La presentación se hizo durante la reunión de la Comisión Interministerial de Cambio Climático (CICC), un órgano colegiado integrado por nueve ministerios, y al que le corresponden las funciones de seguimiento y propuesta de las diferentes políticas relacionadas con el cambio climático para facilitar el cumplimiento de España con sus obligaciones en esta materia, tanto en el ámbito de la mitigación como en el de la adaptación.
Beneficios ambientales, sociales y económicos
Prevé 12 medidas para el sector del transporte, por ejemplo, mediante el fomento del transporte colectivo y otros modos sostenibles de movilidad; otras 10 para el sector de la edificación, mediante la rehabilitación de edificios y 9 para el sector
agrícola y ganadero, que incluyen mejoras en fertilización.
Además, recoge otras 7 medidas para el sector de los residuos vinculadas a la reducción del desperdicio alimentario; 3, para el de gases fluorados y 2 para el sector industrial no sujeto al comercio de derechos de emisión y que están relacionadas con la mejora de la eficiencia y el cambio a combustibles menos emisores.
Estas actuaciones se analizan tanto por su potencial de mitigación de emisiones como por sus costes y los beneficios asociados que puedan producir, en el ámbito de la generación de empleo y de la actividad económica.
Según las primeras estimaciones, el empleo asociado a la implementación de estas medidas alcanza los 45.000 puestos de trabajo anuales, mientras que la inversión (tanto pública como privada) ascendería a unos 27.000 millones de euros hasta 2020 y los ahorros anuales acumulados hasta ese año se calculan en unos 21.000 millones de euros.
Objetivos nacionales y europeos
“Esta Hoja de Ruta debe ser la herramienta para la toma de decisiones en cuanto a las políticas y medidas a adoptar para cumplir nuestros objetivos nacionales en 2020”, ha destacado la ministra, quien ha enmarcado esta iniciativa en el compromiso inmediato de España en materia de energía y clima.
El actual Paquete de Energía y Cambio Climático de la Unión Europea obliga a reducir las emisiones de CO2 en un 20% respecto a 1990, para el conjunto de la Unión. Este objetivo conjunto, se traduce en un objetivo específico para cada país, que solo afecta a los sectores difusos. En el caso de España, el objetivo de reducción es del 10% de nuestras emisiones en este ámbito en 2020 respecto a 2005.
En paralelo, y en el ámbito de Naciones Unidas, la Unión Europea decidió en la cumbre de cambio climático de Doha (Catar) asumir un compromiso –en el marco del segundo periodo del Protocolo de Kioto (2013-2020)–, con un objetivo conjunto de reducción del 20%.
Isabel García Tejerina resaltó que las medidas incluidas en la Hoja de Ruta se han acordado en grupos de trabajo de la Administración General del Estado, de la Administración Autonómica y Local, junto con expertos sectoriales, y que, además, han sido consultadas más de 40 organizaciones, entre las que se encuentran universidades, asociaciones, sindicatos, cooperativas y empresas especializadas.
Un primer paso
Una de esas organizaciones, Amigos de la Tierra, ya ha dado la “bienvenida” al plan inicial y ha pedido su “implementación inmediata, dado que por fin España cuenta con una herramienta que se aproxima a los presupuestos de carbono, es decir, el establecimiento de un tope a las emisiones de cada sector en un periodo de tiempo determinado en función de su capacidad y responsabilidad en el cambio climático, en aras de alcanzar un objetivo global”.
Según Amigos de la Tierra este tipo de medidas “son de indispensable aplicación, monitorización y cumplimiento, más aún cuando España no ha alcanzado el objetivo de reducción de emisiones marcado por el Protocolo de Kioto y cuando la UE carece de objetivos ambiciosos en la Unión Europea para el año 2020”.
“España sigue muy lejos de una estrategia global e integrada en la lucha contra el cambio climático. La aprobación de la Hoja de Ruta de los Sectores Difusos supone un primer paso, pero el Estado y las comunidades autónomas deben ampliar esta línea de trabajo. Tal y como exigimos con la campaña SOS Clima, necesitamos calcular el presupuesto de carbono anual de los sucesivos periodos a corto plazo de las próximas décadas, que nos permitan cumplir con objetivos acordes a las recomendaciones científicas de mitigación del cambio climático, no solo en los sectores difusos, sino en todos”, ha señalado Alejandro González, responsable de clima y energía de Amigos de la Tierra.
Amigos de la Tierra considera que las medidas previstas para los sectores difusos deben ser ampliadas e involucrar a la totalidad de las instituciones para convertir la lucha contra el cambio climático en una prioridad transversal en todo el país, las regiones y para todas las competencias. “Esto se puede conseguir únicamente con la implantación de una Ley de cambio climático basada en presupuestos de carbono, para hacer legalmente vinculante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero”.
