El Tribunal Supremo de Holanda ha dado la razón a Urgenda en esta decisión final de litigio climático. El caso nació hace ya casi siete años, en 2013, cuando esta organización no gubernamental demandó al Gobierno holandés por considerar que tenía el deber de actuar con mayor ambición a la hora de adoptar medidas para mitigar el cambio climático. La Constitución holandesa estipula en su Capítulo I sobre los Derechos Fundamentales (artículo 21) la responsabilidad del Gobierno de “mantener el país habitable” y proteger y mejorar el medio ambiente, un argumento legal que Urgenda ha esgrimido en este caso. En junio de 2015, una primera sentencia daba la razón a la oenegé. El Gobierno holandés presentó entonces recurso y, en octubre del año pasado, los tribunales le dieron la razón de nuevo a Urgenda en un fallo que los expertos consideran histórico. Los tribunales establecían en las sentencias de 2015 y 2018 la responsabilidad del gobierno de recortar en un 25% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2020 respecto a las emisiones de 1990. Los jueces argumentaron que los gobiernos tenían la obligación de proteger a sus ciudadanos.
Tras más de un quinquenio de enfrentamiento legal, y en vísperas de la simbólica fecha 2020, el Tribunal Supremo de Holanda ha vuelto a darle la razón a Urgenda en esta decisión final de litigio climático y confirma que el gobierno holandés debe tomar medidas más ambiciosas para recortar las emisiones de CO2 sobre la base del respeto a los Derechos Humanos.
Mary Robinson, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (y actual presidenta de Irlanda): "después de la Cumbre Mundial del Clima que ha tenido lugar en Madrid, la urgencia de incrementar nuestros esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero puede no estar clara. Pero estamos ante un riesgo real de fallar en la materialización de los compromisos que hemos adquirido en el marco del Acuerdo de París y de desatar sufrimientos indecibles para la humanidad. Esta sentencia salida del Tribunal Supremo de Holanda afirma que los gobiernos tienen la obligación legal, así como moral, de incrementar significativamente su ambición en materia de lucha contra el cambio climático. Nuestros derechos humanos dependen de ello"
El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, entidad acreditada ante la Asamblea del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, califica la sentencia de histórica: "se trata del primer caso de litigio climático en un país de la Unión Europea, y es paradigmático, porque es el primero en el que la ciudadanía de un país demandó a su Gobierno por considerar que tenía el deber de actuar con mayor ambición a la hora de adoptar medidas para mitigar el cambio climático". Desde el Instituto reconocen que la sentencia no sienta un precedente judicial para España, pero insisten en que su importancia es crucial, "ya que abre la puerta al reconocimiento y legitimidad para que los tribunales obliguen a los gobiernos a proteger el medio ambiente y a aplicar las normas vigentes".
David R. Boyd, relator especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente: "esta es la decisión climática salida de los tribunales más importante de la historia, y confirma que los derechos humanos están amenazados por la emergencia climática y que las naciones sensatas están legalmente obligadas a lograr reducciones sustanciales de emisiones rápidamente. Esta es una gran victoria para millones de seres humanos vulnerables a los devastadores impactos de la crisis climática y un oportuno clavo en el ataúd de la industria de los combustibles fósiles"
Ana Barreira, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente: "España no recoge el derecho a un medio ambiente adecuado entre los derechos fundamentales de la Constitución, sino que este derecho figura en el artículo 45, entre los Principios rectores de la política social y económica, con un nivel de protección bajo respecto al nivel de protección de los derechos fundamentales. Quizás es hora de abordar este debate: ¿debería incluirse este derecho entre los Derechos Fundamentales que gozan de protección especial, con los que tiene una relación muy estrecha? Creemos que sí. Hay que tener en cuenta que en España se están comenzando a plantear nuevos casos de litigio ambiental con incidencia especial en los derechos humanos en los últimos años. En este sentido, el pasado verano, planteamos un caso contra la moratoria de Madrid Central por vulneración de derechos fundamentales, ya que los impactos de rebajar o retirar esta medida colisionan con derechos como el derecho a la integridad física o a la inviolabilidad del domicilio”
Como resultado de la decisión del Tribunal Supremo -explican desde Urgenda-, el Gobierno está obligado a tomar medidas adicionales para cerrar la brecha actualmente existente en el país (que solo ha reducido un 15% sus emisiones con respecto a las de 1990) y alcanzar una reducción del 25% de esas emisiones en 2020, lo que podría incluir -añaden desde la oenegé- el cierre de varias centrales térmicas de carbón que comenzaron a operar en los años 2015 y 2016.
Comunicado de Urgenda valorando la sentencia (en inglés)
Comunicado del Tribunal Supremo de Holanda (en inglés y holandés)
Vídeo explicativo del caso (en holandés, con subtítulos en inglés)
