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Más de 20 patronales del sector de las renovables, contra la reforma energética de Soria

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Hacía tiempo que el sector no presentaba una imagen tan compacta. Prácticamente todas las asociaciones empresariales del ámbito de las energías renovables –más de veinte– han hecho público un manifiesto en el que critican duramente el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética que alumbrara hace unas semanas el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. En el comunicado conjunto, los firmantes aseguran que ese proyecto, si se aprueba tal y como está, "puede convertirse en la norma que acabe definitivamente con los sectores de generación eléctrica de las energías renovables". Curiosamente, no firman el escrito ni la gran patronal eólica (AEE), ni la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (Apecyl). Castilla y León es la comunidad autónoma española en la que hay instalados más megavatios eólicos.
Más de 20 patronales del sector de las renovables, contra la reforma energética de Soria

El Proyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, iniciativa que presentara hace unas semanas el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, incluye como medida estrella una tasa del 6% (la Tasa Soria) "a aplicar a los ingresos obtenidos por cada una de las instalaciones de producción de energía eléctrica". Es decir, que, si la Tasa Soria logra el visto bueno definitivo del parlamento, en España dará lo mismo generar un kilovatio eléctrico quemando gas libio o catarí que generarlo al sol de La Mancha o con el cierzo de Aragón. ¿Conclusión? La máxima "quien contamina paga" pierde su condición de tal (su condición de máxima) y, a partir de ahora (a partir del momento en el que se apruebe esa Tasa, si ha lugar), todos los kilovatios pagarán el mismo 6%, es decir, que igual dará generar un kilovatio termosolar en Sevilla con tecnología española "made in Abengoa" que producir un kilovatio nuclear de residuos milenarios con el reactor norteamericano Westinghouse que tiene la central de Almaraz.

El Partido Popular de Galicia
El caso es que todas las asociaciones patronales del sector de las energías renovables, las cinco grandes organizaciones ecologistas de España, el sindicato Comisiones Obreras, el grupo parlamentario Izquierda Plural y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo –entre otros actores políticos, económicos y sociales del país– se han alzado ya contra esa propuesta, que el ejecutivo puso sobre la mesa so pretexto de combatir el déficit tarifario y que todos aseguran sin embargo solo tiene afán recaudatorio. Más aún, prácticamente no hay actor en el escenario energético español que sostenga, como hace el gobierno, que esta reforma va a acabar con el déficit de tarifa. El mismo Núñez Feijóo, que ha salido muy fortalecido de las elecciones autonómicas gallegas, donde ha ampliado su mayoría absoluta, dejó claro hace unos días lo que opina sobre el particular: la reforma planteada por el ministro Soria –dijo– "carece de efecto alguno sobre el déficit estructural que se crea cada año y sobre el déficit histórico acumulado".

En detrimento de los productores, y a favor de los intermediarios: las comercializadoras
Por otro lado, la patronal de las renovables critica que “el esfuerzo económico del Proyecto de Ley recae, en mayor medida, en las empresas del régimen especial" (renovables). ¿Por qué? Pues, según APPA, porque el gobierno está gravando los ingresos y no los beneficios. Así, concluye la patronal de las renovables, los productores de régimen ordinario (nuclear, gas, carbón, petróleo...) trasladarán ese 6% a los consumidores finales, que serán los que, en última instancia, asumirán la Tasa Soria, "mientras que los productores del Régimen Especial [eólica, fotovoltaica, termosolar] no podrán hacerlo”, porque el propietario de una parcela de una huerta solar vende su electricidad a una comercializadora externa y las grandes eléctricas, Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa y compañía, propietarias de las centrales nucleares, térmicas de carbón, de gas... tienen sin embargo sus propias comercializadoras. ¿Conclusión? Mientras que las tecnologías limpias no podrán colocarle ese 6% al consumidor, porque no venden directamente, las sucias sí podrán hacerlo.

Electricidad made in Catar
Las consecuencias son gravísimas, y van en muchas direcciones, según la patronal. Para empezar, el gobierno lastra el único sector energético netamente nacional (el sol, el viento) en favor de las tecnologías más sucias, todas las cuales son extranjeras y cada vez más costosas (el gas de Catar o Argelia; el petróleo de Libia o Nigeria). En otro orden de cosas, la nueva estratagema regulatoria del Gobierno Rajoy –viene a señalar APPA–, al colocar ese 38,3% en los PGE, convierte además a la prima (a una parte de la misma) en una subvención, obrando de ese modo "el milagro de la verdad que se resistía a serlo". A saber: el tópico tradicional –ese que dice que las renovables están muy subvencionadas– acabaría siendo verdad (al menos en un 38,3%) un lustro después de haber sido acuñado en los medios de comunicación adictos al gobierno. Y todo ello, "para hacer frente al problema más importante que tiene actualmente el sector eléctrico en España: lo que se conoce como déficit tarifario" (en esos términos presentó Soria su propuesta).

Asomando la patita del rescate de las eléctricas
La jugada es maestra. Uno: si ayer las renovables eran causantes del déficit de tarifa, mañana podremos añadirlas además a la lista de culpables del déficit público. Y dos: si hoy los bancos son los rescatados, mañana pueden serlo las eléctricas, pues si ya están las renovables en los PGE, ¿por qué no íbamos a "ayudar" también a las convencionales vía PGE o vía rescate UE? En el manifiesto difundido ayer, APPA y compañía señalan, por otro lado, que no existe ninguna razón por la que otros costes del sistema (costes extrapeninsulares e insulares, ayudas al carbón, pagos por capacidad…) sigan dentro de la tarifa eléctrica, mientras se saca de ahí al 38,3% de las primas: "con ello se señala al régimen especial como causante no sólo del déficit de tarifa, sino también del déficit general”, concluye APPA. La asociación, en definitiva, denuncia que el Proyecto de Ley del PP ni aborda la reducción de los costes del sistema eléctrico (uno de los causantes del déficit de tarifa), ni aborda el mal funcionamiento del mercado eléctrico (el gran culpable).

También la Comisión Europea
La tesis de que el mercado eléctrico –tal y como está actualmente organizado– es el gran culpable del déficit de tarifa no es exclusiva de esta veintena de asociaciones. Antes al contrario, es compartida por la inmensa mayoría de analistas del sector. Para empezar, la propia Comisión Europea publicó el pasado mes de mayo su "Evaluación del programa nacional de reforma y del programa de estabilidad de España para 2012", un documento que efectivamente evalúa las reformas emprendidas por Mariano Rajoy desde su llegada al poder y que, lógicamente, también repasa las medidas que, en materia de política energética, ha ido alumbrando el ejecutivo español. En ese documento, la CE no solo no considera responsables del déficit de tarifa a las renovables, sino que señala como responsables, y muy al contrario, a los "costes ocultos" en la tarifa y asimismo a las "compensaciones excesivas" que estarían beneficiando a las grandes eléctricas y engordando artificialmente el déficit tarifario (entre los costes ocultos estarían las subvenciones estatales que reciben las centrales termoeléctricas que queman gas o petróleo, por ejemplo).

Lo que oculta la tarifa
La "Evaluación..." –que critica también las "subvenciones ineficientes y perjudiciales para el medio ambiente concedidas a las minas de carbón" (más de 600 millones de euros este año)– se manifiesta particularmente dura cuando habla de los "costes ocultos" del sistema eléctrico. Entre ellos, estarían incluidos, este año 2012, unos 1.500 millones de euros en primas que recibe la cogeneración (sobre todo gas natural), otros 500 millones de euros que reciben la centrales térmicas que queman gas natural en concepto de "incentivo a la inversión", otros 200 millones de euros que reciben sobre todo las térmicas de gas natural en concepto de "pagos por capacidad" y otros 1.500 millones de euros que reciben las centrales térmicas canarias que queman gas natural o petróleo en concepto de "sobrecoste por generación extrapeninsular".

El caso canario
A pesar de todo ello, el gran culpable del déficit tarifario son las renovables –según el discurso oficial– y, por eso –parece ser– deben ser transferidas (en un 38,3%) a los PGE. Del absurdo, el caso canario es particularmente llamativo. Según el presidente de la patronal canaria de las renovables, Julián Monedero, “el espíritu de esta normativa es contradictorio con la situación energética de nuestro archipiélago, dado que la energía convencional contaminante está siendo subvencionada con un sobrecoste que supera los 1.000 millones de euros al año, cuando es mucho más barato producir con energías renovables en las islas". Con Monedero coincide la Universidad de La Laguna, que en 2009 elaboró un estudio –"Análisis de los sobrecostes de la energía del sistema energético de Canarias"– que demostraba que generar electricidad utilizando energía eólica en las islas costaba entonces ya la mitad que hacerlo con diésel o fuel oil. La diferencia, ahora, se ha incrementado, pues se ha incrementado el coste de esos combustibles fósiles.

Cuánto dinero durante cuántos años
El estudio de la Universidad de La Laguna, publicado en 2010, fue pronto suscrito por el gobierno canario. En abril de 2010, Energías Renovables entrevistaba, así, a Jorge Rodríguez Díaz, consejero de Empleo, Industria y Comercio del archipiélago. Pues bien, Rodríguez Díaz ya decía entonces –abril de 2010– que, “en las islas, es más rentable producir un kilovatio con energía eólica que con las centrales térmicas” (curiosamente, por cierto, en ese momento, abril de 2010, el hoy ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, era vicepresidente del gobierno canario, o sea, compañero de Rodríguez Díaz en el ejecutivo regional). El estudio de la Universidad de La Laguna citado también lo suscribe ahora la sucesora de Rodríguez Díaz, la socialista Margarita Isabel Ramos Quintana, consejera desde julio de 2011, cuando un pacto entre Coalición Canaria y el Partido Socialista apeó del ejecutivo autónomo al Partido Popular. Entrevistamos a Ramos Quintana hace un par de semanas y dijo exactamente lo mismo que Rodríguez Díaz.

PP-CC-PSOE
Para ser exactos, la actual consejera de Empleo, Industria y Comercio nos dijo que, en 2011, el coste de la producción de electricidad en Canarias con fuentes convencionales ha sido de 165 euros megavatio hora, mientras que producir con eólica cuesta 85 euros el megavatio hora: "son cantidades con las que trabaja el propio ministerio: cantidades suministradas por la Comisión Nacional de Energía [CNE] y por Red Eléctrica de España [REE]; estamos hablando de una financiación cuantificada por la CNE y suministrada por el operador del sistema, que es REE", nos insistía Ramos Quintana (véase página 27). ¿Conclusión? Producir en Canarias es, a priori, más caro que hacerlo en la península, por la singularidad del archipiélago. En España, el coste medio del megavatio hora ronda los 55-60 euros. La solución es pagar un "sobrecoste por generación extrapeninsular" de 25-30 euros (los que faltan desde los 55-60 hasta los 85) o pagar un "sobrecoste por generación extrapeninsular" de 105-110 euros (los que faltan desde los 55-60 hasta los 165).

Otra vuelta de tuerca a la retroactividad
Eso pasa hoy, pasó ayer, anteayer y hace tres años ya pasaba, según el informe de la Universidad de La Laguna. Pero, ni el anterior ejecutivo, cuyo último ministro de Energía fuera Miguel Sebastián, ni el actual, cuyo titular en Industria es el canario José Manuel Soria, han debido considerar prioritario ese ahorro. Es solo, en fin, otra más de las muchas historias "ocultas" relacionadas con la tarifa. Ayer, la Asociación de Productores de Energías Renovables de España, la patronal canaria del sector (Clúster Ricam) y otras veinte asociaciones empresariales difundieron un comunicado conjunto en el que dicen que "el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética (...) puede convertirse en la norma que acabe definitivamente con los sectores de generación eléctrica de las energías renovables acogidos al Régimen Especial si prosperan las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular", enmiendas que, en algún caso –según APPA y compañía–, incluso "incorporan medidas retroactivas sobre su retribución".

Las asociaciones firmantes del comunicado son:

· ACER – Asociación Canaria de Energías Renovables

· ACLUXEGA – Asociación Cluster da Xeotermia Galega

· AEA – Asociación de Promotores de Energía Eólica de Aragón

· AEBIG – Asociación Española del Biogás

· AEVERSU – Asociación Empresarial de Valorización de R.S.U.

· AGAEN – Cluster Galego do Autoconsumo Enerxético

· AIFOC – Asociación de Instaladores de Energía Solar Fotovoltaica sobre Cubierta

· APPA – Asociación de Productores de Energías Renovables

· APREAN – Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía

· AREMUR – Asociación Empresarial de Energías Renovables y Ahorro Energético de la Región de Murcia

· ASIT – Asociación Solar de la Industria Térmica

· AVAESEN – Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía

· AVEBIOM – Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa

· CLUSTER RICAM – Cluster Empresarial de las Energías Renovables, el Medio Ambiente y los Recursos Hídricos de Canarias

· DONOSTIA SUSTAPENA - Cluster de Energías Renovables y Eficiencia Energética de Donostialdea

· EGA – Asociación Eólica de Galicia

· EOLICCAT – Associació Eòlica de Catalunya

· PROBIOMASA – Unión por el Empleo, la Sostenibilidad y el Desarrollo Rural a partir de la valorización energética de las biomasas

· PROTERMOSOLAR – Asociación Española de la Industria Solar Termoeléctrica

· SOLARTYS – Asociación Española para la Internacionalización y la Innovación de las Empresas Solares

· URWATT – Asociación de Productores Hidroeléctricos de Guipúzcoa

· APROPELLETS – Asociación de Productores de Pellets de Madera

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I.Maule
No, no caigamos en la melancolía: Lo que está pasando no es sólo increible, es sencillamente intolerable, en este y en otros campos, como muy bien dice Soledad Gallego. Y tampoco este manifiesto es inútil. Si lo apoyamos y seguimos, al final ganaremos. ¿Por qué?, basta con asomarse a los Pirineos y mirar al otro lado, es decir, a lo que pasa en Europa y en el mundo en general. Al final caerán, Soria, Sebastián, y todos los que como ellos anteponen otros intereses al de España y los españoles. todosobreenergia.com
Mariano Sanz Moreno
Da igual este manifiesto que otros 300, mientras los expolíticos y sus consortes no se colequen en empresas renovables y saquen para sus "caprichillos" como hacen en actualmente en las empresas de la gran electrica UNESA no hay nada que hacer, a estos políticos vendepatrias les da igual que el país vaya directamente a la miseria y al hambre mientras ellos estén "colocaos"
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