El reconocimiento de un "consumo mínimo vital" de energía es una de las principales reivindicaciones de colectivos vulnerables en España para asegurar una transición justa, según las conclusiones del proyecto Transición Energética Justa para Todos (o FETA por sus siglas en inglés), presentadas por la Fundación 1 de Mayo, organización sin ánimo de lucro adscrita a CCOO.
Este consumo mínimo vital, que debe ser asegurado por los gobiernos nacionales, tiene que ser universal, definido, razonable, suficiente, sostenible y acorde con el clima de cada lugar, para garantizar que las necesidades energéticas básicas de todas las personas quedan satisfechas en el actual contexto de emergencia climática y de constantes incrementos de precios, sostiene la Fundación.
116 participantes de colectivos vulnerables
La Fundación 1 de Mayo ha mantenido diálogo con 116 personas de colectivos vulnerables que participaron en 10 grupos focales realizados en diferentes localidades españolas en 2021, y donde se recogieron las principales inquietudes en materia de vivienda y transporte de las personas participantes.
Esas inquietudes fueron debatidas con un grupo de catorce expertos en materia de energía y movilidad procedentes de diferentes ámbitos (institucional, ONGs, académico...), quienes elaboraron recomendaciones de políticas públicas para atajar esas problemáticas en un contexto de emergencia climática. Esas recomendaciones fueron de nuevo consultadas con los participantes de colectivos vulnerables para adecuarlas a sus necesidades.
Derechos o mercancías
El acceso y uso de la energía, es una de las principales demandas entre los colectivos más vulnerables. El derecho a la energía no está explicitamente reconocido en la Constitución española, pero sí forma parte de los elementos tipificados como condiciones del derecho a una vivienda adecuada, establecidos en la Observación General nº 4 de Naciones Unidas de 1991, y más recientemente la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó en 2015 la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, cuyo Objetivo nº 7 se dedica a “garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos”.
Pablo J. Moros, técnico de Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS-F1M), perteneciente a la Fundación 1 de Mayo: "Una de las demandas que más se ha repetido es la consideración del acceso y uso de la energía, y el acceso a una vivienda digna y energéticamente eficiente, como derechos fundamentales y no como mercancías sujetas a la especulación de los mercados".
Recomendaciones
Entre las recomendaciones propuestas en el Informe, se incluyen también medidas como la concesión del bono eléctrico social de manera automática por criterios de renta, el IVA superreducido permanente para la electricidad (4%), o la mejora de las infraestructuras de transporte público, así como facilitar su uso por parte de colectivos vulnerables, con tarjetas de transporte únicas válidas para todos los modos y para cualquier lugar de la geografía nacional.
Preocupación medioambiental
Los participantes en los grupos focales, destacaron la importancia de las actuaciones en materia medioambiental, sin dejar de señalar que la mayor responsabilidad recae en las personas de mayor nivel de riqueza y las propias empresas, indican desde la Fundación 1 de Mayo.
Vicente López, director de la Fundación 1 de Mayo: "Lo que consideran absolutamente inadmisible es que las medidas para la transición energética puedan suponer un mayor empobrecimiento de la población más vulnerable”.
A la presentación de los resultados del proyecto, le ha seguido un debate sobre los resultados al que han asistido Soledad Montero, del área de Energía de la de la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU); Hector Tejero, diputado de la Asamblea de Madrid por Más Madrid; Héctor Morán, asesor del Ministerio de trabajo y Economía social, Graciela Ferrer, diputada de Compromís en las Cortes Valencianas y Efraim Centeno, director de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad De Comillas.
El informe final del proyecto recoge un total de 17 reivindicaciones que la Fundación 1 de Mayo hará llegar a representantes políticos de los diferentes niveles de la administración y los diversos organismos políticos con capacidad para implementar esas recomendaciones.
Proyecto Transición Energética Justa para Todos -FETA-
Es una iniciativa europea liderada por la King Baudouin Foundation (Bélgica) y financiado por un consorcio de grandes fundaciones europeas (Network of European Foundations NET), se está desarrollando en nueve países europeos y busca dar voz a la parte de la sociedad que, por la precariedad de su situación socioeconómica, queda al margen del debate sobre la transición energética y sus consecuencias. La Fundación 1º de Mayo, a través de su Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS-F1M), ha sido seleccionada como organización aliada en España.
