Todos ellos dispusieron de diez minutes para exponer por qué han decidido apoyar esta Iniciativa Legislativa Popular, que una vez superados los trámites parlamentarios está ya en la fase de la recogida de las 500.000 firmas que necesita para prosperar.
La mejor respuesta
Javier García Breva, que intervino en primer lugar, después de que Sergio Muñoz explicara en qué consiste la Iniciativa, aseguró que “la ILP es la mejor respuesta en estos momentos al déficit democrático del Partido Popular”. Y añadió: “La reforma energética está caminando entre la estupidez, la ignorancia (..) y el déficit democrático, que impide que la sociedad pueda conocer el precio real de la electricidad y los costes de las tecnologías que la producen”.
Respecto al reiterado ataque a las renovables por parte del gobierno y las empresas de Unesa, Breva aportó numerosos datos que demuestran lo errado y peligroso de esta política. Entre otros, el ahorro que estas tecnologías suponen para el sistema eléctrico, ya que por cada euro que han recibido en primeras entre 2005 y 2012 han devuelto al sistema 1,2 euros. Otro dato aportado por Breva, y como el anterior recogido en el último estudio, de APPA, es que las importaciones de combustibles fósiles en ese mismo periodo nos costaron 7,5 veces más que las primas a las renovables.
El experto en energía y ex presidente del IDAE alertó, asimismo, sobre la “burbuja” que se está produciendo en el gas natural, cuyo déficit “crecerá por encima de los 3.000 euros antes de que acabe 2014”, según aseguró; y señaló los pagos a nucleares, carbón y ciclos combinados como los principales causantes del déficit.
Dos etapas
“Los costes reconocidos no tienen porqué ser los reales”, destacó el siguiente orador, Jorge Morales de Labra. El experto en mercado eléctrico y director general de Geoatlanter puso el acento en que “los sucesivos gobiernos han reconocido esos costes sin auditarlos” y en que la fijación de los precios se ha venido realizando por motivos electoralistas.
Morales explicó que en la formación el déficit de tarifa se distinguen dos etapas. En la primera, hasta 2009, el déficit se disparó por culpa de la enorme subida que se había producido en el precio del petróleo, sin que ese incremento fuera recogido. En la segunda, a partir de 2009, el recibo se dividió en dos tramos: costes regulados y costes de mercado, imputándose el déficit de tarifa solo al tramo regulado. Y de los 37.500 millones de déficit acumulado en 2012, casi 17.000 corresponden a las estimaciones del mercado liberalizado, señaló.
Para Morales, la auditoría del mercado eléctrico es imprescindible, y su consejo es empezar por auditar los costes de energía extrapeninsulares, que fueron de unos 1.600 millones en 2012.
¿Quién teme a la fotovoltaica?
El abogado Juan Castro Gil se mostró convencido de que la aparición de la fotovoltaica ha sido el detonante de lo que está sucediendo. “A finales de 2008 aparecen 55.000 pequeños inversores que invierten en FV”. y ahí empieza la agresión. Según el secretario general de Anpier, no por un problema de lo que habría que pagar a estos productores, ya que el precio iba a ir rápidamente disminuyendo, sino porque “no se quiere permitir de ninguna manera que haya en poco tiempo otros 55.000 productores fotovoltaicos”.
Castro también criticó la política de “puertas giratorias”, identificando, con nombres y apellidos, a los muchos ex altos cargos políticos que, a partir de ese momento, empezaron a entrar en los consejos de administración de las grandes compañías eléctricas. “El negocio se les empezaba a ir de las manos”, dijo y recordó que el primer recorte lo introdujo el ex ministro Sebastián, decidido a impedir que se siguieran “echando semillitas” en la maceta de la FV porque “ese tiesto tiene otros dueños”
¡Basta ya!
Francisco Valverde, presidente de Anae, aseguró que “el oscurantismo de la factura eléctrica es intencionado”, y puntualizó que, según el déficit reconocido, “cada familia española debe mil euros a las eléctricas”. Por tanto, dijo, “si se nos piden esos mil euros, es absolutamente razonable querer saber, con detalle, hasta el último céntimo, de donde sale esa deuda”.
Los ciudadanos debemos plantarnos y decir a los políticos: ¡Basta ya”. Ese es el consejo de Valverde, que calificó el actual sistema eléctrico de “insostenible”, y de ir “contra todo y contra todos”.
José Luis García, de Greenpeace, recordó que el gran problema de nuestro modelo energético es que “nos está abocando a un cambio climático que hará inviable la vida en el planeta”. El experto en energía indicó que según un estudio que ayer mismo publicaba Greenpeace en su página web (“Atrapados en el pasado”), quienes está defendiendo que no haya más objetivos en energías renovables son los líderes de las grandes eléctricas europeas, temerosos de que el cambio acabe con su negocio.
Ana Etchenique Calvo, vicepresidenta de la CECU, aseguró que la confianza de los consumidores en la Administración se ha roto y denunció el estado de indefensión en que nos encontramos; no solo ante la tarifa eléctrica, sino ante la imposibilidad de recibir una información objetiva y veraz y el ninguneo de la Administración hacia las asociaciones de consumidores.
“No somos siervos ni vasallos”
“Estamos como en una sociedad feudal”, dijo el último orador, Elpidio José Silva, que centró su exposición en las claves jurídicas relacionadas con el déficit de tarifa. “El precio es un concepto liberador en cuanto es pagado, pero en el caso de la energía esto no es así, es un concepto de vasallaje propio de la Edad Media, ya que el pago de un recibo no libera de la deuda generada durante años”.
De acuerdo con el juez, que ha pedido la excedencia para presentarse a las elecciones europeas por el Movimiento de Renovación Democrática de la Ciudadanía (Red), son las eléctricas, en realidad, las que nos deben dinero a los ciudadanos, porque el déficit está mal calculado. “Entre 4.000 y 5.000 euros a cada ciudadano”, en concreto, de acuerdo con Silva, que culpó a los gestores de hacernos creer que las eléctricas han cobrado de menos al consumidor y ahora deben repararlo, cuando el problema ha sido el “circo” que se ha montado con la continua mezcolanza de intereses políticos y eléctricos
El magistrado y profesor universitario se mostró igual de rotundo al afirmar que “la luz no se puede cortar”, porque “es un servicio público esencial, de la misma manera que no se puede dejar de atender una urgencia sanitaria sin caer en el delito de homicidio u omisión de socorro”. Las eléctricas, explicó, “tienen derecho a cobrar, pero no a cortar… Para eso están los embargos judiciales y otros procedimientos administrativos”.
A la presentación de la ILP asistieron más de doscientas personhas y otras 500 la siguieron por internet. Concluyó con la intervención del presidente de Asece, quien anunció que en breve darán a conocer las notarías a las que se podrá acudir para firmar la ILP si se prefiere hacerlo en persona y no mediante firma electrónica, sistema que ya está operativo desde hace un mes.
