javier garcía breva

Una regulación para impedir nuevos Castor e Hispasat

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Mientras las 200 principales empresas de los EEUU, asociadas en la Business Roundtable, han declarado que van a sustituir la prioridad del máximo beneficio para los accionistas por la protección de los trabajadores, los clientes y el medio ambiente, en España el sector energético y la CEOE exigen mantener los elevados ingresos que retribuyen al sector eléctrico y gasista para proteger los intereses de sus accionistas que, según han declarado sus directivos, es su primer objetivo.  

Ante la propuesta de la CNMC de racionalizar y rebajar los peajes de la luz, el gas y el término de potencia, de acuerdo con la metodología europea, se ha descalificado al regulador independiente de la competencia y pareciera que los combustibles fósiles que importamos del exterior son realmente el “gas de la libertad” que ha prometido Trump a Europa. Sería ridículo si no costara a la renta del país más de 40.000 millones de euros cada año.

Pocas voces han salido en defensa de la CNMC o a recordar los costes energéticos que soportan empresas y hogares. Es la consecuencia de la lamentable gestión de la defensa de la competencia por los gobiernos de la democracia. Se pueden leer en las hemerotecas las quejas de Luis Berenguer, presidente de la Comisión Nacional de la Competencia nombrado por el PSOE, o de José María Marín Quemada, presidente de la CNMC nombrado por el PP, reclamando a los gobiernos que los nombraron las competencias y la independencia que después les negaron para defender el mercado frente a los cárteles.

El único interés de los gobiernos por la competencia ha sido el de capturar la institución, CNC o CNMC, para anular sus competencias y elevar la influencia de los grupos de presión sobre los representantes políticos (puertas giratorias). La Ley 3/2013 por la que se creó la CNMC es buen ejemplo de ello, al dar al poder ejecutivo toda la responsabilidad sobre la competencia, contraviniendo las directivas europeas. Las consecuencias son que, si con mayor competencia bajan los precios, con menos competencia siempre tienden a subir. Los buenos economistas lo llaman codicia y no fallos de mercado.

El mismo gobierno que ha devuelto a la CNMC las competencias que le arrebató la Ley 3/2013, ahora plantea que hay que ponerle límites. Las orientaciones que dio a la CNMC insistían en vigilar la deuda y las inversiones de Enagás y REE, en no expandir las inversiones gasistas sin demanda suficiente, que el riesgo de demanda no se traslade a los consumidores sino a los promotores o que se promueva la eficiencia energética, el autoconsumo, los vehículos eléctricos y la descarbonización del sistema. Las orientaciones persiguen proteger a los consumidores de decisiones empresariales de riesgo que acaban pagando en sus facturas; situación que definió el RDL 13/2012 al describir cómo se ha producido el déficit estructural del sistema gasista.

La indefinición sobre la competencia se traslada a toda la política energética: qué inversiones son necesarias, qué infraestructuras innecesarias, renovables para especular o para gestionar la demanda. Qué descarbonización es creíble con más gas y más petróleo. Seguimos con el gran argumento de Miguel Sebastián y José Manuel Soria de que lo primero es garantizar los ingresos suficientes del sector. Si se tiene en cuenta que el 66% y el 73% de los accionistas de REE y Enagás son inversores extranjeros o cómo Enel extrae rentas de España, vigilar y controlar sus inversiones resulta un imperativo de interés general dada la falta de transparencia del sector comparada con el récord de tener el dividendo más alto de la UE.

Las directivas europeas establecen la independencia del regulador de la competencia de los gobiernos y las empresas porque tienen como prioridades la protección de los consumidores y las inversiones en flexibilidad de la oferta y la demanda energética para abaratar los precios. Son prioridades muy diferentes a las que se exigen estos días con absoluta falta de respeto a los derechos de los consumidores y a la competitividad de nuestra economía. Cualquier gobierno democrático debería cumplirlas.

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