El giro que Donald Trump ha dado a la economía de EEUU ha rescatado los principios de la era Reagan de los ochenta, más conocidos como economía vudú, basados en la desregulación financiera y bajadas de impuestos a las rentas altas que provocaron la gran recesión de 2008. El giro se ha completado con la anulación del plan de energía limpia de Obama, el apoyo a los combustibles fósiles y la salida del Acuerdo de París y de los compromisos sobre el clima para 2030. Es la energía vudú.
La respuesta de la sociedad de EEUU, de miles de empresas, ciudades y estados ha sido de mantener sus objetivos de reducción de emisiones y de renovables. La energía descentralizada seguirá avanzando a pesar de Trump porque las lecciones del huracán Sandy en 2012 no se han olvidado, la economía productiva sabe que la energía vudú no es rentable y porque no hay concepto más republicano que el autoconsumo.
España es un precursor destacado de la energía vudú. La inversión renovable se ha reducido un 96% desde 2012. Desde entonces se ha registrado un crecimiento histórico de las importaciones de petróleo y gas, se han aprobado normas que incentivan los hidrocarburos y el fracking y los combustibles fósiles siguen fijando el precio de la energía.
Para que la luz no suba el Ministerio de Energía insiste en reforzar un mix con carbón, gas y nuclear y confiar la seguridad energética a las importaciones de Argelia, Nigeria, Qatar, Arabia Saudí o Rusia. Aunque las eléctricas no ven rentables sus nucleares y centrales de carbón, se pretende subastarlas para evitar el cierre.
El resultado es que España mantiene el precio de la electricidad más caro de Europa y su dependencia de los combustibles fósiles es 25 puntos superior a la media europea. Mientras la intensidad energética aumenta, las emisiones de CO2 asociadas a la energía primaria no dejan de crecer, en contra de la tendencia en todo el mundo. La nueva ley del sector eléctrico eliminó el déficit de tarifa cargándolo automáticamente a los peajes y en 2016 los consumidores pagaron por la potencia contratada cuatro veces más que la punta máxima de demanda registrada.
El parón renovable saldrá más caro por las malas normas contra las renovables y el autoconsumo, condenadas por los tribunales internacionales o anuladas por el Tribunal Constitucional. España no cumplirá el Acuerdo de París para reducir sus emisiones porque su política energética se fundamenta en no desconectar el crecimiento económico del CO2. Los últimos tres años demuestran que el crecimiento del PIB sigue asociado al incremento de las emisiones, al revés de lo ocurrido en el resto del mundo.
Todos los países de la UE deberán presentar en 2019 un plan integrado de energía y clima para cumplir el Acuerdo de París y reducir un 40% sus emisiones de CO2 en 2030. Igualmente, deberán contar con una estrategia para cumplir la hoja de ruta de la UE para reducir las emisiones entre un 85% y 90% en 2050.
Mientras todo indica que España se tomará dos años más de inacción, el Parlamento Europeo debate dos propuestas. La del ponente del “paquete de invierno”, José Blanco, de un objetivo del 35% de renovables para 2030 con metas nacionales vinculantes y la de los ponentes de la Comisión de Medio Ambiente y de Energía, Claude Turmes y Michele Rivasi, que han propuesto un 45% de renovables, 40% de eficiencia energética y un 50% de reducción de emisiones, con objetivos vinculantes.
Según el último informe de perspectivas tecnológicas de la AIE, la falta de compromiso político hace imposible cumplir el Acuerdo de París. Los objetivos actuales son insuficientes. En España ni siquiera existe debate y se extiende el postureo para rebajar los objetivos europeos.
