• Disponer de un plan estratégico de energía y clima vigente, actualizado y alineado con el resto de los planes estratégicos sectoriales de la comunidad autónoma y a nivel estatal, así como con las obligaciones europeas e internacionales, con su correspondiente evaluación ambiental estratégica.
• Priorizar, incentivar y premiar el ahorro y la eficiencia en todos los sectores, para reducir la demanda de la energía.
• Impulsar de forma general las instalaciones de autoconsumo de energías renovables en los edificios públicos y las zonas edificadas, y de uso comercial o industrial.
• Establecer y aplicar criterios territoriales para las distintas formas de energía renovable, con mapas de sensibilidad y políticas de zonificación para orientar de forma clara el desarrollo del sector.
• Elaborar y publicar instrucciones claras y transparentes para los empleados públicos encargados de la tramitación, evaluación y seguimiento del impacto de los proyectos, además de guías divulgativas de procedimientos administrativos para las entidades promotoras de proyectos y demás partes interesadas.
• Fomentar el respeto escrupuloso de la normativa vigente, la jurisprudencia y las sentencias judiciales en materia de evaluación de impacto ambiental de proyectos, planes y programas, participación pública y transparencia, y conservación de la biodiversidad.
• Garantizar el uso adecuado de los fondos públicos, y especialmente los europeos (como Feder), en cuanto a la coherencia entre los objetivos energéticos, climáticos y de biodiversidad de las inversiones que se financien con ellos.
• Difundir las buenas prácticas en el desarrollo energético y fomentar su aplicación generalizada.
• Disponer de los recursos humanos suficientes para todo el trabajo asociado.
• El Ministerio para la Transición Ecológica deberá marcar las directrices con criterios en las subastas de capacidad que garanticen que la penetración de las energías renovables se haga de forma responsable en todas las comunidades autónomas.
