javier garcía breva

El dilema de proteger la vida en el planeta Tierra

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El dilema de proteger la vida en el planeta Tierra

Las inversiones en energías renovables crecen en el mundo a un ritmo histórico; pero los precios de la energía siguen en máximos y la concentración de CO2 supera los niveles prepandemia. Según el Rastreador de Recuperación Sostenible de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), sólo el 2% de los 16 billones de dólares de apoyos fiscales destinados a la recuperación de la crisis de la COVID-19 se están destinando a las energías limpias.


El gasto en energías limpias aumentará alrededor de 350.000 millones para 2023, únicamente un 35% de lo previsto por la AIE. La mayor parte se movilizará en las economías avanzadas y solo una mínima parte en los países emergentes. Habría que multiplicar la inversión en energías renovables y eficiencia energética para llegar al Acuerdo de París en 2030.


Primer dilema: mejorar la globalización o una nueva crisis de la deuda
La transición energética se enfrenta a una globalización que antepone el crecimiento a la sostenibilidad y la igualdad. El intento por mejorar la globalización ha rebajado sus expectativas después de la reunión de julio del G-20 en Roma. El acuerdo sobre una tasa global del 15% a las grandes multinacionales y sociedades ha quedado reducida al 1% y el 3,2%.

La cumbre climática del G-20 en Nápoles también fracasó en el intento de elevar los objetivos de reducción de emisiones, poner fin a los subsidios a los combustibles fósiles y cerrar las centrales de carbón.

Según el Climate Policy Factbook de Bloomberg NEF, aunque los gobiernos del G-20 han anunciado ambiciosos compromisos climáticos, han continuado dando apoyo al carbón, al petróleo y el gas por 3,3 billones de dólares entre 2015 y 2019. Aún no hay planes creíbles de reducción de emisiones para 2030. Por el contrario, la Unión Europea aprobó en 2020 elevar el objetivo de reducción de emisiones del 40% al 55%. Siete meses después ha lanzado el paquete “Fit for 55” para revisar las directivas europeas, adaptarlas al nuevo objetivo de emisiones y poner precio al CO2.

La recuperación verde y la digitalización son las prioridades del fondo europeo, Next Generation UE, con 750.000 millones de euros de deuda comunitaria. Pero la lucha contra el cambio climático no está exenta de amenazas porque los halcones de la austeridad, del euroescepticismo y de la resistencia a la descarbonización van a manifestarse en el debate del paquete “Fit for 55”, confundiendo la protección del medioambiente con subidas de impuestos y la transformación de los mercados energéticos con el encarecimiento de la energía.


OPCIÓN: cambiar el mercado de la electricidad sin competencia por un mercado inclusivo
La subida histórica de los precios de la electricidad ha demostrado que la conformación de precios en el mercado mayorista se diseñó para una generación centralizada con fuentes convencionales no renovables y un mercado sin competencia. La ministra Teresa Ribera, en una decisión histórica, ha propuesto reformar la metodología del pool, pero hay que hacerlo ya. El paquete “Fit for 55” ha dejado la Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética, tan inservible para los nuevos objetivos de emisiones que debería modificarse este mismo año.


En un escenario en el que muchos apuntan a una crisis de la deuda, la mejor protección es una recuperación verde que aleje la energía del furor especulativo de los monopolios, de las instalaciones a gran escala, de la rentabilidad del dividendo y la destrucción del territorio y que la aproxime a las pequeñas economías y los consumidores activos, facilitando su participación en los mercados energéticos, beneficiándose del autoconsumo y los contadores inteligentes. Los edificios, las viviendas y los automóviles han de convertirse en las nuevas centrales eléctricas.


Segundo dilema: neutralidad climática o neutralidad tecnológica
El verano de 2021 ha visto cómo los impactos del cambio climático afectan a todos los continentes, sin distinguir países ricos o pobres. Como ha escrito el periodista David Wallace-Wells, la situación actual es de “emergencia climática permanente”. El documento filtrado del Grupo Intergubernamental de Expertos (IPCC) para la conferencia del clima de Glasgow (COP26) confirma que, a pesar de que podamos controlar las emisiones, antes de 30 años el cambio climático va a transformar radicalmente la vida en la Tierra y aunque el planeta pueda recuperarse de un cambio climático drástico, los seres humanos no podremos. El clima en España será más parecido al del norte de África que al del sur de Europa. El concepto clave no será mitigación sino adaptación al clima.


Frente al avance visible del cambio climático, la AIE ha advertido que las emisiones globales de CO2 alcanzarán su récord histórico en 2022, seguirán aumentando en 2023 y en los años siguientes. En 2020 los combustibles fósiles dominan el mundo y representan el 83% del consumo de energía primaria y en España el 70%. El ritmo de crecimiento de las renovables es insuficiente para que estos porcentajes disminuyan en los próximos años.

OPCIÓN: una política económica de huella de carbono
A pesar de las declaraciones de emergencia climática de la Unión Europea en 2019 y de España en 2020 se mantiene la distancia entre lo que se aprueba y lo que se hace. El Reglamento (UE) 2020/852, sobre inversiones sostenibles, es un ejemplo de ambigüedad sobre lo que debe entenderse como actividad sostenible.


Si el gas contamina, pero menos, es sostenible; si la nuclear no produce emisiones, también es sostenible; si el petróleo ayuda a otra actividad a reducir sus emisiones, también es sostenible. Sustituir el principio de neutralidad climática por el de neutralidad tecnológica es un regalo a los lobbies contaminadores y un freno a la acción contra el cambio climático.

La taxonomía europea se contradice con la Directiva (UE) 2019/944, del mercado interior de la electricidad, que condiciona la autorización de nuevas instalaciones energéticas a la protección de la salud, del medio ambiente, la ordenación del territorio, la utilización del suelo público y alternativas de eficiencia energética. La neutralidad tecnológica es un subterfugio para impulsar más inversiones contaminantes.

Que Europa siga construyendo gasoductos, asignando derechos gratuitos de emisión, o que España siga autorizando regasificadoras y centrales de gas para aumentar la demanda de gas fósil, son inversiones que podrán etiquetarse como verdes y recibir fondos europeos, pero contribuyen a mantener los precios más altos de la electricidad y del CO2 y una sobrecapacidad con la que los monopolios especulan y encarecen los peajes.

Ni todas las tecnologías sirven para afrontar los impactos del cambio climático, ni todas deben tratarse en igualdad de condiciones a la hora de decidir las políticas de descarbonización. El paquete “Fit for 55” pone en evidencia estas contradicciones, así como las de la Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética.

La lucha contra el cambio climático ha de ser coherente con la declaración de emergencia climática, por lo que la neutralidad climática es incompatible con la neutralidad tecnológica.

Este artículo se publicó primero en La Oficina de JGB

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