El portavoz de la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, Evelio Monfort, denuncia hoy, en un comunicado que ha sido difundido por Ecologistas en Acción, que "después de los más de 500 seísmos y la parada provisional del proyecto, han pasado seis meses y no hay ninguna respuesta del Gobierno al cierre definitivo y desmantelamiento de la planta que las comunidades y gobiernos afectados han pedido ampliamente". Monfort añade además que, durante todo este tiempo, "sólo hemos escuchado las amenazas de Escal UGS [la empresa encargada de desarrollar el proyecto Castor] presionando al Gobierno para reabrir el almacén".
A Castellón, Tarragona y Bruselas
Las organizaciones presentaron en octubre denuncias a las fiscalías de Castelló y Tarragona, y abrieron también una vía de presión europea con el envío de una carta abierta al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Comisión Europea (CE), entidades que participaron en la financiación del proyecto. Pues bien, según Eloi Nolla de Ecologistas en Acción, "la respuesta que obtuvimos fue del todo insuficiente y evasiva, en relación a sus responsabilidades sobre la evaluación y seguimiento de un proyecto que ha sido financiado con fondos de los contribuyentes europeos. Un proyecto lleno de irregularidades, altos riesgos e impactos y absoluta carencia de justificación social y económica".
Los denunciantes proponen el "no al pago de la deuda ilegítima"
Ante esta situación -explica hoy Ecologistas en Acción en su comunicado-, las tres organizaciones consideran "necesario ampliar la presión europea viajando a Bruselas para una reunión de trabajo con organizaciones internacionales como Counter Balance y Bankwatch, con el objetivo de conformar una estrategia conjunta contra el Proyecto Castor y trasladar sus demandas al Parlamento Europeo, donde han sido recibidos por los Verdes/Alianza Libre Europea". Según Mònica Guiteras, del Observatorio de la Deuda en la Globalización, "las principales demandas son el cierre definitivo de la plataforma Castor y su desmantelamiento, el no pago de la deuda ilegítima del proyecto y la depuración de responsabilidades".
1.461 millones de euros... ¿a sacar de las arcas públicas?
Para las organizaciones, este es "un caso claro de financiación de mega-infraestructuras que no responden a las necesidades de la ciudadanía sino a los mercados financieros y a los grandes inversores". Según Guiteras, "a través de los Project Bonds (bonos de proyectos), el Banco Europeo de Inversiones y la Comisión Europea han creado un mecanismo que hace posibles proyectos innecesarios que vulneran incluso la propia normativa europea en términos ambientales y de participación pública". Las organizaciones han valorado "muy positivamente" la recepción de los Verdes a sus demandas y el compromiso del grupo para llevar ante el Parlamento Europeo las contradicciones de los Project Bonds, un mecanismo que fue creado para atraer inversión hacia un supuesto desarrollo sostenible pero que en la práctica está haciendo posible proyectos como Castor. Tanto la comitiva como Los Verdes también han visto necesario visibilizar la afectación que tendría sobre la ya ahogada deuda pública española, el pago por parte del Estado de los 1.461 millones de euros con los que la auditora DNV ha valorado el proyecto recientemente.
