Tras realizar un análisis a fondo de los presupuestos, la organización advierte que los PGE para 2019 andan aún lejos de lo que necesita el país. Cree que en materia de transición energética ha habido tímidos avances, pero advierte de que las políticas de gasto para Industria y Energía se centran principalmente en cubrir los costes del sistema eléctrico (65,8%).
Para ello, se utilizan los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, que este año han aumentado considerablemente (1.000 millones) y los ingresos tributarios derivados de las medidas fiscales para la sostenibilidad energética (1.998 millones) que se recaudan a través de la factura eléctrica y que este año se han visto reducidos por la supresión temporal del impuesto a la electricidad. De esta suma también se destinan 780,58 millones para compensar el sobrecoste en la generación eléctrica en los territorios extrapeninsulares, que en la actualidad, dice la ONG, "representa una subvención a las ineficientes centrales de carbón y gasóleo de estos territorios".
Tampoco cree Greenpeace que el dinero dedicado a las políticas de gasto en Industria y Energía vaya orientado a que la industria aumente su competitividad reduciendo su consumo energético y cubriendo su demanda con energías renovables y autoconsumo. De hecho dice que "se sigue el camino contrario: evitar que este sector asuma tanto el coste del CO2 como el incentivo a las renovables que generar la electricidad que consumen".
Todo ello lleva a Greenpeace a afirmar que "la política de gastos de Industria y Energía de los PGE sigue siendo un reflejo del objetivo de la Ley del Sector Eléctrico (cuya prioridad es cubrir los costes, sin cuestionarlos, de un sistema eléctrico que no internaliza los costes ambientales y sociales), dejando muy poco margen a las políticas para acompañar y guiar la transición energética".
Lo más positivo
Para Greenpeace, uno de los aspectos más positivos de estos presupuestos es que se destinen 173.4 millones en los programas de desarrollo sostenible e inversión en las comarcas mineras a través de la Oficina de Cambio Climático (un total de 92.2 millones más que en 2018)". También aplaude que se destinen 241 millones de euros, principalmente a ayudas laborales (bajas indemnizadas de carácter voluntario y prejubilaciones), para abordar el cierre de la minería.
El presupuesto que se dedica para impulsar la transición energética representa un 7,1 % del total, un ligero aumento del 1% con respecto a 2018. Al igual que en 2018, se destinan 300 millones de euros para fomentar la eficiencia energética y las energías renovables (esta partida que se ha incorporado a los presupuestos este año procede de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional o fondos FEDER). En 2019 la partida dedicada al desarrollo alternativo a las comarcas mineras del carbón ha aumentado 11,2 millones su presupuesto.
La organización cree, no obstante, que "para que se lleve a cabo la transición energética al completo y que esta sea justa y ordenada se necesita un plan detallado que incluya las fechas de cierre de todas las centrales que usen energías sucias y peligrosas y su sustitución por un modelo 100% renovable, inteligente, eficiente y en manos de la ciudadanía, según ha declarado Cecilia Carballo, directora de Programas de Greenpeace.
Poco para la movilidad sostenible y demasiado para Defensa
Respecto a la movilidad, aplaude que se apueste por la mejora del ferrocarril convencional y la conservación de carreteras, frente a las políticas anteriores que priorizaron la construcción de nuevas infraestructuras. A Cercanías, en concreto, se destinan 1.353 millones de euros, casi el triple que en 2018. Pero Greenpeace critica que la movilidad eléctrica no haya aumentado de presupuesto y considera que, en general, se avanza muy lentamente hacia la movilidad sostenible, a la que los PGE destinan 17 millones de euros (16,6 millones en 2018.
Otro sector en el que estos presupuestos suspenden, de acuerdo al análisis de Greenpeace, es en la gestión de los resiudos: "más del 80% de los residuos no se recogen selectivamente y no se pueden gestionar adecuadamente, un modelo que avalan los PGE", asegura la organización.
Respecto a la fiscalidad verde, afirma que el principio de quien contamina paga está prácticamente ausente en estos PGE: "aunque se ha dado un paso importante con el aumento del impuesto del diésel para igualarlo con el de la gasolina, los impuestos denominados ambientales (incluidos los energéticos) que en 2019 aumentan 106,15 millones con respecto a 2018 tan solo representan un 5% de los ingresos del Estado". España, recuerda "es el tercer país de la U-28 con menos impuestos ambientales".
Tampoco le gusta que la prioridad del gasto público continúe estando en Defensa, con el 44,9 % del gasto de inversión del presupuesto total del Estado. "Estas inversiones del Ministerio de Defensa se cifran en 2.795 millones de euros de los que más de un 75 por ciento se destinan a atender compromisos de pago correspondientes a programas especiales de armamento", señala.
Greenpeace también reclama una mejora en la perspectiva de género y una mayor transparencia.
En resumen, según señala Mario Rodríguez, director de Greempeace España, "necesitamos mucho más esfuerzo presupuestario y por eso esperamos que la futura Ley de cambio climático y transición energética sea la guía que articule los próximos PGE”.
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