Siemens y PwC han presentado esta mañana el informe ‘Claves e inversiones estratégicas para una España 5.0’, un detallado análisis sobre la situación actual de la economía española y los retos que tiene por delante el país para abordar un cambio de modelo productivo que fortalezca el tejido industrial, mejore la resiliencia de las infraestructuras y adapte el sector energético al proceso de digitalización.
En la presentación, que contó con la participación de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; y de los presidentes de Siemens y PwC, Miguel Ángel López y Gonzalo Sánchez, respectivamente, se anunciaron planes y actuaciones ambiciosas para conseguir elevar el peso del sector industrial al 18% del PIB y conseguir, en un plazo de diez años, que el 74% de la energía generada en España sea de origen renovable.
Oportunidad histórica
El estudio ahonda en la oportunidad histórica que España tiene ante sí para renovar su modelo productivo y hacerlo más resiliente y sostenible, gracias al impulso que supondrán los 140.000 millones de euros que la Unión Europea (UE) inyectará próximamente a través de los distintos mecanismos contemplados en el Plan de Recuperación y Resiliencia.
En total, nuestro país percibirá durante los próximos seis años 72.000 millones de euros en subvenciones no reembolsables y 68.000 millones de euros en créditos. Estos fondos, que equivalen al 11% del PIB, duplicarán los 39.900 millones de euros recibidos de los fondos de cohesión en el periodo 2014-2020. Se trata, por tanto, del mayor plan financiado hasta ahora por los presupuestos comunitarios −1,8 billones de euros para todo el conjunto de la UE−.
Estas magnitudes ofrecen una idea del impacto que ha causado la Covid-19 en la economía y del ingente reto que supondrá superarlo y salir reforzados de la compleja situación en la que se encuentra la mayoría de los países. Ante esta encrucijada, el informe de PwC y Siemens hace un profundo análisis del tejido productivo español, de las necesidades como país y de los cambios y actuaciones que deberían adoptarse para utilizar, de la forma más eficiente posible, los recursos de los que se va a disponer.
Todo ese plan de actuaciones e inversiones daría lugar a lo que el estudio denomina la España 5.0, un modelo de país más sostenible y centrado en las personas, basado en una industria más digital y competitiva y apoyado en el desarrollo de infraestructuras más inteligentes y eficientes.
Esta España 5.0 requeriría de nuevos modelos de negocio, una necesaria integración de diferentes tecnologías digitales y una apuesta decidida por la creación de ecosistemas colaborativos. Una simbiosis que permitiría crear nuevas soluciones a los retos actuales y alumbrar un futuro prometedor.
Impulso a la industria
En los últimos trimestres, la industria española ha sufrido de forma ostensible el impacto de la pandemia. En gran parte, debido a que el 99,4% del tejido productivo lo componen pymes y, de ellas, un 84% son microempresas. Esta realidad ha hecho que la contribución del sector al PIB se haya alejado en los últimos años del 20% marcado hace unos años por el Horizonte 2020. Además, este tipo de empresas tan pequeñas son también más vulnerables a las amenazas que implica una sociedad hiperconectada como la actual, con constantes adaptaciones a las cambiantes necesidades.
Hay que tener en cuenta, además, que el uso masivo de dispositivos móviles, la computación en la nube (Cloud y Edge Computing), la inteligencia artificial (IA), el Internet de las cosas (IoT), la robótica, la realidad aumentada, la impresión 3D, los drones, el 5G o el gemelo digital, por citar algunas de las nuevas tecnologías, se han convertido en realidades cada vez más habituales que han transformado radicalmente toda la cadena de valor del proceso productivo.
A este contexto hay que añadir que la economía española no recuperará los niveles previos a la crisis hasta, como mínimo, mediados de 2023, según varias estimaciones. Por ello, reindustrializar el país, a juicio de los expertos que han elaborado el informe, contribuiría a aumentar el peso y relevancia de un sector económico que es menos volátil y dependiente del turismo, y también garantizaría el suministro local de bienes y servicios imprescindibles en situaciones críticas, como la reciente pandemia, al contar con un tejido industrial más flexible y capaz de producirlos.
Colaboración público-privada
Una de las principales actuaciones que el informe recomienda es establecer cuanto antes una estrategia clara entre las administraciones públicas y las empresas privadas para mantener el liderazgo de los sectores industriales en los que España es líder.
Por todo ello, el estudio invita a crear un marco normativo estable que fomente la eficiencia energética en las industrias electro-intensivas; a establecer incentivos claros a la adquisición de nueva tecnología; a ayudar a las pymes a crecer y digitalizarse −siempre con los mayores estándares de ciberseguridad−, y a impulsar la colaboración público-privada para fomentar la capacitación digital de los profesionales y conseguir atraer talento digital.
Este punto, señalan, es clave, ya que el upskilling profesional masivo de la fuerza laboral podría inducir un aumento de la riqueza equivalente al 6,7% del PIB en 2030 y generar, adicionalmente, 220.000 nuevos empleos.
En este sentido, el presidente de Siemens España, Miguel Ángel López, señaló durante la presentación que, lejos de lo que se pueda pensar, “la digitalización no sustituye a las personas, sino que cambia su rol y las libera de realizar tareas mecánicas".
Por su parte, Gonzalo Sánchez, presidente de PwC España, resaltó la importancia de “apostar de forma decidida por la digitalización, especialmente en las pymes, que constituyen el grueso de nuestra realidad económica y que pueden aprovechar esta oportunidad para ganar masa crítica y afrontar los retos de nuestra economía”.
En estos momentos, la industria española adolece de un bajo consumo de bienes de equipo y maquinaria, sufre por un elevado coste energético, padece bajas tasas de inversión en I+D+i, y carece del necesario alineamiento con el sector educativo. Es necesario, por ello, que se acentúe la participación en industrias de más valor y claro potencial, como la producción de hidrógeno de origen renovable o el desarrollo de servicios Cloud, por poner un par de ejemplos, y minimizar así la excesiva dependencia de proveedores externos, como ocurre hasta ahora.
La ejecución de estos planes aceleraría la transformación tecnológica y digital de la industria española y permitiría un crecimiento económico más sostenible, basado en la productividad del trabajo, la eficiencia y el conocimiento. La industria manufacturera mejoraría notablemente su competitividad internacional, gracias al despliegue del IoT, la robótica, el Smart Data o 5G, convirtiéndose en una industria más inteligente, puntera, innovadora, sostenible y con una menor huella ambiental.
Esta nueva ‘industria 5.0’ mantendría de la anterior 4.0 la hiper conectividad, que permite llevar el dato de los sensores hasta el algoritmo de computación en la nube o en la capa Edge, donde las herramientas de predicción anticipan y permiten la toma de decisiones. Además, esta comunicación inmediata entre las máquinas y la nube se haría más sencilla, gracias al desarrollo del 5G industrial, el nuevo estándar de comunicación cien veces más rápido.
El impacto del 5G en los sectores industriales clave podría llegar a alcanzar el 0,3% del PIB en 2025 y el 1% en 2030. En definitiva, la consolidación de una industria más digital permitiría a España ser más competitiva, flexible y adaptable a los cambios, además de mejorar la seguridad y estabilidad de sus trabajadores.
Electrificación, eficiencia y autoconsumo
Estas medidas podrían tener un impacto del 0,11% del PIB español en 2025, y del 0,36% en 2030 (alrededor de 1.300 y 4.500 millones de euros, respectivamente), aumentando la participación de la industria del 16% al 18% del PIB a finales de la próxima década.
En cuanto al impacto que este plan de actuaciones tendría en el ámbito de las infraestructuras (desde los edificios inteligentes, a las nuevas soluciones de movilidad, electrificación o autoconsumo), el estudio señala que se impone en estos momentos la necesidad de avanzar hacia la monitorización y gestión remota de elementos como la climatización, la iluminación, el aforo o la seguridad, especialmente en infraestructuras críticas como hospitales, aeropuertos o centros de datos.
Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los edificios son responsables de cerca del 36% del consumo energético mundial y del 39% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello, el autoconsumo y la eficiencia energética se configuran como elementos fundamentales para la descarbonización de la economía.
Los autores del informe indican que a comienzos de la década de los 2000, el parque de infraestructuras era muy moderno pero, en los últimos años, debido al menor esfuerzo en nueva dotación y renovación de infraestructuras, la situación ha cambiado. Como consecuencia, la gestión activa e inteligente de estas infraestructuras en términos de control y monitorización o eficiencia energética es muy limitada. Con la adecuada inversión se optimizaría el consumo de recursos y mejoraría la gestión de las redes a través, por ejemplo, de las Smart Grids.
Los edificios de la España 5.0 serían prosumidores de energía, mucho más activos y con potestad para generar electricidad, usarla, venderla, almacenarla o distribuirla a las redes inteligentes, formando así un ecosistema integrado.
Según el estudio de PwC y Siemens, hay que tener muy presente, en cada decisión estratégica que se adopte, que el mundo va a necesitar en el futuro generar 2,5 veces más electricidad de la que consume hoy para calentar edificios, mover vehículos o alimentar procesos industriales. Por ello, es imprescindible apostar de forma contundente por las fuentes renovables, que son las únicas que garantizarían la sostenibilidad, junto con una adecuada estrategia de almacenamiento conectado a la red para aumentar su fiabilidad.
Una nueva cultura de movilidad
En este sentido, juega un papel determinante el reto de afrontar de forma ambiciosa el desarrollo e implementación de la movilidad eléctrica. Y es que la disrupción del e-car y el desarrollo de los nuevos esquemas ‘as a service’ están revolucionando la industria de la automoción. Según los expertos de PwC, en el ámbito del transporte hay tres importantes carencias: una insuficiente infraestructura de recarga, serios problemas administrativos para desarrollar esa red de forma coherente y una baja percepción del riesgo cibernético.
Por ello, el informe ‘Claves e inversiones estratégicas para una España 5.0’ propone que se aprovechen los espacios públicos (parkings, centros comerciales) para extender la red y fomentar una nueva cultura de movilidad más compartida, apoyada en cargas nocturnas y con un mayor intercambio de energía. A su juicio, aunque el vehículo eléctrico se presente como la principal solución para la descarbonización a corto plazo, también podría hibridarse en el largo con el hidrógeno (H2), cuando su producción verde a gran escala sea viable y los costes de fabricación de los vehículos de H2 sean menores.
En este sentido, el informe destaca el potencial del H2 que, pese a no ser una fuente primaria de energía, como lo pueden ser el sol o el viento, sí es un vector energético clave al ser capaz de almacenar energía para que pueda ser liberada de forma gradual cuando sea necesario, por lo que juega un papel clave en el desarrollo del almacenamiento a gran escala de excedentes renovables.
España debe avanzar también en reducir la congestión urbana; fomentar una mayor utilización de formas limpias de transporte −como el ferrocarril o la movilidad eléctrica compartida−o potenciar la intermodalidad, tanto en el transporte de mercancías como de viajeros. El transporte por carretera representa un tercio del consumo de la energía final en España, debido especialmente a la antigüedad del parque móvil y el uso extendido del vehículo privado.
Todos estos cambios suponen una profunda transformación de la realidad actual, ya que la batería supone un 40% del total del valor añadido del vehículo eléctrico. La situación de partida es manifiestamente mejorable, ya que los vehículos eléctricos representan en la actualidad tan solo el 0,2% del parque automovilístico total. Pero la consolidación de los nuevos hábitos facilitará que en 2030 circulen en España unos cinco millones de vehículos eléctricos (el 20% del parque total).
En este sentido, el Gobierno ha anunciado recientemente cambios drásticos y ambiciosos planes para alcanzar los 50.000 puntos de recarga en 2023. Países como China llevan mucha ventaja y ya se han comprometido, por ejemplo, a que en 2035 el 50% de las matriculaciones sean de vehículos eléctricos.