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Hablar de 2020 como el año récord en la puesta en marcha de nueva potencia fotovoltaica y eólica en nuestro país entraría dentro de la lógica, así como que se ha demostrado que las subastas de 2017 estaban mal diseñadas, al menos en tecnologías como la eólica que necesitan partir de proyectos maduros. Pero, creo que sería perder de vista el análisis de los grandes retos que tenemos por delante. Es un artículo de Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables.
¡Qué buena pinta tiene el 2050!

Este año, a causa de la pandemia global creada por la Covid 19, estamos viviendo la respuesta a un proceso de stop&go de la economía, motivada por las medidas de restricción de movilidad y de confinamiento impuestas para reducir la evolución de los contagios y, aunque es difícil aislar el fenómeno energético de la tragedia que estamos sufriendo, podemos sacar enseñanzas: desde cómo los comportamientos de la demanda de energía recuperan rápidamente las sendas pérdidas, lo que demuestra que cualquier política energética necesita actuaciones constantes y disponer de alternativas en lo que respecta a la erradicación del consumo de combustibles, hasta la dificultad para mantener posicionamientos en la lucha contra el cambio climático por parte de las diferentes fuerzas políticas.

Siempre se ha dicho que las crisis son una oportunidad para reactivarse con nuevas ideas que modifiquen lo establecido y la aprobación del compromiso de reactivación económica con el fondo Next Generation EU, debe permitir un fuerte empuje en la apuesta por inversiones energéticas sostenibles. Estos fondos van a ser un plus a los Presupuestos Generales del Estado, en los que también se deberían incluir un cambio en la definición de los gastos e ingresos más acorde con una política fiscal verde, en línea con el resto de los países de nuestro entorno. Desgraciadamente, la política presupuestaria vuelve a olvidarse de la necesidad de una política fiscal consecuente con los retos medioambientales y, en muchos casos, ya lo hemos asumido. De hecho, la inclusión, aunque fuera de forma tímida, de la reducción de 3,8 cent €/L de las bonificaciones fiscales al diésel desapareció en los primeros envites de las negociaciones, convirtiéndose en una carta de cambio para conseguir o no los apoyos necesarios para su aprobación.

Teníamos fundadas esperanzas en el año 2020 en base a los compromisos que el Gobierno de España iba desgranando. El objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) del 42% de cobertura de la demanda final de energía a nivel nacional, la aprobación del Real Decreto 244/2019 a favor del autoconsumo o la modificación del diseño de las subastas de nueva potencia, han supuesto un reencuentro con una apuesta energética diferente.

Nuestra esperanza era que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, como prometió el Gobierno a principios de año y hoy todavía varada en trámite parlamentario tras el aluvión de enmiendas, asumiera el papel de ley paraguas. Desgraciadamente, el borrador presentado en junio, junto con las manifestaciones de los partidos que configuran la mayoría de gobierno en nuestros país, han definido un proyecto de Ley que no reúne la ambición en objetivos de emisiones, asumiendo para 2030 el mismo objetivo que teníamos para 2020. Además, no posee el alcance y el desarrollo de los contenidos necesarios: no figuran ni el desarrollo urbano, ni la apuesta por las renovables en general, ni la política fiscal como instrumento, ni en mandatar al gobierno para que elabore una propuesta de adaptación del marco legal actual, que ha demostrado que es incapaz e insuficiente para que España pueda estar dentro de la senda en la que están el resto de los países de la Unión Europea.

Me gustaría ser positivo, destacando que el futuro energético que nos ha dibujado el gobierno para 2050 en los diferentes documentos estratégicos elaborados resulta esperanzador, no solo  por la profusión de estos, sino, también, porque con los objetivos y las políticas planteadas esbozan los deseos de tener una economía descarbonizada para ese año.

Así lo proponen el PNIEC (enero); el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021/2030 (mayo); la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050 (julio), el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (julio); la Estrategia Nacional de Autoconsumo (julio), la Estrategia de Infraestructura Verde (octubre), el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (octubre), la Hoja de Ruta del Hidrógeno (noviembre), la Estrategia de Almacenamiento Energético (noviembre)…

Pero, desgraciadamente, el esfuerzo en la elaboración de estrategias de futuro no se ha visto reflejado en la resolución de las cosas del día a día, las que nos permitirían arrancar, y entre las que podríamos citar: la apuesta, desarrollo y simplificación administrativa del autoconsumo; la reforma del sistema eléctrico para poder apostar decididamente por la electricidad, el disponer de señales de precio de la energía final transparentes y consecuentes con los costes que los originan, la apuesta por la rehabilitación energética y la bomba de calor desde una actuación cercana y no postpuesta, la facilidad en la incorporación del vehículo eléctrico y de sistemas de carga en nuestro entorno más cercano, la implantación de medidas de información ciudadana para el fomento del consumo responsable y la erradicación de los combustibles fósiles, la apuesta por una fiscalidad activa que dé apoyo a mejores prácticas y penalice a las no responsables, etc. En definitiva, que, además de diseñar e imaginar el sueño de cómo debe ser el futuro, hubiéramos avanzado en la resolución de los numerosos problemas del presente.

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