La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se reunió el pasado viernes con representantes de la Plataforma Tercer Sector pertenecientes a las organizaciones Cruz Roja, Cáritas, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) y Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (la Plataforma representa a casi 28.000 entidades sociales). Durante el encuentro, la vicepresidenta ha explicado a los presentes que, debido a la complejidad de la situación actual como consecuencia de la Covid19, es necesario “estar vigilantes sobre las garantías de suministros que necesitan ser reforzadas”. En ese sentido, Ribera ha reiterado el compromiso del Ministerio, que “ha trabajado de manera constante -asegura- en la aplicación y el desarrollo de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética”. La vicepresidenta ha anunciado, entre los siguientes pasos para reforzar las medidas de protección, la prohibición de cortes de suministro de electricidad, gas y agua a todos los consumidores vulnerables mientras dure el estado de alarma.
Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta del Gobierno: “existen ya garantías, incluidas las que prohíben el corte de suministros a consumidores vulnerables. Ahora vamos a fortalecer y extender, no solamente a los consumidores vulnerables en riesgo de exclusión, sino al conjunto de los consumidores vulnerables en todas sus categorías, la prohibición del corte de suministros de electricidad, gas y agua durante el periodo que resta hasta el final del estado de alarma. Y seguimos trabajando para fortalecer, agilizar y facilitar el cumplimiento y el desarrollo de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética”
Ribera ha recalcado que la lucha contra la pobreza energética y la protección de los consumidores vulnerables es un fenómeno complejo cuya aproximación demanda "un análisis multidisciplinar y actuaciones coordinadas desde todas las Administraciones". Por ello, el Ministerio trabaja con los interlocutores sociales, la Federación Española de Municipios y Provincias y los proveedores de suministros. En ese sentido, el encuentro con los agentes del Tercer Sector no es el primero ni va a ser el último: "hemos acordado seguir viéndonos de manera regular para facilitar una respuesta más eficaz de protección de los colectivos vulnerables”, ha asegurado la vicepresidenta.
Por su parte, la Plataforma del Tercer Sector asegura ha tendido la mano a Ribera para colaborar en la implementación de medidas contra la pobreza energética y ha puesto sobre la mesa "la necesidad de que las entidades sociales sean consideradas colaboradoras de la Administración General del Estado para que, cuando sea necesario, puedan actuar como mediadoras sociales para determinar situaciones de vulnerabilidad, siempre respetando -han recalcado desde la Plataforma- los servicios sociales y el carácter público de los mismos, pero intentando evitar una falta de respuesta administrativa ante la situación de emergencia actual y la enorme demanda generada por el virus”.
El Ministerio repasa sus actuaciones en materia de pobreza energética
• Otoño de 2018
El primer Gobieno Sánchez aprobó en octubre de 2018, apenas tres meses después de constituido, el Real Decreto-ley 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y protección de los consumidores. En concreto, amplió la prohibición de corte de suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años, una persona con un nivel de discapacidad del 33% o superior o una persona en situación de dependencia en Grado II y III. Estas circunstancias no estaban contempladas en la anterior regulación del bono y se suman a la prohibición de corte de suministros a los consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social.
Asimismo, y con el objeto de que más familias monoparentales puedan acceder al bono social, se determinaron criterios de renta específicos para estos colectivos, más susceptibles al riesgo de pobreza energética, especialmente en el caso de las mujeres: el 85% de los hogares monoparentales tienen al frente a una madre. El umbral de renta máximo para que una familia monoparental pueda acceder al bono social se incrementó en 0,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) respecto al de las familias biparentales.
El límite de consumo de energía con derecho a descuento se amplió un 15% con dos objetivos: compensar los incrementos de precios y acercarlo más a los consumos reales de los hogares más vulnerables. Asimismo, se flexibilizó el cómputo de consumo anual con derecho a descuento que se liquidaba cada mes. Desde entonces, la energía con derecho a descuento no consumida un mes puede utilizarse en otro momento. Se facilita así la protección de los hogares durante los meses de mayor consumo, que suelen corresponderse con los de temperaturas más bajas.
Además, y para ampliar la protección de los beneficiarios del bono social eléctrico, el Ejecutivo creó un bono social térmico, una ayuda económica directa para que los hogares vulnerables puedan hacer frente a sus gastos de calefacción, agua caliente o cocina con independencia del combustible que utilicen. Todos los beneficiarios del bono social eléctrico tienen derecho a percibir el bono social térmico.
• Primavera de 2019
El 5 de abril de 2019 el Ministerio aprobó la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética con una serie de objetivos y líneas de acción a desarrollar en ese periodo. Entre ellas, la creación de un nuevo bono social energético único para todos los consumos, que el Gobierno está ultimando y el desarrollo de la figura del mediador social. La Estrategia diagnosticó el fenómeno de la pobreza energética en España y estableció un sistema de indicadores para medición. Además, se definió por primera vez la figura del consumidor vulnerable en la normativa española.
• Primavera de 2020
Para hacer frente al impacto de la pandemia del Covid19, el 17 de marzo de 2020 el Gobierno aprobó, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el Real Decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias, que prohibía el corte de suministro de electricidad, agua y gas natural a todos los consumidores. Esta medida se extendió hasta el 30 de septiembre de 2020.
• Otoño de 2020
A partir del 1 de octubre entró en vigor un nuevo supuesto del bono social eléctrico para proteger a los consumidores vulnerables afectados por la pandemia del Covid19 con el objetivo de acelerar y anticipar el reconocimiento de vulnerabilidad a los afectados por esta crisis.
La principal novedad de este nuevo supuesto es que basta con una declaración responsable del titular para acceder a la prestación. Esto facilita que todos los hogares que lo necesiten puedan disponer del bono social de forma inmediata. La medida se prolongará hasta el 30 de junio de 2021. Entonces, el Gobierno dispondrá de los datos de renta correspondientes a 2020 y no será necesaria la declaración responsable.
La reunión del pasado viernes -informa el Gobierno- se enmarca en el diálogo permanente que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico mantiene con comunidades autónomas, entidades locales, y organizaciones sociales. El Ejecutivo asegura que la protección de colectivos y consumidores vulnerables, en aplicación de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, es una línea de acción prioritaria del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico desde su creación.
