El pasado mes de abril el presidente Trump anunció que está considerando solicitar 8.000 millones de dólares, que se cargarían a las facturas de electricidad, para rescatar las plantas nucleares y de carbón de los EE. UU. Casualidad o no, en las mismas fechas el Gobierno del hasta hace unos días presidente Rajoy iniciaba la tramitación del proyecto de ley que amplía las causas para denegar el cierre de centrales nucleares, de carbón y de gas cuando sus propietarios lo soliciten.
Solo una mezcla de soberbia e ignorancia puede explicar cómo una política económica neoliberal convive con una política energética intervencionista. En España es una tradición con antecedentes como el rescate del sector nuclear en 1984, aprobado por Felipe González, que costó a los consumidores 4.383 millones de euros hasta 2015; o el rescate del sector eléctrico de 1998 para compensar los costes de transición a la competencia (CTC), aprobado por José María Aznar, que costó a los consumidores 8.663 millones.
Podría ser una nueva versión de la foto de las Azores, con Trump y el ya expresidente Rajoy liderando la industria del carbón y de la energía nuclear contra el desarrollo de las renovables y del Acuerdo del Clima de París. Pero como hace quince años, la desproporción es gigantesca porque con un barril de crudo a 80 dólares, EE. UU. es el primer productor mundial de combustibles fósiles mientras España es líder mundial en dependencia de la energía fósil.
Las centrales nucleares y de carbón están cerrando en EE. UU. porque no son rentables y no pueden competir con las renovables. En España sucede lo mismo, tal y como han expresado Iberdrola y Endesa. Por el contrario, el exministro de Energía Nadal reiteraba que su cierre provocará subidas de la luz hasta un 25%, cuando en 2017 se ha comprobado que, ante las olas de frío y de sequía, la luz ha subido un 10% por la mayor generación con carbón, gas y nuclear y por la falta de renovables en el sistema, que son las que realmente abaratan la luz.
En los meses transcurridos de 2018 la luz sigue subiendo y la CNMC vuelve a investigar, una vez más, por qué se encarece la electricidad cuando más abundan las lluvias. La sospecha de que se especula con el agua en la generación eléctrica no es nueva y todo el mundo conoce cómo acaba en los tribunales. Es una demostración más de que la conformación de precios en el mercado mayorista es la reforma pendiente que ningún gobierno se ha atrevido a hacer.
El principio de la sostenibilidad económica del sistema eléctrico y gasista, eje de las reformas de los ministros Sebastián, Soria y Nadal, ha sido en realidad una ruina para las empresas y los consumidores. Ha mantenido un modelo energético sin competencia con políticas contra las renovables, la eficiencia energética y la gestión de la demanda, que es por donde avanza la energía en el mundo. El resultado es sostener un precio alto para la electricidad.
El veto del Gobierno de Rajoy a la iniciativa del PSOE, Podemos, ERC y grupo Mixto a favor de las renovables en el proyecto de ley de presupuestos para 2018 expresaba su empeño en seguir recortando la retribución a las renovables. Y confirmaba la principal alegación de España contra las directivas del “paquete de invierno” que ha propuesto rechazar la seguridad jurídica para las renovables para que el Sr. ministro pudiera modificar la regulación eléctrica según la coyuntura.
El mayor error de la política energética lo revela Eurostat al constatar, con datos de 2015, que mientras la dependencia de los combustibles fósiles desde 1990 pasó en la UE del 53% al 73%, en España aumentó desde el 81% al 98%. Eso significa menos crecimiento, más paro, déficit comercial y deuda, es decir, otra recesión; ¿Se oirá ahora a alguna autoridad económica o política reclamar decisiones para reducir nuestra adicción a la energía fósil? ¿Apoyará el nuevo Gobierno los acuerdos del Parlamento Europeo sobre el “paquete de invierno?.
