Que la energía eólica ha sido una historia de éxito en el Reino de España, no se puede poner en duda. Según el Anuario Eólica 2018 que publica la Asociación Empresarial Eólica, las cifras (del año 2017) lo demuestran: 1.090 parques eólicos en 803 municipios, 20.142 aerogeneradores, 23.093 MW, 47.896 GWh/año, 18,24% de cobertura de la demanda eléctrica (equivalente a la demanda de 12 millones de hogares), se evita la emisión de 28 millones de toneladas de CO2/año, 195 centros industriales de producción, 22.468 personas trabajando en el sector, etc.
¿Lo hubiera sido si en España no se hubiese adoptado la política de Feed-in-Tariff (FIT), copiada de Alemania, donde una mayoría parlamentaria la impuso a su propio gobierno y que tan buenos resultados ha dado en todos los países que la implementaron?
¿Lo hubiera sido si a finales de los años 70 y principios de los 80 del siglo pasado, no hubiera habido unos jóvenes visionarios que emprendieron la aventura de diseñar y poner en marcha las primeras máquinas eólicas de la península, emulando lo que se hacía en Dinamarca en aquellos años, iniciativas, todas ellas, fruto de la lucha ciudadana contra la energía nuclear?
¿Lo sería si el movimiento antinuclear danés (liderado por la organización OOA), no hubiese dado a luz la organización de energías renovables OVE, que posibilitó, a través de experimentar múltiples tipos de captadores eólicos, mejorar la tecnología y determinar que los captadores tripala eran los mas eficientes? Después de haber aprendido de las pioneras experiencias eólicas (finales del siglo XIX y principios del XX) y que permitieron que muchos municipios daneses vieran, por primera vez, la luz eléctrica gracias a las máquinas eólicas desarrolladas a partir de los pioneros trabajos de Paul la Cour. La magna obra Wind Power for the World lo ilustra profusamente.
Pero veamos la situación, con un poco más de detalle. Las cifras en torno a la propiedad de la generación eólica en España muestran que solo las seis grandes empresas, que conforman el oligopolio eléctrico, tienen la propiedad del 47,42% de la potencia eólica instalada. El resto se reparte entre múltiples empresas privadas. Destaca la casi nula propiedad ciudadana, comunitaria o cooperativa de las instalaciones eólicas existentes. Ello es lo que diferencia la situación en España de la de otros países, como Dinamarca o Alemania.
Y cuando, bajo los dictados de la Comisión Europea, los gobiernos del Estado abolieron la política Feed-in-tariff e instituyeron las denominadas subastas eólicas, hechas a medida únicamente de grandes empresas que utilizan la tecnología eólica para sus finalidades estrictamente comerciales, se crearon las condiciones para dificultar enormemente los proyectos eólicos ciudadanos, comunitarios y cooperativos.
Donde hemos vivido el conflicto ha sido en Catalunya, pues allí no existen espacios sin habitantes donde situar grandes instalaciones eólicas sin causar problemas con los habitantes de la zona, que ven como intrusos los proyectos en los que ellos ni pueden, ni se les permite participar, ni han tenido ningún papel en la toma de decisión para escoger el emplazamiento.
Bajo el liderazgo del pionero Preben Maegard, el Folkecenter for Renewable Energy (Dinamarca), nos ha mostrado en su publicación Community Power for the World, cómo los proyectos eólicos comunitarios son una fuente de riqueza local, además de ser un modelo de aceptación local. En Dinamarca, cuna de la energía eólica moderna, unas tres cuartas partes de los aerogeneradores existentes son propiedad de un centenar de cooperativas eólicas.
A diferencia de Dinamarca, aquí solo se ha desarrollado un único proyecto eólico comunitario (Viure de l’aire cel cel, 2,35 MW), el primero en el sur de Europa. Para que florezcan múltiples proyectos de este tipo se requiere una firme voluntad política, que con demasiada frecuencia los reguladores no han tenido. Valentía y puerta abierta para los proyectos eólicos ciudadanos, comunitarios y cooperativos.