Economistas frente a la Crisis considera que, "más allá de la complejidad de la estructura parlamentaria surgida de los comicios, sus resultados abren la puerta a un nuevo ciclo político que debe servir para realizar un giro sustantivo en nuestra política económica y social". Ese giro -dicen- debe colocarnos rumbo "a un crecimiento sostenible y equilibrado, a la creación de empleo de calidad y con derechos y a la recuperación de la protección y la cohesión social". Según este colectivo de intelectuales progresistas, "los resultados electorales del 20D muestran que la ciudadanía desea un cambio de políticas y que ha apostado mayoritariamente por opciones electorales que representan valores y políticas progresistas. Esto es un hecho que ni puede ni debe soslayarse y que, de hacerlo -sostienen-, defraudaría a la mayoría que ha votado para construir una nueva senda de progreso".
Se dan las condiciones
Economistas Frente a la Crisis cree que "se dan las condiciones –necesarias y suficientes- para iniciar un proceso en el que las fuerzas progresistas, desde el gobierno o desde el gobierno y la oposición al mismo tiempo, lleven a cabo ese cambio estratégico en las orientaciones de nuestra política económica". Este colectivo de intelectuales considera que ese cambio es "urgente", habida cuenta de que "España tiene hoy una deuda pública que ronda el 100% del PIB; el déficit público combinado de la Administración General del Estado y de la Seguridad Social es superior al de 2011; el nivel de empleo es inferior al del inicio de la legislatura y el paro se ha vuelto más crónico; se ha reducido el grado de protección de los desempleados; se ha extendido la precariedad laboral y, como resultado, se han incrementado drásticamente la desigualdad y la pobreza".
Causas
El think tank progresista insiste en su documento en que "el elevadísimo paro de larga duración, la caída e insuficiencia de los salarios, la insoportable y creciente precariedad laboral, la intensa caída de la cobertura de las prestaciones por desempleo, la insuficiencia de ingresos públicos para afrontar la consolidación de los pilares de nuestro estado de bienestar, el aumento de la pobreza, la intolerable pobreza infantil y los continuos desahucios son todos problemas que precisan de actuaciones inaplazables". Por todo ello, demandan de las fuerzas políticas de izquierda "que impulsen, sobre una base programática que es común a todas ellas, la puesta en marcha inmediata de un programa económico compartido". Ese programa -explican- debe contemplar, al menos, diez medidas: cinco, inmediatas; otras cinco, a poner en marcha en un plazo de seis meses.
Hoja de Ruta post 20D
En el documento que ha difundido hoy, en lo que se refiere a la energía, Economistas frente a la Crisis propone "promover una reforma energética basada en un uso creciente de las energías renovables y en el progresivo abandono de la energía nuclear, que tenga por objetivo la sostenibilidad en su doble dimensión económica y ambiental. Se trata, en definitiva -concluyen-, de abrir con decisión la puerta de la Transición Energética hacia una economía crecientemente descarbonizada". En todo caso, antes de las elecciones, este grupo de intelectuales ya hizo público un amplio documento -"Propuestas de Política Económica para la nueva legislatura 2015-2019"- en el que ya exponía detalladamente sus planteamientos en materia de política energética, que pasan por el autoconsumo con balance neto, la electrificación del transporte y la prohibición de la fractura hidráulica, entre otras cosas. Recogemos a continuación las propuestas energéticas que contiene ese documento.
El sector eléctrico, llave de una política energética progresista
La regulación vigente del sector eléctrico nos ha situado entre los países de la UE con una electricidad de mayor coste para los consumidores, dicen los Economistas. Esta situación, débilmente enmascarada y, al mismo tiempo, agudizada por el déficit de tarifa, encorseta cualquier cambio de rumbo que quisiera darse a la política energética que ha realizado el Gobierno del Partido Popular: una política que, para escapar de la insostenibilidad económica en la que se encuentra empantanado el modelo regulatorio vigente, recurrió al “parón renovable”; que persigue intensificar la exploración de hidrocarburos no convencionales (shale-gas y shale-oil) con tecnología fracking (fracturación hidráulica) y que defiende la prolongación de las licencias de explotación de las centrales nucleares… mientras aplica y mantiene medidas retroactivas sobre la regulación retributiva que orientó a los inversores en tecnologías renovables a tomar decisiones y ejecutar sus inversiones.
El panorama es completamente desalentador. Sólo abordando una profunda reforma del marco regulatorio vigente podremos abrir la puerta a una política energética que tenga por objetivo la sostenibilidad en su doble versión económica y medioambiental, con capacidad para contribuir al cambio del modelo productivo aportando independencia energética (por razones de balanza de pagos y de seguridad en el suministro), tejido industrial y empresarial, innovación tecnológica, empleo de calidad y elementos eficaces para la contención del cambio climático de origen antropogénico. El sector eléctrico es una de las llaves que debe abrir la puerta de una decidida Transición Energética hacia una economía descarbonizada.
Algunos elementos de la "reforma necesaria" son, según Economistas frente a la Crisis
• Recuperación, para cada activo de generación, del marco regulatorio retributivo bajo el cual los inversores decidieron y ejecutaron las inversiones. Se trata de restaurar la seguridad jurídica para los inversores en las tecnologías renovables y para los consumidores. Una apuesta, en definitiva, por el futuro.
• Establecimiento de un mercado de subastas por tecnología para las nuevas inversiones en renovables y potencia firme. La modularidad de las tecnologías renovables exigirá mantener un sistema de tarifas públicas (feed-in-tariff) para las pequeñas centrales y para los excedentes de los autoconsumidores. Se trata de terminar con el falso paradigma del precio único de la electricidad, que esconde la enorme diversidad de tecnologías, combustibles, fuentes primarias energéticas y externalidades positivas y/o negativas que hay detrás de cada kilovatio hora (kWh).
• Retribución establecida mediante concursos competitivos para las nuevas inversiones en el transporte de electricidad.
• Comercialización libre y transparente.
• Determinación de los costes de la generación extrapeninsular mediante despacho económico gestionado por Red Eléctrica de España como Operador del Sistema y auditorías bajo normas de general aceptación.
• Tarifas horarias para los pequeños consumidores establecidas por los precios de un mercado de nuevo diseño –subastas por tecnología para las nuevas inversiones / costes estándares para las viejas tecnologías / precios de mercado para las centrales térmicas / contratos por diferencia- que replique el coste del mix energético, frente a las actuales tarifas fijadas horariamente por un mercado marginalista.
• Regulación, bajo un régimen de derechos y obligaciones no discriminatorio, de la libertad de inversión en instalaciones de generación destinadas al autoconsumo individual o colectivo. Los excedentes de la generación destinada al autoconsumo y vertidos a la red serían retribuidos al precio correspondiente a la tecnología generadora de acuerdo con los costes de su curva de aprendizaje. De esta manera, el autoconsumo se incardinaría en la más eficaz contribución a la eficiencia energética al empoderar a los ciudadanos frente al poder del oligopolio eléctrico.
• Realización de una auditoría regulatoria que identifique las deudas pendientes de determinar y de liquidar de las empresas eléctricas con el sistema eléctrico, en particular, las que correspondan al exceso de costes de transición a la competencia pagados por los consumidores cuya cifra se situaría próxima a los 3.000 M€.
• Revisión de las concesiones de explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos y, en su caso, proceder a su rescate.
• Puesta en marcha de una política energética decidida a favor de la Transición Energética, que necesariamente pasa por la electrificación del transporte -el sector difuso más contaminante-, por la prohibición de nuevas exploraciones de materias energéticas fósiles, por la minimización de la generación eléctrica en centrales de carbón -en especial de carbón importado- y por el cierre de las centrales nucleares al final de su vida de licencia: comenzando por la no reapertura de Garoña en 2016, siguiendo por el cierre de Almaraz 1 en 2020 y de todas las demás hasta el cierre de la última, Trillo, en 2028. Se trata de una apuesta por tecnologías renovables, que son el futuro, para lo que es necesario despejar su desarrollo con el cierre escalonado de las tecnologías del pasado.
• Eliminación de toda norma que encarezca el suministro de electricidad, que duplique la retribución de servicios ya retribuidos por otras vías o que sustente actividades de baja aportación al valor añadido del suministro de electricidad. En concreto, revisar la actual separación entre Operador del Sistema y Operador del Mercado con objeto de identificar disfunciones y mejoras de eficiencia en la operación técnica y económica del sistema eléctrico. En contraste con la regulación vigente, las reformas que aquí se proponen suponen, en definitiva, una auténtica liberalización del sector eléctrico, que se concreta en una reivindicación del mercado como mecanismo eficiente de asignación; una reivindicación de la regulación frente a los fallos del mercado y frente al intervencionismo arbitrario; y, por fin, un aumento de la presencia del Estado en el Sector Eléctrico (a través de las instituciones públicas competentes: Gobierno y órganos reguladores, y de Red Eléctrica de España SA, como operador del sistema) con nuevas responsabilidades en la regulación y gestión del Sector Eléctrico. En concreto, tres: establecimiento, seguimiento y control del Índice de Cobertura de la demanda de electricidad; planificación del mix tecnológico de generación eléctrica y convocatoria de las subastas tecnológicas necesarias a tal fin; y gestión de las reservas y del almacenamiento hidroeléctrico con criterios de optimización hidrotérmica.
