Curiosamente ni en el preámbulo ni el texto hay referencia alguna al medio ambiente. Tampoco sirvió inmediatamente al desarrollo de las renovables, prácticamente limitadas entonces a la minihidráulica. No había desarrollos entonces de eólica o fotovoltaica y la biomasa se utilizaba en su aspecto térmico esencialmente. Si sirvió para el desarrollo de la cogeneración con gas, en aquellas industrias, sobre todo la papelera a la que vino a poner remedio a su crisis, y las que necesitaban calor para sus productos finales. Hubo instalaciones que necesitaron poco mas de un año para recuperar la inversión.
Así nace el sector de la producción independiente, que realiza actuaciones en recuperación de pequeñas centrales hidroeléctricas que habían sido abandonadas (abandonos que pueden volver a suceder) y en construcción de nuevos aprovechamientos. A los minicentraleros, todos miembros de un tejido de pymes, no se nos tomaba mucho en cuenta porque nuestra aportación se consideraba escasa al sistema eléctrico, dominado ya por grandes instalaciones de combustibles fósiles y nucleares, era capaz de abastecer la demanda. Así se fue desarrollando un sector dentro de una política de Estado (UCD, PSOE Y PP) solo rota por primera vez por el Gobierno Zapatero y rematada por el Gobierno Rajoy, que ignorante de las actuaciones de sus antecesores, culpaba al Gobierno de Zapatero de las primas a las renovables.
En 1.994, Carlos Robles Piquer, Eurodiputado entonces, promovió junto con Políticos y Sociedad Civil, la declaración de Madrid, en la que se pedía a la Unión Europea, que estableciera una obligación de generación de electricidad con fuentes de energía renovable de un 15% (no me equivoco, de un 15%). Ello dio origen a Libro Blanco y posteriormente a la Directiva que aprobó para los países miembros una media del 12% (tres puntos menos de lo que se solicitó por la iniciativa de Carlos Robles, con el apoyo de Abel Matutes, entonces comisario de Energía de la UE). Ese 12% coincidía con el objetivo para España que posteriormente recogió la Ley 54/97 del Sector Eléctrico para el año 2010 (objetivo no cumplido, por cierto) debido a demasiados palos en las ruedas y arenas en los engranajes, de aquellos, afortunadamente hoy reconvertidos, que temían perder el oligopolio de la generación eléctrica, todo ello consentido por unas administraciones, mas promotoras de burocracia y amparadas en la misma (no han cambiado), con pocos medios humanos para tanta tarea (sigue el mismo problema actualmente) y desde luego muy por detrás de la iniciativa privada.
Hasta la Ley 54/97 promovida por el Gobierno Aznar, con Piqué de Ministro y Nemesio Fernández-Cuesta, Secretario de Estado y verdadero impulsor de la misma (entérense señores del PP), tanto la eólica como fotovoltaica, se puede decir que estaban en pañales. Una de las barreras al desarrollo de todas, se centraba en la poca firmeza de su retribución, regulada en Decretos y Ordenes Ministeriales cuyo horizonte era muy corto en relación con los largos períodos de retorno de las inversiones necesarias. La producción de una central era previsible en el largo plazo y España tenía fabricantes de turbinas y alternadores a la vanguardia de tecnologías y con calidades excepcionales, que les situaba en lugares privilegiados para exportar a todo el mundo. Teníamos potencial de crecimiento y capacidad hidráulica, nos faltaba el desarrollo eólico, al que contribuyó de forma muy notable Esteban Morrás, CEO de la entonces EHN (hoy Acciona) que trajo a Navarra a Vestas como socio tecnológico de Gamesa, para crear en España una industria eólica. En fotovoltaica, el profesor Antonio Luque, autoridad mundial en esta tecnología, fundó Isofotón, empresa fabricante que pudo ser locomotora del posterior desarrollo de esta tecnología.
El aspecto mas positivo de la Ley, además de incluir un título específico para la producción del llamado Régimen Especial, fue el de establecer un complemento a los precios del naciente mercado eléctrico, para compensar parcialmente las externalidades que no imputaban en sus precios las energías fósiles. No supimos encontrar otra denominación mejor a las que se conocen como primas. En aquellos años eran aproximadamente 4 pesetas y un estudio realizado (por cierto nunca ha visto a luz) por IDAE, cuya iniciativa fue de APPA, le atribuía al carbón alrededor de 26 ptas. (El mercado capado, en la terminología actual, por los Costes de Transición a la Competencia (los CTCs) fijaba el precio de generación alrededor de las 6 pesetas. El precio que debía alcanzar la retribución de las renovables debería alcanzar una banda comprendida entre el 80 y el 90% del precio medio de venta del kilovatio hora en el mercado. Por lo tanto quedaba claro que las renovables en su retribución estarían dispuestas a seguir el precio final para el consumidor.
Como recogía el estudio económico de la Ley, las mal llamadas primas, eran solo una parte del coste evitable que eran causa de la generación con las renovables. Entérense todos de una vez, que las primas no son un invento del Presidente Zapatero. Esto permitió, que preestablecida una producción y un precio, los financiadores, hasta entonces muy tímidos en la financiación de las instalaciones, a no ser con garantías personales o con poderosos balances, pudieran financiar las grandes inversiones requeridas para estos proyectos. Todo ello fue el inicio del camino del éxito de las renovables.
