La organización ecologista, que centra su propuesta en dos objetivos -la mejora de la vida de las personas y la descarbonización de la economía-, propone en su informe más de un centenar de medidas, muchas de las cuales (hasta el 37% de ellas) no requieren financiación, pues aluden a la desactivación de barreras al cambio o a reformas normativas. Greenpeace considera la transformación del sistema energético la primera clave del cambio. Las mayores inversiones -plantea el estudio- deben ser empleadas en eso: transformar el sistema energético "hacia uno 100% renovable, eficiente y con participación ciudadana". El estudio concreta la inversión en "transformación del sistema energético": 53.560 millones de euros, que en su mayoría procederían de la iniciativa privada. Además, otros 52.592 millones de euros deberían ser empleados en la segunda clave del cambio: la vivienda y su rehabilitación energética (los recursos destinados a este ítem procederían, en este caso, de financiación pública, principalmente). Ambas líneas sumarían así el 58% del total de las inversiones (además, la oenegé ecologista plantea medidas e inversiones -el 42% restante- también en materia de movilidad, I+D+i, entorno rural, etcétera). Estas son en todo caso las 12 propuestas que, en materia de transición energéica, hace Greenpeace para Darle la Vuelta al Sistema.
1. Alcanzar un sistema eléctrico inteligente, eficiente y 100% renovable en manos de la ciudadanía para el año 2030.
2. Lanzar subastas anuales de energía renovable (por energía y por pago por oferta), comenzando ya en 2020, que aseguren que se instala la potencia renovable necesaria para alcanzar el objetivo.
3. Acelerar la reforma del mercado eléctrico para:
3.1. Evitar que el aumento de las inversiones en renovables provoque, como pasaría con la actual normativa, la imposibilidad de recuperar los costes de inversión de estas tecnologías y consecuentemente quede bloqueado su desarrollo.
3.2. Informar sobre las verdaderas señales horarias de precio que fomenten e incentiven la gestión de la demanda, el ahorro y la eficiencia energética.
3.3. Facilitar la participación de nuevos entrantes independientes en cada una de las áreas de actividad liberalizadas (generación renovable, autoconsumo, almacenamiento, gestión inteligente de redes, comercialización, gestión de demanda…), y evitar así la consolidación de posiciones oligopólicas.
3.4. Impedir que las mismas grandes empresas realicen actividades reguladas y no reguladas.
3.5. Reducir del término fijo de la factura eléctrica (por justicia social y eficiencia) y para que no sea una barrera para la transición energética.
4. Mejorar la seguridad de los proyectos de inversión de energía limpia, con incentivos para pymes, municipios o cooperativas; extendiendo el crédito al almacenamiento de energía para que las fuentes renovables puedan garantizar el abastecimiento estable y continuo de energía de forma firme, flexible, limpia y confiable.
5. Revisar el marco regulatorio de acceso y conexión, con el establecimiento de un procedimiento claro y transparente para la obtención de los permisos y eliminar así comportamientos especulativos que supongan una barrera para las entidades productoras de menor tamaño.
6. Conseguir una correcta trasposición de las directivas europeas en materia de participación ciudadana (comunidades energéticas) que aseguren una transición ecológica compartida y responsable.
7. Crear o mejorar mecanismos de financiación de las iniciativas de energía renovable ciudadana y de pymes, respaldados con la garantía de los ahorros o de la energía a producir.
8. Devolver al Estado las infraestructuras hidroeléctricas según caduquen las actuales concesiones para ponerlas al servicio de la gestión del sistema y no de la especulación.
9. Prohibición total del fracking y la perforación de petróleo y gas en alta mar y en tierra, y de nuevas grandes instalaciones de almacenaje o transformación de combustibles fósiles como el gas natural y de la minería de uranio.
10. Acelerar el calendario de desmantelamiento nuclear, que supondría una importante creación de empleo y serviría como palanca para la transición además de evitar a las empresas inversiones para la ampliación de licencias.
11. Ofrecer subvenciones y préstamos sin intereses ni contrapartidas desde el IDAE y las comunidades autónomas a todas las cooperativas de electricidad que necesita la descarbonización rápida, incluida la implementación de la tecnología de almacenamiento de baterías en los niveles de distribución y de usuario final.
12. Puesta en marcha de la hoja de ruta del biogás y la del desarrollo de la eólica marina y las energías del mar en España a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico).
