javier garcía breva

La energía vudú

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El giro que Donald Trump ha dado a la economía de  EEUU ha rescatado los principios de la era Reagan de  los ochenta, más conocidos como economía vudú,  basados en la desregulación financiera y bajadas de impuestos  a las rentas altas que provocaron la gran recesión  de 2008. El giro se ha completado con la anulación del plan  de energía limpia de Obama, el apoyo a los combustibles  fósiles y la salida del Acuerdo de París y de los compromisos  sobre el clima para 2030. Es la energía vudú.  

La respuesta de la sociedad de EEUU, de miles de empresas,  ciudades y estados ha sido de mantener sus objetivos de reducción de emisiones  y de renovables. La energía descentralizada seguirá avanzando a pesar de  Trump porque las lecciones del huracán Sandy en 2012 no se han olvidado, la economía  productiva sabe que la energía vudú no es rentable y porque no hay concepto  más republicano que el autoconsumo.  

España es un precursor destacado de la energía vudú. La inversión renovable se  ha reducido un 96% desde 2012. Desde entonces se ha registrado un crecimiento histórico  de las importaciones de petróleo y gas, se han aprobado normas que incentivan  los hidrocarburos y el fracking y los combustibles fósiles siguen fijando el precio  de la energía.  

Para que la luz no suba el Ministerio de Energía insiste en reforzar un mix con carbón,  gas y nuclear y confiar la seguridad energética a las importaciones de Argelia, Nigeria,  Qatar, Arabia Saudí o Rusia. Aunque las eléctricas no ven rentables sus nucleares  y centrales de carbón, se pretende subastarlas para evitar el cierre.  

El resultado es que España mantiene el precio de la electricidad más caro de Europa  y su dependencia de los combustibles fósiles es 25 puntos superior a la media  europea. Mientras la intensidad energética aumenta, las emisiones de CO2 asociadas  a la energía primaria no dejan de crecer, en contra de la tendencia en todo el mundo.  La nueva ley del sector eléctrico eliminó el déficit de tarifa cargándolo automáticamente  a los peajes y en 2016 los consumidores pagaron por la potencia contratada  cuatro veces más que la punta máxima de demanda registrada.  

El parón renovable saldrá más caro por las malas normas contra las renovables y  el autoconsumo, condenadas por los tribunales internacionales o anuladas por el Tribunal  Constitucional. España no cumplirá el Acuerdo de París para reducir sus emisiones  porque su política energética se fundamenta en no desconectar el crecimiento  económico del CO2. Los últimos tres años demuestran que el crecimiento del PIB sigue  asociado al incremento de las emisiones, al revés de lo ocurrido en el resto del  mundo.  

Todos los países de la UE deberán presentar en 2019 un plan integrado de energía  y clima para cumplir el Acuerdo de París y reducir un 40% sus emisiones de CO2 en  2030. Igualmente, deberán contar con una estrategia para cumplir la hoja de ruta de  la UE para reducir las emisiones entre un 85% y 90% en 2050.  

Mientras todo indica que España se tomará dos años más de inacción, el Parlamento  Europeo debate dos propuestas. La del ponente del “paquete de invierno”, José  Blanco, de un objetivo del 35% de renovables para 2030 con metas nacionales vinculantes  y la de los ponentes de la Comisión de Medio Ambiente y de Energía, Claude  Turmes y Michele Rivasi, que han propuesto un 45% de renovables, 40% de eficiencia  energética y un 50% de reducción de emisiones, con objetivos vinculantes.  

Según el último informe de perspectivas tecnológicas de la AIE, la falta de compromiso  político hace imposible cumplir el Acuerdo de París. Los objetivos actuales  son insuficientes. En España ni siquiera existe debate y se extiende el postureo para  rebajar los objetivos europeos.

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