javier garcía breva

España incumplirá el Acuerdo de París

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Antes del comienzo de la cumbre del clima en Madrid (COP25), la ONU anunció que menos del 20% de los 195 países firmantes del Acuerdo de París en 2015 van a cumplirlo. El planeta avanza hacia un incremento de la temperatura de 3ºC. La foto de Venecia inundada no es nada comparada con los más de 300 millones de personas que serán desplazadas por el incremento del nivel de los mares, incluidas las del litoral español.

Según el informe WEO 2019 de la Agencia Internacional de la Energía, la culpa de esta indiferencia es de los gobiernos por rechazar políticas más valientes contra el cambio climático. Las renovables seguirán creciendo, pero no lo suficiente, y la eficiencia energética ha retrocedido en el mundo, por lo que el esfuerzo en generación distribuida y energía flexible no será suficiente para evitar que la temperatura supere 1,5ºC.

España tampoco cumplirá el Acuerdo de París. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2021-2030), de febrero de 2019, estableció la reducción del 21% de las emisiones sobre las de 1990; pero no tiene en cuenta que desde entonces las emisiones han crecido un 18%, por lo que en el mejor de los casos España en 2030 tendrá las mismas emisiones que tenía en 1990, cuando el Acuerdo de París obliga a reducirlas un 40%. En el caso de que la COP25 apruebe elevar hasta el 45% el objetivo de reducción de emisiones en 2030 sobre la base de 2010, España tampoco lo cumplirá pues desde 2010 sólo ha reducido sus emisiones un 4,2%. España necesitará duplicar el esfuerzo en reducción de emisiones para cumplir sus compromisos internacionales.

El PNIEC descansa sobre tres contradicciones: (i) Con un esfuerzo en renovables del 42% y de eficiencia energética del 39,6%, más elevados que los que exige Bruselas, se queda a la mitad de camino del objetivo de reducción de emisiones. (ii) Sin una estrategia de rehabilitación energética de edificios para convertir el parque edificatorio en edificios de consumo de energía casi nulo, con carga inteligente para el vehículo eléctrico, el objetivo del 39,6% de eficiencia energética es inalcanzable. (iii) Sin objetivos nacionales de flexibilidad en generación y demanda energética, no avanzará la generación distribuida; mucho menos en un sistema eléctrico centralizado con carbón, gas y nuclear.

La solución a estas contradicciones está en la novedad más importante producida en 2019 con la entrada en vigor del “paquete de invierno”, que apenas ha suscitado interés o debate. Desde 2019 son de aplicación la nueva directiva de edificios, de renovables, de eficiencia energética, del mercado interior de la electricidad y el reglamento de gobernanza de la unión de la energía y de la acción por el clima. Constituyen el guión de la transición energética en Europa que España aún debe incorporar a su ordenamiento jurídico y al PNIEC.

El compromiso que exigen las directivas a los gobiernos es alcanzar un sistema eléctrico descarbonizado, que reduzca las emisiones a cero a través de la gestión de la demanda y la energía flexible con la participación de los consumidores, para que la poca energía que se necesite sea cubierta por renovables a través de nuevos elementos que se integran en el sistema eléctrico:

1. Primero la eficiencia energética, como principio por el que todas las decisiones, sobre todo relativas a nueva generación, deberán tener en cuenta medidas alternativas de eficiencia energética.
2. Objetivos nacionales de flexibilidad del sistema energético a través de redes inteligentes, agregadores, almacenamiento, gestión de la demanda, generación distribuida y participación de los consumidores mediante el autoconsumo y los contadores inteligentes.
3. Estrategias a largo plazo de rehabilitación de edificios para la descarbonización del parque edificatorio en 2050 a través de su transformación en edificios de consumo casi nulo, con puntos de recarga para el vehículo eléctrico, aplicaciones inteligentes y financiación a través de los ahorros energéticos.
4. Derecho al autoconsumo con almacenamiento, al autoconsumo compartido, a las comunidades de energías renovables, a poder participar en los mercados energéticos a través de agregadores, a las renovables en la calefacción y refrigeración y su inclusión en los códigos de construcción y el planeamiento urbano.
5. Derecho a que los pequeños proyectos renovables queden exentos de participar en licitaciones, que se simplifique su tramitación administrativa y que en las subastas se permita la participación no discriminatoria de pequeños actores y entes locales, sin medidas retroactivas.
6. El cliente activo como parte del sistema eléctrico con derecho a autogenerar, almacenar, consumir, vender su propia electricidad, participar en planes de flexibilidad y eficiencia y operar directamente o mediante agregadores en el sistema eléctrico.
7. Comunidades ciudadanas de energía que participan en la generación renovable, la distribución, consumo, agregación, almacenamiento de energía y la prestación de servicios energéticos.
8. Contadores inteligentes con funciones de eficiencia energética que faciliten al consumidor el acceso a sus datos en tiempo real para ahorrar energía y contabilizar el autoconsumo.

Si se necesitan políticas energéticas más valientes contra el cambio climático, las primeras deberían ser revisar el PNIEC incluyendo las medidas que establecen las directivas europeas y comprometerse a incorporarlas al ordenamiento jurídico.

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