El pasado mes de julio los presidentes de Francia, Portugal y España se reunieron en Lisboa para respaldar las interconexiones energéticas entre los tres países. Emmanuel Macron, Antonio Costa y Pedro Sánchez, volvieron a apoyar la descarbonización de la economía europea y, de forma contradictoria, el desarrollo de más infraestructuras de transporte, almacenamiento e importación de gas para reforzar la seguridad de suministro.
En rueda de prensa posterior, el presidente francés afirmó que “no vamos a construir gasoductos a menos que el consumo sea importante”. De esta manera Macron ha rechazado el proyecto de gasoducto MIDCAT entre Francia y España, ahora llamado STEP. La falta de demanda de gas lo hace inviable económicamente y muy costoso para los consumidores. Es un razonamiento idéntico al utilizado por la CNMC en su informe de 7 de septiembre de 2017 contrario a la regasificadora de Granadilla (Tenerife). Coincide con la opinión del Regulador de la Energía de Francia (CRE) y con el informe que la Comisión Europea contrató a la consultora Poyry. Ambos ponen en duda la viabilidad del gasoducto porque no hay demanda de gas ni riesgo de suministro que lo justifiquen.
La interconexión gasista con Francia solo persigue recuperar el valor hundido de las infrautilizadas infraestructuras gasistas para poder revender gas a todo el mundo desde España a costa del consumidor nacional que, según la Ley 18/2014, cargará “automáticamente” con todos los déficits del sistema gasista.
MIDCAT es la continuación de Castor y del legado de Álvaro Nadal, que antes de dejar el Ministerio de Energía llevó al BOE dos decisiones: el acuerdo del Consejo de Ministros, publicado el 15 de marzo de 2018, que levantó la suspensión del RDL 13/2012 sobre la tramitación del proyecto de gasoducto MIDCAT, y el RD 335/2018, publicado el 26 de mayo, que levantó la suspensión del RDL 13/2012 para la tramitación de nuevas regasificadoras y reguló el suministro de gas natural licuado (GNL) a buques desde dichas instalaciones.
La regulación permite ahora que se tramiten las nuevas regasificadoras de Tenerife, Gran Canaria, Huelva, la reapertura de El Musel, los almacenamientos de Doñana o la interconexión gasista con Francia. Las razones de excepcionalidad que requería el RDL 13/2012 para justificar la necesidad de dichas infraestructuras no se han demostrado, a pesar de que el sector gasista se asienta sobre pies de barro. Repsol ha anunciado la compra de dos centrales de gas a Viesgo con una reducción del 86% de su valor; pagará 110 millones de euros por las dos cuando antes valían 800 millones.
Los nuevos modelos de negocio no apuestan por el gas sino por una combinación de generación renovable distribuida, almacenamiento, vehículo eléctrico y gestión inteligente de la demanda. Hay que mirar a EEUU, China, Reino Unido o Australia para ver que la energía de transición no es el gas sino las baterías de almacenamiento. Mejor harían los presidentes de Francia, Portugal y España en impulsar el almacenamiento y las infraestructuras de recarga, porque es ahí donde se está jugando el liderazgo energético.
La contradicción más grave es que reforzar el gas es incompatible con los objetivos de descarbonización aprobados por la Unión Europea para 2050 y con el Acuerdo de París de 2015. La electrificación del transporte, la edificación y la industria solo pasa por las energías limpias, descentralizadas e inteligentes.
España debería paralizar los ejemplos más evidentes de esa contradicción, como las proyectadas infraestructuras gasistas o la gasificación de las islas de Tenerife y Menorca. Baleares y Canarias son el mejor escenario para desarrollar un modelo energético distribuido. No se puede estar en contra de la exploración de hidrocarburos y apoyar, por el contrario, su introducción en todos los edificios y en el transporte.
