El Ministerio para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico ha aprobado 170 declaraciones de impacto ambiental sobre un total de 200 expedientes recibidos (proyectos de más de cincuenta megavatios de potencia) hasta este miércoles para la viabilidad y desarrollo de distintos proyectos renovables. Por su parte, 22 expedientes han obtenido una declaración desfavorable, ocho se han archivado por falta de información o subsanación, un promotor desistió en el último momento y otro entró este mismo miércoles, fuera de plazo. Es decir, la totalidad de los proyectos se ha resuelto y un 85% de ellos han recibido la aprobación ambiental por parte del Ejecutivo, cumpliéndose así lo referido por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, hace poco más de una semana: "el 100% de los proyectos renovables que tramita el Gobierno estará resuelto el 25 de enero".
En declaraciones a la prensa en un acto organizado por el Club Español de la Energía, Ribera ha defendido que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) "favorable" para los proyectos de renovables supone hacer un despliegue "con todas las garantías" de esta energía, tal y como exigen los ciudadanos, y ha informado de que, a la espera de los datos definitivos, algunos de estos 170 expedientes favorables todavía están sujetos a condiciones. Para la ministra, la consecución de esta declaración permite a los proyectos "fortalecer su robustez" y garantizar que su impacto medioambiental sea mínimo.
En ese sentido, Ribera también ha destacado que la aceleración de los procesos no debe implicar que sean menos rigurosos en su aplicación, de modo que no afecten a la seguridad ambiental y al beneficio para la ciudadanía de la implantación de más energías renovables. No obstante, también ha apuntado que la Administración "no puede quedar colpasada" por proyectos que "son solo una idea" y que no tienen capacidad para volcar a la red, según informa Europa Press.
Trabajo de las comunidades autónomas
Respecto al trabajo realizado entre las comunidades autónomas y el Gobierno, la ministra ha asegurado que todas las administraciones eran "conscientes" de que los equipos destinados a llevar a cabo esta actividad no estaban correctamente dimensionados para el volumen de proyectos. "Algunas regiones han sido más ágiles y otras más lentas, aunque todas han coincidido en la necesidad de agilizar el proceso para garantizar una declaración que es clave desde el punto de vista de la tranquilidad social", ha expresado. Con todo, ha hecho hincapié en que la relación técnica ha sido en todo momento fluida y que las comunidades (tramitan todos los proyectos de menos de 50 MW) han realizado "un gran esfuerzo", pese a que se tardará todavía un poco en tener "la foto final".
