La “larga marcha” para dar un vuelco al sistema energético heredado del franquismo, y caminar hacia el 100% renovable, se inició con la promulgación de la Ley 82/1980, sobre conservación de energía. Entre sus objetivos: “Potenciar la adopción de fuentes de energía renovables” y “Regular las relaciones entre los autogeneradores y las compañías eléctricas distribuidoras”. Podían acogerse a los beneficios de la Ley “las personas físicas y jurídicas que acometan actividades…” como “… establecer o ampliar instalaciones de autogeneración eléctrica, … aplicaciones industriales…, … o instalar equipos de uso doméstico que utilicen energías renovables y especialmente la solar”.
Pero no fue hasta la transposición de la Directiva Europea 96/92/CE, sobre normas comunes para el mercado interior de electricidad, que mediante la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, bajo la etiqueta de “Régimen Especial”, se daba carta de personalidad a la generación con renovables. En su Disposición Transitoria decimosexta fijaba para el año 2010 que las fuentes de energía renovable debían cubrir “como mínimo el 12% del total de la demanda energética”, el calco exacto de los objetivos europeos de la época.
La normativa legal que se generó a partir de esa Ley permitió el despegue de las renovables, primero la eólica y posteriormente la solar (termoeléctrica y fotovoltaica), mediante políticas incentivadoras del desarrollo tecnológico, copiadas de la avanzada política (Feed-In-Tariff) adoptada en el Bundestag alemán y que tan buenos resultados ha dado en muchos países.
El desinterés inicial de las principales empresas eléctricas cesó a partir del momento que se dieron cuenta que los operadores independientes les iban “comiendo su tradicional pastel”, de manera que el oligopolio eléctrico utilizó su poder frente a los organismos gubernamentales para que estos pusieran fin a las políticas de incentivación, para impedir que terceros actores penetraran en su “coto privado” y para dificultar que la ciudadanía se convirtiera masivamente en generadora de electricidad.
Este oscurantismo energético se plasmó durante la última época del gobierno socialista con las medidas obstruccionistas llevadas a cabo por el ministro Miguel Sebastián, continuando y agravándose durante el gobierno popular con los ministros José Manuel Soria y Álvaro Nadal. El resultado: paralización, durante muchos años, de todas las inversiones en tecnologías para aprovechar el Sol y el viento.
Y cuando el gobierno se dio cuenta que no iba a cumplir los objetivos europeos, cedió ante los burócratas neoliberales europeos e instauró las subastas, mecanismo que favorece abiertamente a los grandes operadores y margina escandalosamente a los pequeños y a la ciudadanía.
Hasta cuándo habremos de esperar para que el gobierno, que se autoproclama el más progresista de la historia, demuestre que es capaz de garantizar que el sistema eléctrico es un terreno de juego justo y equilibrado, que garantiza el derecho ciudadano a generar, de forma colectiva, la energía que usa en su vida cotidiana y pueda liberarse del férreo dominio bajo el que se asienta el sistema eléctrico heredado del franquismo.
Hasta hoy sólo se han puesto en marcha una instalación de generación eólica ciudadana y algunas solares colectivas, cuando en países como Alemania representan mas del 40% de toda la potencia instalada renovable (del orden de 47 GW).
La gran muralla que impide culminar la “larga marcha” es el monopolio de la distribución, cuyas redes ha pagado con creces la ciudadanía y ha remunerado muy generosamente el regulador estatal. Una vez amortizadas las inversiones, con su correspondiente margen de beneficio, quedan eternamente en propiedad de las empresas de distribución. Un escandaloso abuso de poder. Ya es hora de plantearse el traspaso de titularidad de las redes de distribución a las comunidades locales a las que sirven, y dejar que su gestión se realice a través de operadores que no tengan intereses ni en la generación ni en la distribución.
