Economics for Energy (EfE) afirma en este nuevo análisis que, como dejó claro en su informe sobre pobreza energética, el bono social no vale demasiado como herramienta para luchar contra este problema. De manera que da la bienvenida a la iniciativa del Gobierno de modificarlo con el nuevo Real Decreto Ley y en el que se plantea la definición del consumidor vulnerable.
Pero matiza que como también ha señalado en otras ocasiones, “este consumidor vulnerable no coincide con las categorías del actual bono social, y por tanto confiamos en que, en el desarrollo reglamentario del RDL se tenga esto en cuenta y se identifique adecuadamente esta categoría”.
Situación actual
Ahora mismo pueden acogerse al bono social las personas físicas con potencia contratada inferior a 3 kW, los pensionistas que perciban pensión mínima, las familias numerosas, y las familias con todos sus miembros en paro.
De acuerdo con el informe de noviembre pasado de la CNMC, se acogen al bono social 2,5 millones de hogares.
Economics for Energy ha identificado como hogares en riesgo de pobreza energética 1,8 millones. Esto podría verse como un indicador de que el bono cubre bien a los hogares en riesgo; pero también podría interpretarse como que el bono realmente está apoyando a mucha gente que no lo necesita, y en cambio quizás no apoya a los que sí les hace falta.
El centro de investigación indica al respecto que es interesante cruzar la población que se acoge al bono con la que se identifica como vulnerable, porque no tiene por qué coincidir. “Recordemos que nosotros en nuestro informe identificábamos como consumidores vulnerables a la pobreza energética a las familias numerosas con bajos ingresos. El hecho de que el sustentador principal estuviera en paro también influía, aunque en menor medida. En cambio, la presencia de mayores de 65 años iba en sentido contrario, reduciendo la vulnerabilidad. El nivel de consumo resultaba poco significativo”.
“UN bajo consumo –explica el autor del informe– puede venir de hogares con pocos miembros (pensemos en una pareja sin hijos dependientes, gente que vive sola, etc.), sin que esto suponga que tengan rentas bajas (a veces todo lo contrario, sobre todo en términos equivalentes). En cuanto a las familias numerosas, destaca que si bien el bono social sí incluye a las familias numerosas de bajos ingresos, el problema es que también incluye a muchas otras familias numerosas que no lo necesitan. La estimación de EfE es que un 40% de las familias numerosas seguramente no requieran ayudas.
Cómo proteger de verdad a los consumidores vulnerables
Así, la ong concluye que el principal colectivo que se beneficia del bono social (1,8 millones de viviendas con potencia contratada inferior a 3 kW) no tiene por qué estar en riesgo de pobreza energética. “Más bien todo indica que sea lo contrario”, puntualiza Pedro LInares.
El siguiente colectivo en importancia, los pensionistas con pensión mínima, tampoco necesariamente, porque depende de la configuración total del hogar en el que viven. Y según la Encuesta de Presupuestos Familiares 2015, los mayores de 65 viven predominantemente en hogares de renta alta.
“Los hogares con todos los miembros en paro son los únicos que claramente se sitúan en zona de vulnerabilidad”, asegura la ong. Sin embargo, son los que menos se acogen al bono (70.000 hogares de un total de 2,5 millones), “quizá porque el bono hay que solicitarlo, y quizá los hogares más vulnerables sean los que tengan menos información para hacerlo.
Entonces, ¿qué debería tener en cuenta el Gobierno a la hora de definir la categoría de consumidor vulnerable? EfE dice que sería necesario, como mínimo, incluir una medida de renta (algo que se solicitó en 2013, y que también apoya el Defensor del Pueblo), y además considerarla como criterio principal.
Es lo que hace la reciente Ley de reducción de la pobreza energética de Aragón (un claro ejemplo a seguir a escala nacional, según la ong), o el bono social de Cádiz (que además incluye un elemento de formación, muy importante). “Sólo con eso ya lograríamos mejorar mucho la correlación entre vulnerabilidad y beneficiarios del bono social”, agrega
Otros elementos a incluir
Para que el bono social proteja de verdad a los consumidores vulnerables faltaría arreglar otras cuestiones que no se incluyen en el RDL. En primer lugar, señala EfE, extenderlo a otros combustibles: “El bono social sólo cubre el consumo eléctrico, que es aproximadamente el 60% del consumo energético de los hogares. Claramente habría que ampliarlo al menos al gas (como en Italia)”.
En segundo lugar, aunque EfE considera que es un avance que el bono se articule como un descuento variable de la tarifa (porque el descuento fijo del 25% podía ser excesivo para algunos, e insuficiente para otros), sería mucho mejor que se computara como una cantidad a tanto alzado, en función de las necesidades energéticas básicas de la familia (como se plantea en Cádiz por ejemplo), de forma que la señal de precio siga activa para fomentar el ahorro.
En cuanto a la prohibición de corte, la ong incide en que “es una medida que puede venir bien a las familias que lo necesitan (los vulnerables severos), y además que tiene mucho impacto popular. Pero reflexionemos un poco: si financiamos a estas familias el total de su consumo energético básico a través de un bono social reformulado, es decir, si ya tienen dinero para pagar su consumo, las empresas no tendrán que cortar, ¿no? ¿Para qué necesitamos entonces una medida tan compleja burocráticamente como es la prohibición de corte?”
El autor del informe cree, además, que si la ley está mal formulada, como en su opinión ocurre con la actual ley catalana, “entonces lo que hace es incentivar a todos, no sólo a los vulnerables, a no pagar, porque mientras pasa el tiempo y se atascan los procesos de comunicación entre empresas y administraciones, los listillos se pueden ahorrar una pasta”.
Por último, sobre la financiación, EfE indica que “esto es un problema de justicia social (igual de importante al menos que la compensación a los sistemas extrapeninsulares). Por tanto, ¿no es más lógico que lo paguemos los contribuyentes en lugar de los consumidores eléctricos únicamente? Porque, reconozcámoslo, lo de que lo paguen las empresas es una falacia que no sé por qué algunos siguen creyendo”, concluye Pedro Linares.
