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El Ministerio recibe en cinco meses 839 propuestas de reactivación de las cuencas mineras leonesas

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El Gobierno abrió el 16 de junio los procesos de participación pública para la elaboración de "convenios de transición justa" que faciliten el tránsito de la economía del carbón, que ha caracterizado la vida leonesa de los últimos 100 años, hacia otro modelo, sostenible. Pues bien, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que es el departamento responsable de esta iniciativa, ha recibido en estos cinco meses 839 iniciativas de más de 200 agentes económicos y sociales de la zona afectada. Destacan las iniciativas vinculadas con el turismo, las energías renovbles (hay proyectos relacionados con el almacenamiento de energía), la agricultura y la ganadería. Los proyectos deben ahora ser evaluados de cara a su futurible financiación.
El Ministerio recibe en cinco meses 839 propuestas de reactivación de las cuencas mineras leonesas

La secretaria de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Javier Fernandez, y la Federación Española de Municipios y Provincias firmaron el viernes, de forma telemática, los Protocolos de Actuación que desembocarán en la firma de los Convenios de Transición Justa para Velilla-Guardo, la Montaña Central Leonesa-La Robla y Bierzo-Laciana. Los proyectos que se desarrollen en el marco de los Convenios de Transición Justa "servirán -según el Ministerio- para dinamizar la actividad económica de la zona hacia un nuevo modelo productivo diversificado y sostenible que garantice la recuperación y la reactivación económica, generando nuevas oportunidades inclusivas en los territorios y sin dejar a nadie atrás".

Los Protocolos de Actuación son documentos suscritos entre representantes de la Administración General del Estado (AGE), la comunidad autónoma y los entes locales "para reflejar el compromiso adquirido por las diferentes Administraciones para trabajar conjuntamente en la elaboración los Convenios". Así, deben actuar como garantía para los diferentes actores y para los ciudadanos de las zonas afectadas por la transición energética. Según el Ministerio, este paso facilita, además, que el Instituto para la Transición Justa (ITJ), con el resto de las Administraciones, pueda iniciar el proceso de selección de iniciativas.

Participación pública
Con el fin de elaborar herramientas adecuadas a las necesidades del territorio, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico abrió el 16 de junio los procesos de participación pública para la elaboración de los distintos convenios de transición por parte del Instituto para la Transición Justa. El objetivo de estos mecanismos es "que los agentes económicos y sociales de la zona afectada formen parte activa del proceso de transformación económica en su territorio, aportando iniciativas que servirán de base para la elaboración del Convenio de Transición Justa para la zona". Pues bien, como resultado -informa el Ministerio-, se han recogido 839 ideas y propuestas remitidas por más de 200 agentes del territorio: representantes de las administraciones central y autonómica, administraciones comarcales, ayuntamientos, empresas, sindicatos, asociaciones ecologistas, grupos de acción local y desarrollo rural, varias organizaciones no gubernamentales y centros educativos y de investigación, entre otros.

Proyectos innovadores y sostenibles
De las ideas y propuestas de proyectos recibidas, el Ministerio ha destacado "las vinculadas con el turismo, las energías renovables, la agricultura y la ganadería, que reflejan la voluntad de los agentes implicados de hacer de la transición energética un motor de crecimiento". También se han recibido propuestas para contribuir a la diversificación económica del territorio con iniciativas sobre alimentación, almacenamiento de energía, industria agroalimentaria y manufacturera, servicios a las empresas e ingeniería civil.

Todas las propuestas serán evaluadas como parte del proceso de elaboración de los Convenios de Transición Justa para Velilla-Guardo, la Montaña Central Leones-La Robla y Bierzo-Laciana. Tras su selección, la ejecución de los proyectos se acompañará mediante diferentes líneas de ayuda y otros instrumentos de apoyo. Estas inversiones y proyectos generadores de empleo impulsarán la transición de la actividad económica de la zona, estrechamente vinculada a la extracción de carbón y la producción energética a partir de este combustible, hacia un nuevo modelo productivo verde e inclusivo que garantice nuevas oportunidades en el territorio.

Convenios de transición justa
Con la firma de estos tres acuerdos, en el marco de desarrollo de los Convenios de Transición Justa, ya son siete los Protocolos de Actuación firmados entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y las comunidades autónomas. El Instituto para la Transición Justa está realizando un seguimiento continuo de estos procesos junto al Principado de Asturias, la Comunidad de Aragón –las autonomías con las que se han suscrito- y la Federación Española de Municipios y Provincias, como marcan los protocolos de actuación firmados los pasados meses de marzo y mayo.

Tal y como refleja el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en tramitación parlamentaria, los Convenios de Transición Justa "constituyen una de las herramientas de implementación de la Estrategia de Transición Justa del Gobierno de España, y contribuyen a crear un nuevo tejido productivo en las zonas en transición a partir de la participación de los agentes implicados". La firma de los Convenios, que incluirán las mejores propuestas para al empleo sostenible en las zonas, se producirá tras finalizar su proceso de elaboración.

Los Convenios de Transición Justa, que buscan unir la participación social con la profesionalización de los procesos, proponen trabajar en proyectos bien diseñados, con amplia participación de actores, transparentes e inclusivos, que identifiquen planes integrados de desarrollo territorial y garanticen la generación y fijación de empleo sostenible en el medio y largo plazo en las zonas afectadas. Además, instan a que se trate de los proyectos más adecuados en términos ambientales, sociales y económicos y que dinamicen la transición ecológica.

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