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España declara el estado de Emergencia Climática

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Como se había anunciado, el Consejo de Ministros ha declarado la Emergencia Climática este martes, sumándose así al Parlamento Europeo y a muchos otros países que ya lo han hecho y cumpliendo con el compromiso adquirido por el presidente Pedro Sánchez en este sentido. La vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha defendido la adopción de esta medida, que lleva aparejadas 30 líneas de actuación,  por razones de justicia climática,  por futuro y por responsabilidad política.
España declara el estado de Emergencia Climática

El pasado mes de septiembre Unidas Podemos presentó una propuesta no de ley para declarar la emergencia climática en España, que contó con el respaldo de casi todos los partidos (311 votos a favor y 24 votos en contra). Ahora el Gobierno ha dado luz verde a la declaración, que estaba en la agenda del presidente desde entonces.



¿Cuánto va a ayudarnos la declaración aprobada hoy por el Consejo de Ministros a avanzar en el proceso de descarbonización pactado entre el PSOE y Unidas Podemos? Su compromiso es  que entre el 85% y el 95% de la energía que se consuma en el año 2030 sea renovable, y alcanzar la neutralidad climática para 2050. Unos objetivos recogidos en el Plan de Energía y Clima y actualmente en proceso de revisión por parte de la Comisión Europea.



La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo que la aprobación de la emergencia climática va en línea con lo aprobado en la Unión Europea en este sentido y que el Gobierno sitúa así al cambio climático y la transición justa como eje transversal impulsando políticas. En consecuencia, la intención del Ejecutivo es que esta declaración sirva de verdad para avanzar en esa dirección y hacer frente con mayor contundencia a los graves impactos derivados del cambio climático, según ha declarado la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.



Con esta finalidad, la declaración lleva aparejado el compromiso de adoptar 30 líneas de acción prioritarias, cinco de ellas en los primeros cien días de Gobierno. Entre otras, definir la senda de descarbonización a largo plazo, más allá del horizonte de 2030, y remitir al Congreso el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que es una de las prioridades de la vicepresidenta Teresa Ribera, según ha declarado en diferentes ocasiones. 



Esta ley no solo incidirá en el sector energético. También incluirá planes trasversales para actuar en otros grandes emisores de  gases de efecto invernadero, como el transporte y el agrícola, y llevará medidas de acompañamiento para que la reconversión de los sectores económicos afectados, como el del carbón, no "deje a nadie atrás".



El Ejecutivo prevé, asimismo, presentar el segundo Plan Nacional de Adaptación y reforzar los mecanismos de participación mediante la puesta en marcha de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, inspirada en el ejemplo de países como Francia. Y se compromete a integrar la perspectiva de clima en los sectores productivos. Esto es, a impulsar la transformación del modelo industrial y del sector servicios, de modo que favorezcan la sostenibilidad de las actividades económicas y el empleo de calidad.



Una declaración cada vez más universal
La declaración de Emergencia Climática ha sido adoptada anteriormente por otros países (como Reino Unido e Irlanda) y el Parlamento Europeo (lo hizo en noviembre de 2019), así como gobiernos regionales (Cataluña, País Vasco, Otawa…) y numerosos ayuntamientos, entre ellos los de Nueva York, Sidney, París, Barcelona y Madrid. Hasta la fecha, más de un millar de jurisdicciones en 20 países han declarado la emergencia climática. 



También ha sido adoptada por universidades, ONGs y otras entidades de todo el mundo, como respuesta al cambio climático. De hecho, se trata de una de las medidas que proponen grupos como Amigos de la Tierra, Extinction Rebellion, Ecologistas en Acción, Juventud por el clima, Seo Birdlife, WWF España o Greenpeace para ejercer presión ante los gobiernos a fin de que tomen conciencia sobre la situación de crisis ambiental existente.



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