Las principales organizaciones ambientales españolas —Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF— han presentado el documento 'Un Programa por la Tierra 2023', con más de 100 propuestas para resolver los problemas sociales derivados de la crisis ambiental. El documento presentado contiene cuatro bloques: la conservación y protección de la naturaleza, la lucha contra el cambio climático, el fomento de una economía más democrática y sostenible y el impulso a una vida saludable. Cada uno de ellos contiene varios ejes de acción —23 en total— con diferentes propuestas. Según Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF, "estamos en un momento decisivo y no podemos retroceder en la transición ecológica. Todos los partidos deberían hacer de la defensa del medio ambiente su máxima prioridad especialmente en un país como España, azotado por el cambio climático". Para Blanca Ruibal, coordinadora de Amigos de la Tierra, "proponer una economía más democrática y ecológica obliga a afrontar muchas asignaturas pendientes relacionadas con la justicia social".
El documento aborda líneas de acción tan amplias como la restauración de la Naturaleza, la ambición contra el cambio climático, la democratización de la energía, la gestión del agua, la pesca y la agricultura, la salud física o mental, el empleo o la felicidad. Dichas propuestas, que suman 118, están diseñadas para confrontar los retos más urgentes y establecer un cimiento sólido para un futuro resiliente y sostenible, muchas de ellas en concordancia con la Agenda 2030 de Naciones Unidas ratificada por España en 2015. "Defender políticas ambientales no es una simpleza ecologista. Ir en contra de las políticas ambientales es querer que este país se convierta en un desierto con toda la precariedad que eso implica en el campo y en la ciudad. Necesitamos que los ciudadanos conozcan esta realidad y voten en consecuencia", opina Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife. A lo que Eva Saldaña, directora de Greenpeace, añade: "es imprescindible que todos los partidos políticos reconozcan la gravedad de estos desafíos y se comprometan a abordarlos de manera colaborativa, actuando a corto plazo pero con una visión en el medio y largo plazo, con un enfoque que priorice los derechos fundamentales para todas y el bienestar de la ciudadanía dentro de los límites planetarios". Luis Rico, coordinador de Ecologistas en Acción, concluye: "creemos que los cambios sociales deben ir de la mano con disponer de más tiempo para los cuidados, el ocio o el disfrute de la naturaleza. Un mundo más ecológico debe ser también un mundo más justo y feliz".
Las propuestas en materia de cambio climático y energía son las siguientes:
Más ambición frente al cambio climático
Establecer en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de al menos un 55% en 2030 respecto a 1990, y la descarbonización en 2040, para no superar el límite de calentamiento de 1,5ºC. Establecer un presupuesto de carbono y objetivos sectoriales, lo que dará un mensaje claro a los distintos actores económicos y facilitará el seguimiento del cumplimiento del objetivo general.
Ahorro y democratización de la energía
Democratizar el sistema energético para acabar con los beneficios caídos del cielo de las grandes empresas energéticas con medidas efectivas que permitan a la ciudadanía tomar un papel proactivo, impulsando la energía comunitaria, tal como dictan las directivas europeas, así como frenar las prácticas del oligopolio eléctrico -que con su posición de dominio sobre la generación y la comercialización de la electricidad controla el mercado- para fomentar un precio justo de la energía y la entrada de nuevos actores y modelos innovadores más democráticos.
Renovables justas y sostenibles para el territorio y la naturaleza
Buscar el consenso social en el despliegue de energías renovables con la participación activa de las comunidades locales. Llevar a cabo una gestión política responsable y crear un marco jurídico que obligue a los promotores y las administraciones públicas a llevar a cabo una concertación con todos los actores implicados, ofreciendo reglas claras que garanticen la minimización del impacto ambiental y la maximización de los beneficios sociales.
Reconducir la movilidad y el transporte
Aprobación de una Ley de Movilidad Sostenible que establezca la obligación de conseguir la neutralidad climática del sector transporte-movilidad en 2040 con objetivos intermedios de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030 y 2035 en relación a los niveles existentes en 1990. Debe ser más ambiciosa que la que se está tramitando y debe contemplar medidas que reduzcan la movilidad en los medios más problemáticos, como la delimitación de zonas de bajas emisiones en las ciudades de más de 20.000 habitantes o la supresión de los vuelos cortos con alternativa ferroviaria.
