No se puede entender el aumento de la pobreza energética en España sin tener en cuenta que es consecuencia de un modelo energético extractivo con el apoyo de instituciones políticas igualmente extractivas y una regulación que tiene como único objetivo proteger los ingresos del sistema eléctrico y gasista sin transparencia alguna.
La pobreza energética es el resultado final de una política energética que se expresa en normas y datos que, aunque parcialmente, se resumen a continuación:
Los 3 rescates al sector eléctrico en el recibo de la luz
• Moratoria nuclear de 1984 por la que las eléctricas ingresaron 4.383 M€ hasta 2015 para afrontar su deuda por la proyectada sobrecapacidad nuclear.
• Costes de transición a la competencia (CTC) aprobados en 1998 por los que las eléctricas ingresaron 8.663 M€, cobrando 3.400 millones de más que ningún gobierno reclamó.
• Déficit de tarifa, artificio contable aprobado en 2002, convertido en deuda pública en 2009, que acumuló 26.000 M€ que se cargan en anualidades en el recibo de luz.
Los 4 Principios regulatorios de un modelo energético extractivo
• Ley 24/2013 y Ley 18/2014 que establecieron el principio de que todos los déficits del sistema eléctrico y gasista se trasladan a los peajes.
• Orden IET/1491/2013 y 107/2014 que incrementaron el término de potencia un 92% a los consumidores domésticos y un 145% a los industriales.
• RDL 1/2012 que paralizó la inversión en energías renovables.
• Ley 3/2013 que suprimió los reguladores independientes de la competencia en favor del poder ejecutivo.
Las 9 grandes consecuencias para los consumidores de la regulación energética
1 La diferencia entre la potencia contratada por los consumidores (167 GW) y la punta de demanda máxima (40 GW) hace que se pague cuatro veces más por la energía contratada que por la realmente consumida. Cada año puede oscilar entre 7.000 y 10.000 M€.
2 En el periodo 2008-2017, mientras los ingresos de los hogares cayeron un 1,2%, la luz subió un 46,6%, el gas un 31,2% y la gasolina un 39,5%. En 2018 la luz se ha encarecido un 16%, el gas un 15,4%, la gasolina un 10% y el gasóleo un 13%. Según FACUA, desde 2003 la luz ha subido un 85,7% y la parte fija del recibo un 155%.
3 Desde 1990 la dependencia de los combustibles fósiles, según Eurostat, ha crecido del 81% al 98%. Las importaciones de hidrocarburos equivalen a un 4% de PIB, con un coste medio cada año de 40.000 M€.
4 Desde 1998, según el estudio de Greenpeace, los pagos por capacidad (subvenciones) a las centrales de gas y de carbón principalmente, ascendieron a 18.000 M€.
5 Las demandas internacionales y nacionales en los tribunales de arbitraje por los recortes retroactivos a la retribución de las instalaciones renovables, sobre todo fotovoltaicas, ascienden a 15.000 M€.
6 El RDL 13/2014 cargó a los peajes del gas el coste del almacenamiento de gas Castor por 1.461 M€, más los costes de mantenimiento y posterior desmantelamiento de la infraestructura gasista que duplicará ese coste. En la Orden de peajes del gas para 2018 se incluyeron cerca de 3.000 M€, el 10% de los costes del sistema, para cubrir las anualidades de los déficits acumulados y de diversas infraestructuras gasistas.
7 Desde 1998 hasta 2014 las ayudas al carbón ascendieron a 27.000 M€ (IRMC), equivalentes a 250.000 euros por cada empleado en el sector.
8 Según ha citado la ministra Teresa Ribera en el Congreso de los Diputados, con datos de Enresa: “En treinta años se han destinado 795.000 M€ a la gestión de residuos radiactivos, 26.500 millones de euros anuales. Según el informe anual de Enresa cerrar las nucleares costaría 14.248 M€ y solo dispone de 5.326 millones aportados por el recibo de la luz, por lo que faltarían 8.922 millones más. Ampliar la vida útil de las nucleares actuales requeriría una inversión de 50.000 M€”.
9 El sistema eléctrico y gasista no internaliza los costes ambientales, pero desde 1990 a 2017 las emisiones han crecido en España un 21%, según la Universidad de Comillas, principalmente por los usos de la energía. Los impactos del cambio climático han sido evaluados por el Instituto de Hidráulica de Cantabria, según provincias, entre un 0,5% y un 3% del PIB a lo largo de este siglo, principalmente en el litoral peninsular. El coste sanitario de la contaminación atmosférica, según Ecologistas en Acción, supone un 3,5% del PIB.
La realidad paralela creada por los ministros de industria y energía
En abril de 2010 el ministro Miguel Sebastián publicó el cálculo de que las renovables costarían 126.000 M€ en los próximos 25 años, a 5.040 millones anuales. El ministro José M. Soria duplicó el cálculo en Davos, cuatro años después, hasta 10.000 millones anuales. Álvaro Nadal en 2018 dijo que las renovables habían costado a los españoles 250.000 M€.
La respuesta la dio APPA, que aportó los datos reales. Desde 2007, el promedio de las primas a las renovables ha sido de 4.818 M€. En el periodo 2005-2016, las primas percibidas por las renovables sumaron 49.739 M€, mientras los ahorros que las renovables han producido en los precios de la electricidad del mercado mayorista ascendieron a 55.064 M€. Si estos ahorros no han sido superiores ha sido por la falta de más potencia renovable.
La razón de los elevados precios de la electricidad también se encuentra en los informes macro de APPA cuando compara la evolución del consumo de renovables. En el periodo 2015-2017, mientras el consumo de renovables en el mundo aumentó un 14,4% y en la Unión Europea un 23%, en España descendió un 12,3%. Ese descenso ha propiciado el consumo de las energías más caras, el gas y el carbón. “Lo que se constata, sin cuantificar las externalidades positivas de las renovables ni los beneficios de las centrales amortizadas, es que la dependencia de los combustibles fósiles es diez veces más cara que el coste de las energías renovables”.
La regulación no ha incorporado un hecho repetido cada año, como es que la mayor participación de las renovables en el sistema rebaja los precios de la energía y la falta de renovables los encarece.
La falta de una auditoría frente a la opacidad del sistema ha propiciado un mercado sin competencia que ha perjudicado gravemente a los consumidores, excluyéndolos sistemáticamente del sistema eléctrico.
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