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Los proyectos comunitarios de autoconsumo y de renovables consiguen la unanimidad del Parlament catalán

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En el pleno del Parlament de Catalunya del pasado 3 de diciembre se puso a votación una moción referente a Transición Energética y a Descarbonización de la economía catalana, presentada por el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Lo mas importante a destacar es que unas enmiendas de adición (1.1., 1.1.A y 1.1.B) presentadas por la mayoría parlamentaria (JxCat y ERC), fueron aprobadas de forma unánime por la cámara.
Los proyectos comunitarios de autoconsumo y de renovables consiguen la unanimidad del Parlament catalán
Pep Puig, diputado de Junts per Catalunya, defiende las enmiendas en el Parlament

¿Y que decían estas enmiendas? Exactamente lo siguiente:

Instar al Govern de la Generalitat a:
1.1. Tratar con prioridad todos los proyectos de generación de energía a partir de fuentes renovables, con los siguientes criterios:

1.1.a. Proyectos cooperativos, comunitarios, ciudadanos y de autoproducción y uso directo de la energía generada.
Los proyectos de generación de energía con tecnologías para el aprovechamiento de las fuentes renovables cooperativos, comunitarios, ciudadanos deberán tener un tratamiento administrativo diferenciado que facilite su implantación, tal como dice la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo del 11 de diciembre de 2018 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables: “la reducción de las exigencias administrativas”, para hacer realidad las comunidades de energía, plenamente reconocidas en la mencionada Directiva, que, incluso dice: “... que las comunidades de energías renovables sean remuneradas mediante ayudas directas si cumplen los requisitos de las pequeñas instalaciones”.

1.1.b. Proyectos con fines mercantiles
Los proyectos de generación de energía con tecnologías para el aprovechamiento de las fuentes renovables con fines mercantiles deberán posibilitar la participación ciudadana, especialmente de las personas que viven en las cercanías (municipio, comarca y comarcas cercanas) del proyecto, tal como dice la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo del 1 de diciembre de 2018 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables: “con el objetivo de incrementar la participación local de la ciudadanía en los proyectos de energía renovable y, por tanto, incrementar la aceptación de las energías renovables”, como lo demuestran incontables proyectos existentes.

Estas enmiendas tienen por objetivo vencer las reticencias manifestadas por algunos sectores de la población catalana ante proyectos eólicos y solares.

Mi posición al respecto, siempre ha sido clara: para hacer aceptables los tan necesarios proyectos para alcanzar con urgencia el 100% renovable, se requiere que las administraciones abran, de una vez, la puerta a la participación de la ciudadanía en los proyectos de generación.

En el seno de una sociedad democrática, en pleno siglo XXI, no es aceptable que se continúe practicando una economía de la energía tal y como se practicó a lo largo de los siglos XIX y XX: una economía puramente extractiva que empobrece territorios y poblaciones y enriquece a minorías de poder.

Dado que el Sol, el viento, el agua… que discurren por una comunidad son bienes comunes que pertenecen a toda la comunidad, todas las personas residentes en ella deben poder compartir la riqueza que genera su aprovechamiento.

La democracia energÉTICA es aquel sistema de energía que empodera a las personas y a las comunidades que disponen de fuentes locales de energía renovable para que saquen provecho de su captación, transformación y uso.

Para hacer realidad la democratización de la energía se requiere que las personas y la sociedad realicen una apropiación social de las tecnologías que nos permiten captar, transformar y usar la energía que nos rodea. Y ello requiere que las administraciones creen un marco que facilite esta apropiación.

Confío que el paso dado por el Parlament de Catalunya, aprobando unánimemente las enmiendas, se traduzca en la futura Ley de transición energética que se deberá aprobar en la próxima legislatura del Parlament, dado que la presente ha sido dinamitada por la actuación política del Tribunal Supremo.

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