En Madrid, el 62% del transporte se realiza en automóvil, según un reciente estudio realizado por Siemens. No es un caso aislado: la congestión del tráfico supone un problema en muchas más ciudades españolas. En la ciudad de Barcelona, por ejemplo, se pierden en promedio 31 minutos más de lo normal en llegar al trabajo, lo que supone 119 horas improductivas al año. Esta situación tiene un impacto económico directo en España de más 840 millones de euros al año, según un reciente informe sobre atascos y contaminación en grandes ciudades publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Fedea.
Esta situación se agrava por las características del parque automovilístico español, con 12 años de edad media y sólo un 23% de los vehículos cumplen con buenos estándares de emisiones (distintivo 0, ECO ó C), según datos de la DGT. Esta situación se repite en toda Europa, donde en numerosas ciudades se superan los límites de contaminación del aire, en concreto de NOx y PM10; en Madrid ha dado lugar a varias situaciones de emergencia medioambiental (fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente). La derivada fundamental de la mala calidad del aire es el impacto en la salud de la población más sensible, que según la Unión Europea es causante de la muerte prematura de medio millón de personas al año.
El puzzle administrativo
Los organismos públicos son los que tienen que garantizar ambos derechos de movilidad y salud pública, pero el puzzle de competencias e implicaciones a todos los niveles dificulta enormemente la toma de acciones eficaces y eficientes. Desde el punto de vista legislativo son las corporaciones locales las que tienen competencias para regular medio ambiente y movilidad, por supuesto cumpliendo las normas de rango superior, de Comunidad Autónoma o Estado.
Pero, incluso a este nivel, existen decisiones que implican a consejerías de Interior (por la gestión del tráfico), Industria (por el impacto en la industria del automóvil), Medio Ambiente (por la calidad del aire y ruido), Hacienda (por el impacto en la recaudación de impuestos), Sanidad (por el impacto en el coste sanitario), entre otros.
Es más, decisiones locales, como por ejemplo restricción de la circulación de vehículos diésel o establecer peajes de congestión, tienen un claro impacto a nivel macro, como la afectación a toda la industria del automóvil. El peso de la industria del automóvil en España, con una contribución según la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones del 10% del PIB y un 18% de las exportaciones, hace necesario definir una estrategia coordinada.
El vehículo eléctrico, la alternativa más eficiente
Las acciones fundamentales para dar respuesta a este reto están en la reducción del parque móvil que circula en las ciudades, con la mejora del transporte público y compartido, y el cambio hacia automóviles más respetuosos con el entorno. A pesar de las mejoras en los motores de combustión, que permiten un 25% menos de emisiones de CO2 que la flota actual española, el vehículo eléctrico es la alternativa más eficiente para conseguir ambos objetivos.
El vehículo eléctrico es más eficiente energéticamente en su conjunto que cualquier vehículo convencional (13% de vehículos de combustión frente a un 73% en los vehículos eléctricos puros alimentados con energía renovable si se analiza todo el proceso Well-to-Wheel)
Entre otros beneficios, mejora la calidad del aire (en 2030 las emisiones promedio serán de 6,4 gramos de CO2 por kilómetro frente a los 67 gCO2/km de un vehículo de combustión, según el reciente informe de la comisión de expertos sobre la transición energética); reduce el ruido en las ciudades; en el caso de usar energía renovable para su carga permitirán reducir nuestra dependencia del consumo de combustibles fósiles como país (que en 2015 fue del 98%); y por último permite adaptar con mayor facilidad sistemas de conducción autónoma (reducción del número de accidentes).
Todavía existen numerosos retos tecnológicos dentro del desarrollo de los vehículos eléctricos, tanto a nivel de componentes del vehículo como en la infraestructura de recarga. No obstante, la tecnología actual ya permite dar una respuesta eficaz a este reto. Además, el sistema eléctrico en España está preparado para integrar el desarrollo masivo de vehículos eléctricos, tanto en capacidad de generación, como en infraestructura eléctrica, eso sí, se necesita que los procesos de recarga de los mismos sea inteligente (ver gráfico).
No obstante, el crecimiento de la movilidad eléctrica será progresivo (pudiendo acelerarse por medidas restrictivas de circulación o por la reducción de los costes de adquisición del vehículo); suponiendo un parque de 25 millones de vehículos en España, con una edad media de 12 años y unas ventas anuales de 1 millón de vehículos, se puede estimar que en el mejor de los escenarios se tardarían 20 años en el cambio completo del parque automovilístico.
Medidas necesarias
Donde sí existe una necesidad es en el estudio profundo de medidas económicosociales que dinamicen de forma eficiente la transición en la movilidad. Por un lado, es fundamental definir una fiscalidad efectiva a todo el parque automovilístico que integre el impacto medioambiental de los vehículos. En este contexto es preciso realizar un estudio detallado del impacto en todo el ciclo de vida del vehículo eléctrico, desde los componentes usados para su fabricación, el montaje, la circulación por las vías del país, y por último su achatarramiento.
Para ello es preciso diseñar señales económicas claras para que “paguen quienes contaminen”, y además incluirlas en aquellos conceptos donde el consumidor final pueda responder (por ejemplo centrar las señales en la compra del vehículo en lugar del consumo de combustibles), pero siempre teniendo en consideración a qué estamento afecta (recaudación local o estatal).
En esta línea es importante incorporar las recomendaciones de las comisiones de expertos de reforma del sistema tributario en 2014 y de transición energética en 2018. Por otro lado es necesario realizar un cálculo sobre cómo la transición hacia una movilidad sostenible afecta a la balanza comercial como país. El impacto positivo del menor consumo de combustibles fósiles puede suponer un aumento de la importación de vehículos si éstos no se fabrican en España. Por ello, es necesario aprovechar la oportunidad no sólo de adaptar nuestro industria del automóvil, sino invertir en investigación y desarrollo para generar tecnología made-in-Spain con nuevas patentes, para que la transición permite dar mayor valor a la industria del automóvil.
Movilidad compartida
Por último y no menos importante, hay que estudiar las necesidades e intereses de la sociedad del futuro, donde la movilidad compartida puede ser un elemento clave en la transición. Como ejemplo, en la figura adjunta se muestra el número de vehículos disponibles para la movilidad compartida en Madrid ciudad (sin incluir Metro ni Cercanías), toda ella eléctrica, donde esta movilidad está siendo disruptiva en desplazamientos urbanos, con más de 9000 plazas y un uso medio de 15 viajes al día en coches compartidos. En conclusión, España necesita diseñar una estrategia de país para garantizar una transición hacia la movilidad sostenible eficaz y eficiente.
* Pablo Frías Marín es director del Observatorio del Vehículo Eléctrico y Movilidad Sostenible de Comillas
