La justificación esgrimida por ambas asociaciones es que en enero de 2020 se abrirá el conocido como proceso EPU (Examen Periódico Universal) para España en el marco de la ONU. Un momento propicio para denunciar “que el Estado español ha vulnerado los derechos de muchos ciudadanos que confiaron en el Boletín Oficial del Estado (BOE) e inviertieron en energías renovables, especialmente en solar fotovoltaica. Por eso, desde Eurosolar y desde la Asociación de Juristas por los Derechos Humanos hemos redactado un informe que se ha hecho llegar a las NNUU para que lo tenga en cuenta al realizar el EPU”.
El EPU es un procedimiento al que se someten todos los Estados miembros de Naciones Unidas cada cuatro años para revisar la situación de derechos humanos en el Estado, independientemente de la ratificación o no de los tratados internacionales. Es un procedimiento básicamente político que consiste en un “diálogo interactivo” entre los miembros del Consejo de Derechos Humanos y el estado examinado. El procedimiento concluye con la formulación de recomendaciones de los miembros del Consejo al Estado. El Estado indicará si las acepta total o parcialmente o no las acepta. El único seguimiento que se hace es en el marco del procedimiento de EPU.
El informe destaca que las vulneraciones de derechos, que han afectado a empresas extranjeras, pequeñas empresas y particulares, “han sido puestas de manifiesto por el Tribunal Arbitral del Banco Mundial (Ciadi) en el que se ha dirimido un gran número de arbitrajes interpuestos por inversores extranjeros, perjudicados por el cambio de normativa anteriormente mencionada y a los que se les ha reconocido una indemnización por la responsabilidad patrimonial causada por el Estado español”.
