Su denuncia, presentada con el apoyo de la Red Mundial de Acción Legal (GLAN), se centra en la creciente amenaza que el cambio climático supone para sus vidas y para su bienestar físico y mental. De prosperar, los países demandados estarían obligados legalmente no sólo a aumentar la reducción de las emisiones, sino también a hacer frente a las contribuciones del extranjero al cambio climático, incluidas las de sus empresas multinacionales.
André Oliveira, uno de los jóvenes solicitantes involucrados, dijo: "Me da mucha esperanza saber que los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconocen la urgencia de nuestro caso. Pero lo que más me gustaría es que los gobiernos europeos hicieran inmediatamente lo que los científicos dicen que es necesario para proteger nuestro futuro. Hasta que lo hagan, seguiremos luchando con más determinación que nunca".
En una lista de preguntas enviada por el Tribunal a las partes, se preguntaba si se estaba violando el derecho de los jóvenes solicitantes en virtud del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El artículo 3 establece: "Nadie será sometido a tortura o a tratos o penas inhumanos o degradantes". Esto indica que el Tribunal cree que los impactos climáticos que los jóvenes portugueses enfrentan son tan severos que se puede decir que su derecho bajo este artículo está siendo violado.
"Estos valientes jóvenes han superado un importante obstáculo en su búsqueda de una sentencia que obligue a los gobiernos europeos a acelerar sus esfuerzos de mitigación del clima. La sentencia llega sólo unas semanas antes de la decisión de la UE sobre su objetivo de emisiones para 2030. Para que los Estados miembros de la UE cumplan sus obligaciones con los jóvenes solicitantes y, de hecho, con un sinnúmero de otros, hace falta una reducción del 65% (de las emisiones) para 2030", ha declarado Gerry Liston, Oficial Jurídico de GLAN.
Los países demandados están obligados a responder al caso de los jóvenes solicitantes a finales de febrero, a menos que se llegue a un "acuerdo amistoso". Los jóvenes solicitantes, sus abogados y sus expertos tendrán entonces que responder a las defensas de 33 países. Una campaña internacional de financiación colectiva coordinada por GLAN está buscando fondos para apoyar este importante esfuerzo.
Portugal, uno de los países más amenazados
El caso se presentó el pasado 3 de septiembre, después de que Portugal registrara el mes de julio más caluroso en noventa años. Un informe de expertos preparado para el caso por Climate Analytics describe a Portugal como un "punto caliente" del cambio climático, indicando que el país está destinado a soportar los extremos de calor cada vez más mortíferos.
Cuatro de los jóvenes solicitantes viven en Leiria, una de las regiones más afectadas por los devastadores incendios forestales que mataron a más de 120 personas en 2017. Los dos solicitantes restantes residen en Lisboa, donde, durante una ola de calor en agosto de 2018 se estableció un nuevo récord de temperatura de 44⁰C.
Dado que la gran mayoría de los casos presentados ante el tribunal de Estrasburgo no llegan a esta fase, esta decisión marca un importante paso hacia un posible fallo histórico sobre el cambio climático. En otra medida significativa, el Tribunal concedió prioridad a la denuncia sobre la base de la "importancia y urgencia de las cuestiones planteadas".
Los países demandados
Son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Croacia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Rusia, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania.
El caso se centra en cómo contribuyen los Estados a las emisiones mundiales tanto dentro como fuera de sus fronteras. En lo que respecta a las emisiones liberadas en casa, se señala que los esfuerzos de reducción de los gobiernos europeos son demasiado débiles y no están en línea con lo que la ciencia exige.
En cuanto a las emisiones liberadas fuera de sus fronteras, se argumenta que los Estados deben asumir la responsabilidad de las emisiones relacionadas con: 1) los combustibles fósiles que exportan, 2) la producción de bienes que importan del extranjero y 3) las actividades en el extranjero de las multinacionales con sede en sus jurisdicciones.
