El País desveló ayer que el fiscal Luis Rodríguez Sol, el mismo del caso Bankia, ha empezado a tomar declaración a responsables de Energía entre 2007 y 2010, con el Gobierno del PSOE, en una investigación para aclarar si perdonó a las eléctricas una deuda de entre 2.500 y 3.500 millones de euros.
“La Fiscalía ha llamado a declarar en una investigación secreta a, como mínimo, tres abogados del Estado y a un exdirector general de Energía”, según fuentes conocedoras de la investigación citadas por el diario.
La clave es conocer por qué nunca reclamaron a las eléctricas que devolvieran lo cobrado de más por los CTC pese a que un informe de la Abogacía del Estado de marzo de 2008 así lo avalaba. Las eléctricas siempre han negado que hubiera pagos por encima de lo que marcaba la ley.
El 3 de junio de 2013, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético denunció en Anticorrupción “la puerta giratoria de los políticos y el sector eléctrico. Un mes después amplió la denuncia a un supuesto delito de malversación por haber permitido que las eléctricas cobraran a los ciudadanos 3.400 millones de más en los CTC”.
Jorge Morales, uno de los impulsores de la denuncia, opina que “Industria debió liquidar los CTC, pedir la devolución de los 3.400 millones y cambiar el sistema retributivo de estas instalaciones. No es algo pasado, sino algo que afecta al precio de 27 millones de consumidores”.
El caso arranca en 1997, cuando el Gobierno del PP, al liberalizar el mercado eléctrico, creó los CTC como un sistema de compensación a las eléctricas para garantizarles el pago por inversiones que el Gobierno obligó a acometer a las eléctricas mientras el sector estuvo regulado. Desde entonces han sido numerosas las ocasiones en las que empresas del sector de las renovables y organizaciones de consumidores, ecologistas, etc, han denunciado irregularidades en torno a estos pagos.
La Comisión Nacional de la Energía (CNE) recordó en informes que no se había producido la liquidación definitiva. Según publicó Cinco Días en 2008, la CNE elevaba lo cobrado de más a 3.393 millones repartidos así: Endesa, 1.562 millones; Viesgo, 432 millones; Cantábrico, 155 millones; Fenosa, 276 millones e Iberdrola, 1.159 millones. Mientras, Elcogás cobró de menos 191 millones.
Pero la historia de las denuncias que los órganos reguladores han impuesto a las empresas energéticas tienen casi siempre el mismo final: se recurren una y otra vez, prescriben, se olvidan y rara vez acaban en sanciones. En mayo de 2011, la entonces Comisión Nacional de la Competencia impuso a las grandes eléctricas una multa de 61 millones de euros por fijar precios y dificultar la apertura del mercado. La Audiencia Nacional suspendió temporalmente su pago cinco meses después.
• Para escándalo, el energético. Editorial de Energías Renovables.
