En Castilla–La Mancha, el parlamento regional rechazó ayer con la mayoría absoluta del PP, una propuesta del PSOE para instar al Gobierno central a que retire el RDL 1/2012 que elimina las primas a las renovables porque, según los socialistas, “es su condena a muerte”.
Uno de los argumentos que utilizó la consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, para justificar su rechazo a la propuesta y relativizar el impacto de ese decreto sobre las renovables es que Castilla–La Mancha es “exportadora de energía al resto de España” porque produce más de lo que consume. No sabemos si considera válido el argumento a la hora de hablar, por ejemplo, del vino de Valdepeñas.
El decreto “no ha tenido consecuencias indeseables o irreversibles en la región”, considera la consejera. Y explica que cuando entró en vigor el RDL había en la región 500 expedientes en fase de tramitación y, de estos, solo el 5,2% no continúan. “A la vista de los datos no estamos en situación de afirmar que hay riesgo preocupante de suministro ni de que las empresas se retiran masivamente de los proyectos que tenían previstos”.
García de Calzada entiende que la política energética del gobierno está condicionada por la “imperiosa necesidad de combatir el déficit tarifario” y piensa que esta medida no es “ni discriminatoria con las energías renovables, ni retroactiva, ni definitiva”.
La suspensión afecta a todas las instalaciones que todavía no han sido inscritas en el registro de preasignación de régimen especial, pero no es una medida retroactiva, según insistió la consejera, que señaló que la producción castellano-manchega es superior al consumo.
Para el portavoz de Industria y Energía del PSOE, Modesto Belinchón, el decreto “condena a muerte y criminaliza a las energías renovables”. Y pidió al Gobierno central que derogue el decreto porque “ha paralizado por completo el sector”. Belinchón recordó que la medida ha provocado expedientes de regulación de empleo y cierres en muchas empresas. Y dio una cifra: 3.100 empleos perdidos. Ayer se conoció el cierre de la empresa Silicio Solar.
En el debate energético, la consejera de Fomento también anunció ayer que en breve se presentará el plan energético de Castilla-La Mancha con la vista puesta en 2020. Ese plan tendrá en cuenta todas las energías potenciales de la región. “El único plan que ha visto la luz con gobiernos socialistas –dijo– fue el Plan eólico, en mayo de 2011, con el horizonte del año 2014, lo que impedía una visión estratégica, impulsaba una única energía y despreciaba o dejaba de lado el resto de las existentes”. Una afirmación que parece encajar mal con el objetivo último que, según la consejera, recogerá ese plan: cubrir el 100% de la demanda de energía de la comunidad autónoma con energías renovables.
En Canarias, al Constitucional
Mientras tanto en Canarias, el Ejecutivo se está planteando presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el RDL 1/2012, después de que el Gobierno de Rajoy rechazara la propuesta de diseñar un marco singular para las islas en seis meses.
“El Archipiélago cuenta con singularidades en el mercado de la electricidad, derivadas de su configuración en seis sistemas eléctricos aislados que tienen una particular incidencia en el ámbito retributivo de las energías renovables como reflejo de su distintiva relación con el sector eléctrico nacional”, argumentó ayer el portavoz del Gobierno canario, Martín Marrero.
El Gobierno canario considera que en el archipiélago “no se puede reducir el déficit tarifario suprimiendo las primas a las renovables, sino todo lo contrario. Esta argumentación está avalada con informes de la Comisión Nacional de la Energía y el operador del sistema Red Eléctrica Española”, explicó Marrero.
Ante la negativa a aceptar los planteamientos de Canarias el Ejecutivo regional ha decidido presentar un recurso de inconstitucionalidad que ponga de manifiesto su “disconformidad por motivos jurídicos y competenciales”.
