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Andalucía pide un régimen transitorio 2014-2020 para las energías renovables

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El Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado, informó ayer en el Parlamento regional de las alegaciones presentadas por la Junta ante el Gobierno central relativas a la normativa que regula las retribuciones de las renovables. Entre otras cosas, Andalucía solicita "hasta 2020 un régimen retributivo transitorio que garantice la viabilidad, el mantenimiento de inversiones y empleo en las instalaciones de producción energética de fuentes renovables ya operativas en la comunidad".
Andalucía pide un régimen transitorio 2014-2020 para las energías renovables

El consejero Sánchez Maldonado, que presentó en el Parlamento autónomo un análisis de la política energética que desarrolla el Ejecutivo central y los efectos de la subida de la electricidad, ha explicado que "esta transitoriedad implicaría la no retroactividad de los parámetros retributivos finalmente marcados por el Gobierno central, y una especial sensibilidad hacia las tecnologías e instalaciones cuyas nuevas retribuciones se alejen de las recibidas en la normativa anterior". La Consejería de Economía ha realizado esta solicitud en el documento de alegaciones a la propuesta de la "Orden por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos", remitida el pasado tres de febrero desde la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) y que desarrolla el Real Decreto pendiente de publicación que regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos.

La Marca España, en entredicho
El consejero ha señalado que la aprobación de esta norma pondría en riesgo el cumplimiento de los compromisos europeos suscritos por España "y generará una inseguridad jurídica que afectaría a los inversores ya presentes en territorio andaluz, al reducirse el régimen retributivo drásticamente". Frente a ello, Sánchez Maldonado ha apuntado como necesario "extremar la prudencia" para evitar "un desprestigio para la imagen exterior de España y Andalucía como destino inversor". Según la consejero, además, el hipotético cierre de plantas derivado de una caída en su rentabilidad produciría por otra parte un efecto doble negativo: el encarecimiento de la energía y la disminución de la independencia energética, "en la que se han dado pasos muy importantes durante la última década". El titular de Economía ha expresado una especial preocupación por las instalaciones de cogeneración del territorio andaluz, para las que el Ejecutivo Central prevé una disminución en sus retribuciones. Lo mismo sucede con las plantas de biomasa, para las que la Junta reclama una consideración especial por su valor estratégico: de fijación de población en áreas rurales y de eliminación de residuos "tan importantes como los procedentes del olivar".

El precio de la electricidad
Respecto a los precios de la electricidad y las últimas decisiones tomadas al respecto por el Gobierno de España, Sánchez Maldonado ha reclamado al Ejecutivo central un precio de la energía competitivo y razonable para los ciudadanos y las empresas. El consejero ha recordado que, a pesar de ser la energía un bien básico y uno de los principales factores de competitividad, la evolución de los precios energéticos ha conducido a que España tenga una de las electricidades más caras de Europa (según Eurostat, en los últimos cinco años el precio del kilovatio/hora se ha incrementado un 63%, mientras en la Zona Euro subió un 29%), lo que sitúa al país como sexto de la Unión Europea con las tarifas domésticas más caras (un 11,2% superior a la media). Para Sánchez Maldonado, la política energética que está desarrollando España, además de no solucionar el problema del déficit tarifario ni los incrementos del precio de la electricidad, está suponiendo una pérdida de renta para las familias, "cada vez más castigadas por recortes y subidas de impuestos", y una pérdida de competitividad para las empresas, "especialmente para aquellas cuyos costes de producción dependen en gran parte de costes energéticos".

Doblando el precio
El consejero Sánchez Maldonado ha repasado en el Parlamento andaluz las últimas decisiones adoptadas por el Gobierno central en materia de política energética. Así, ha citado la paralización en diciembre de la subasta que servía para fijar la tarifa durante el primer trimestre (subasta que, según el Gobierno, abocaba a una subida de tarifa del 11%); la nueva Ley del Sector Eléctrico, que se aprobó el 26 de diciembre, y que mantenía y mantiene el actual mercado mayorista y las subastas; la subasta, modificada un día después de la aprobación de la Ley del Sector Eléctrico por un Real Decreto Ley para establecer un mecanismo transitorio; y la aplicación de una nueva reforma que establece que, a partir del 1 de enero, el término de potencia del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor PVPC (la antigua tarifa de último recurso o TUR) sube un 18%, hasta los 42,04 euros por kilovatio. Estas medidas, ha dicho el consejero de Economía, "dibujan un escenario que encarece el doble la tarifa contratada respecto a hace un año y desincentiva el esfuerzo del consumidor por reducir el gasto en electricidad, ya que la mayor parte de lo que paga es una cuantía fija que no varía independientemente de lo que consuma".

Injusta e ineficaz
Dado todo lo susodicho, el consejero ha calificado la reforma del Ejecutivo Rajoy como "injusta e ineficaz" y ha denunciado en el Parlamento regional que esas medidas van a propiciar un encarecimiento de la energía que va a afectar, "sobre todo, a aquellas familias que están en una débil situación económica". Sánchez Maldonado ha aludido además a la paralización de la subasta, que ha calificado de abrupta, y a la propuesta que ha hecho Industria "de nuevo sistema de fijación del precio de la energía para los consumidores acogidos al precio voluntario para el pequeño consumidor". Esa propuesta supone que el precio de la energía ya no lo fijará trimestralmente la subasta, sino que ahora se fijará en función de la cotización del mercado mayorista. En lo que a este extremo se refiere, Sánchez Maldonado ha destacado que el Gobierno andaluz coincide en que la fijación de precios no puede realizarse por el régimen de subastas, pero matiza que la propuesta de nuevo sistema "no puede asegurar la bajada de tarifa", tal y como ha presumido el Ejecutivo central, pues lógicamente -explica Maldonado- el precio dependerá de cómo cotice el pool (mercado mayorista) energético.

Pacto de Estado
Ante este panorama, el consejero ha reclamado "un gran Pacto de Estado" presidido por el diálogo con el sector y las comunidades autónomas y que sirva para vertebrar una política energética "orientada a la sostenibilidad socioeconómica y medioambiental". Y, así, ha pedido al Ejecutivo central que "reconsidere las medidas que deben abordar las causas del déficit, más allá de una visión cortoplacista, y establezca un modelo energético nacional menos dependiente del exterior, con precios competitivos y razonables para empresas y ciudadanos, y sostenible económica y ambientalmente". Por fin, Sánchez Maldonado ha adelantado algunas de las líneas maestras de la futura Hoja de Ruta del sector energético andaluz 2014-2020. Entre ellas, medidas medidas que impulsen al sector de las renovables, prioricen la rehabilitación y eficiencia energética de los hogares, mantengan y amplíen el ámbito de actuación del bono social (y lo extiendan a otro tipo de energía doméstica, como el gas natural y el butano), mejoren la capacidad de pago de los hogares afectados por la pobreza energética, y, por fin, garanticen una mejor atención de las empresas energéticas a los consumidores y el acceso a la información de los telecontadores inteligentes.

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