El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en los territorios no peninsulares y el régimen de funcionamiento de las centrales, que fija -según sostiene el Ejecutivo- un mecanismo de despacho económico y técnico más eficiente que permita garantizar suministro, la seguridad del sistema y la integración de energías renovables. Los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, presentan una serie de singularidades respecto al sistema peninsular, derivados de su reducido tamaño, características propias, reducidas economías de escala y en el aprovisionamiento de combustibles, que no permiten la creación de un mercado de generación como en el sistema peninsular.
El discurso del gobierno: costes necesarios, empresa eficiente y bien gestionada, criterios homogéneos, retribución adecuada, actividad de bajo riesgo
Este reglamento forma parte de la reforma del sector que se ha acometido durante esta Legislatura. En el mismo se desarrollan las singularidades previstas por la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en los territorios extrapeninsulares, de acuerdo con los principios que establece la citada Ley. El discurso del Gobierno dice literalmente así (reproducimos en este extremo, literalmente, su nota de prensa): "así, se determina la retribución de la actividad de producción en estos sistemas eléctricos para cubrir los costes necesarios para realizar la actividad por una empresa eficiente y bien gestionada, mediante la aplicación de criterios homogéneos. Estos regímenes económicos permitirán la obtención de una retribución adecuada a la de una actividad de bajo riesgo".
Objetivos del RD
El Ejecutivo asegura que su Real Decreto persigue tres objetivos fundamentales: "reducir costes de generación en estos sistemas, favorecer la competencia e incorporar señales de precio eficientes para los consumidores". Así -explica el Ministerio-, el régimen retributivo en estos territorios se basa en el establecimiento de instalaciones tipo "y la fijación de los parámetros retributivos revisables cada 6 años, como en el resto de actividades". El Ejecutivo sostiene que "este régimen favorecerá el mantenimiento y renovación de las centrales, por parte de sus titulares, convirtiéndolo en un modelo que prima la eficiencia tecnológica y de gestión".
El nuevo régimen establece asimismo "un procedimiento en concurrencia competitiva para otorgar el régimen económico a nuevas instalaciones, quedando restringida la participación a aquellos grupos empresariales que tengan más de un 40% del mercado en esos sistemas". Este Real Decreto completa el marco retributivo de las instalaciones de energías renovables, cogeneración y residuos aprobado durante el año 2014. La regulación de los mecanismos de despacho de las centrales posibilitará la incorporación de energía de origen renovable, abaratando el coste de generación en estos sistemas.
