen precisamente las GdO para el biogás y el biometano, la agilización y homogeneización de los procedimientos administrativos; y la mejora de la normativa sobre residuos, “para facilitar la obtención del gas renovable –por ejemplo, valorizando las emisiones evitadas– y el uso posterior del digerido resultante tras el proceso anaeróbico, principalmente como fertilizante”.
Fomentar la producción en zonas con abundante materia prima
El segundo eje está relacionado con los instrumentos sectoriales e incluye el potencial establecimiento de objetivos anuales en la venta o consumo de biogás, con cuotas de obligado cumplimiento. También se propone fomentar la producción en zonas con abundante materia prima, donde haya industria agroalimentaria o plantas de tratamiento de residuos y compostaje, y “promover o bien el consumo in situ, en flotas de vehículos, en usos térmicos o en la producción de hidrógeno, o bien la sustitución del gas fósil vehiculado en los gasoductos, siempre que sea económicamente viable”.
El tercer eje tiene en cuenta los instrumentos económicos: “mejorar el tratamiento fiscal y establecer ayudas de diversa índole, algunas condicionadas a cumplir requisitos de reducción de CO2. Se añadirían a las existentes, como las del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) o numerosos programas europeos”.
Priorizar proyectos en zonas de transición justa
El cuarto incluye los instrumentos transversales que buscan priorizar los proyectos de biogás en zonas de transición justa, introducirlo en pliegos de contratos públicos, divulgar sus ventajas o crear comunidades energéticas y grupos de trabajo para facilitar su implantación. El quinto y último pretende impulsar la I+D+i en especial para reducir las emisiones de gases contaminantes, producir nuevos residuos biodegradables, aumentar el consumo de biogás en la industria y en el transporte, etcétera.
Todo ello permitirá lograr la multiplicación de la producción ya enunciada y llegar a 2030 superando los 10,4 TWh, “en línea con lo establecido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, la Estrategia a Largo Plazo Para una Economía Española Moderna, Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050, y concordante con la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética”.
Cumpliendo todos los objetivos se llegará solo al uno por ciento de biometano inyectado en la red de gas
Si se cumplen las previsiones, el 45 por ciento de la producción de biogás en 2030 se consumiría directamente, en usos térmicos o eléctricos, sobre todo en la industria, mientras que el restante 55 por ciento se transformaría en biometano para su uso en movilidad pesada, por ejemplo en flotas municipales de limpieza o recogida de residuos, o se podría inyectar en la red si es rentable. A pesar de todo, estiman que solo el uno por ciento del gas que se consuma en 2030 por esta vía sería de origen renovable.
A pesar de todo, el Miteco considera que “la apuesta por el biogás proporcionará grandes beneficios ambientales, económicos y sociales, sobre todo en áreas rurales y en el sector de residuos, disminuyendo la dependencia energética y potenciando la I+D+i”. Concreta que “reforzará la economía circular y fijará población rural gracias al crecimiento de su amplia cadena de valor empresarial”.
