La tasa ni tan siquiera es del 4,5%, como temía Probiomasa en su primera reacción, en julio de este año, antes de que el Consejo de Ministros aprobara la remisión a las Cortes Generales del proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. La propuesta es del 6% a la generación de electricidad. En línea con lo expresado entonces, ahora Probiomasa recalca que la medida “puede dar la puntilla a un sector que no ha tenido responsabilidad alguna en el déficit de tarifa, que tampoco ha sufrido ‘burbujas’, ni es tendente a generarlas dadas las características del propio negocio y que ni siquiera ha podido nunca cumplir sus objetivos por lo ajustado de sus márgenes y por la escasez de la retribución establecida”.
Sobre la singularidad de las biomasas dentro de las renovables, Probiomasa incide en que, “siendo la única que precisa suministro de materia prima –que supone un coste del orden del 50% de sus ingresos–, la nueva tasa del 6% sobre la generación eléctrica supone que se multiplique por dos su impacto, lo cual va a ser difícilmente asumible por un sector en el que la mayoría de las instalaciones son de mediano y pequeño tamaño; complicando seriamente la viabilidad económica de las mismas y pudiendo llegarse incluso al cierre”. Por este motivo, ruega al Gobierno que “elabore urgentemente un decreto específico para las biomasas que contemple las particularidades de este tipo de industrias y los magníficos beneficios que inducen”.
CCOO propone el aprovechamiento energético de la biomasa forestal para reducir incendios
Según Probiomasa, este marco legal propio del sector se hace más imprescindible que nunca para evitar que, como hasta ahora, “sea un añadido más dentro de un conjunto, sin que se reconozcan las singulares aportaciones socioeconómicas y medioambientales que genera”. Entienden que en el balance debe incluirse la consideración de las externalidades positivas que produce en los ámbitos agrícola, ganadero y forestal, en especial "su singular capacidad de creación de empleo". Recuerdan que junto a la drástica reducción de actividad que la moratoria representa (“muchos de los proyectos existentes a la fecha, incluso en avanzado estado de tramitación y diseño, se han aparcado”), el nuevo impuesto implicará una importante minoración de ingresos públicos, tanto en impuestos directos a la actividad como en mayor coste de prestaciones de desempleo, que será mucho mayor que el coste inicial de lo suprimido.
Esta doble penalización (antes moratoria y ahora tasa) consideran que puede hacer inviable las tecnologías bioenergéticas, “sobre todo cuando en el contexto actual de crisis y de incremento de los incendios forestales, podría ser un revulsivo para fomentar el crecimiento económico y prevenir las dramáticas consecuencias que han ocasionado los mismos en la mitad de España”. Hoy mismo, Comisiones Obreras ha reclamado también a los responsables políticos otra política forestal y que se mantengan los medios de prevención y extinción para evitar los grandes incendios forestales. Entre las propuestas del sindicato está la del aprovechamiento energético de la biomasa forestal.
CCOO solicita que se implanten planes y medidas para conseguir ese aprovechamiento energético, “preferentemente para usos térmicos y especialmente para calefacción (de edificios públicos y privados y de viviendas) en zonas rurales”. En una nota de prensa en la que se denuncian los recortes de plantilla en personal de prevención y extinción, añaden que la producción de energía mediante biomasa forestal puede servir para reducir la presencia de biomasa seca en los montes y el riesgo de incendios y, al mismo tiempo, “para generar energía renovable, reducir nuestra dependencia energética y crear empleo en las zonas rurales”.
