La adopción del Acuerdo de París en 2015, y su entrada en vigor en la UE y España años después (2016 y 2017), ha supuesto un impulso decisivo del nivel de ambición europea con un claro objetivo: convertir Europa en un continente descarbonizado, climáticamente neutro y resiliente en 2050. La adopción del Pacto Verde Europeo en 2019 y la Ley europea del clima en 2021 han sido el inicio de toda una transformación y actualización del paquete normativo y de políticas de energía y clima en la UE, que ha desencadenado un claro incremento de la ambición climática y energética confirmado tras la aprobación del paquete legislativo de medidas Objetivo 55 (Fitfor55) el pasado octubre de 2023. El nuevo paquete Fitfor55 y sus objetivos reforzados a 2030 de reducción de emisiones (55%), despliegue de renovables (45%) y mejora de la eficiencia energética en la energía final (38%) van a desplegar todos sus efectos en el plano nacional de cada Estado miembro y, dentro de este, a nivel regional y local.
El reto de trasladar la ambición climática europea al contexto nacional y autonómico es particularmente interesante en España. La organización territorial de nuestro país y el reparto difuso de competencias en materia de medio ambiente, cambio climático y energía que atribuye la Constitución Española al Estado, las comunidades autónomas y los municipios, convierte a estos dos últimos en protagonistas clave para poder alcanzar la neutralidad climática en España antes de 2050. Este objetivo a largo plazo, recogido en la Ley estatal de cambio climático y transición energética, necesita de objetivos intermedios a medio plazo (horizonte 2030) que permitan ir transformando progresivamente nuestro modelo social y económico con la puesta en marcha de acciones y medidas concretas a nivel sectorial.
Ahora bien, la ambición de la acción climática y energética española está fuertemente determinada por el contexto y nivel de ambición pautado a nivel internacional y europeo, lo que ha llevado a España a revisar al alza y actualizar sus actuales objetivos de cambio climático y transición energética a 2030 en el marco del proceso de actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) para el periodo 2023–2030. El nuevo Pniec y sus objetivos reforzados todavía deben confirmarse una vez España envíe su texto final a la Comisión Europea antes del próximo 30 de junio.
En todo caso, no hay duda de que su aprobación va a suponer un punto de inflexión en el escenario regional en el que los avances en acción climática y energética van teniendo lugar, aunque no con la celeridad deseada. Desde 2018, la mayoría de las comunidades autónomas –excepto Castilla y León, La Rioja y Castilla La Mancha– han establecido, a distintos ritmos y niveles de ambición, sus hojas de ruta para alcanzar la neutralidad climática en sus territorios, asumiendo objetivos de reducción de emisiones, fomento de renovables y mejora de eficiencia energética a 2030 y, en ciertos casos, a 2050. No obstante, todavía hay retrasos significativos en la aprobación de la planificación estratégica a 2030 en regiones como Aragón, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, La Rioja, Castilla y León, Cantabria o Región de Murcia, entre otras.
Ahora, tras la aprobación del paquete Fitfor55 y el futuro Pniec 2023–2030 que pone sobre la mesa objetivos estatales más ambiciosos, las 17 autonomías deben revisar sus actuales objetivos y políticas y, en su caso, aumentar sus esfuerzos para asegurar que son coherentes con el nivel de ambición de la UE y España. Regiones pioneras como Galicia, País Vasco y Andalucía ya han comenzado a activar los mecanismos de revisión para aumentar sus esfuerzos. Ahora solo queda esperar a que el futuro Pniec se apruebe y observar cómo responde cada región, sin desatender la importancia que en este reto juega contar con una buena colaboración y cooperación interadministrativa entre el Estado y las 17 administraciones autonómicas que, a día de hoy, todavía debe reforzarse.
