El mimetismo de la derecha para normalizar su alianza con la extrema derecha en las últimas elecciones ha tenido como consecuencia la derogación en la práctica de las políticas ambientales en el ámbito local y autonómico donde van a gobernar. El negacionismo climático es una forma de autoritarismo contra derechos reconocidos por las instituciones democráticas nacionales y europeas.
El Real Decreto 1052/2022, que regula las zonas de bajas emisiones (ZBE), es la norma de urbanismo y vivienda más importante aprobada en España desde la Ley 8/2013, de rehabilitación, renovación y regeneración urbanas. Si la ley de rehabilitación quedó en gran parte anulada por el Tribunal Constitucional, al invadir competencias de las autonomías, la ejecución del decreto de ZBE depende de las decisiones de los ayuntamientos.
Las ZBE no solo afectan al uso de los automóviles, sino también a los edificios y calefacciones, al constituir planes de rehabilitación energética a escala de barrio o distrito para adaptar las ciudades a los impactos climáticos, anteponiendo las cadenas de valor locales y distribuidas a las verticales y centralizadas mediante el ejercicio de las competencias de los ayuntamientos en urbanismo y vivienda con criterios de sostenibilidad y cambio de hábitos. No es casualidad que entre los primeros anuncios de las nuevas corporaciones gobernadas por la alianza entre la derecha y la extrema derecha esté acabar con las zonas de bajas emisiones.
El negacionismo del cambio climático une a la derecha y la extrema derecha tanto en España como en Europa. El Partido Popular Europeo (PPE), por intereses electorales, también está mimetizando a la extrema derecha para impedir que se apruebe la ley de restauración de la naturaleza (LRN), poner en la nevera la agenda verde europea y retardar la descarbonización de la economía para proteger la obsoleta industria de los combustibles fósiles.
En España se habla del regreso de aquellos que dictaron la retroactividad y moratoria renovables o el impuesto al sol. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, reclama una “transición energética moderada, ajena a ideologías y revoluciones” con una ética de la energía basada en el petróleo, el gas, las nucleares y el motor de combustión, en vez de la ética inspirada en la ciencia, la eficiencia, el autoconsumo o la descarbonización de los edificios, el transporte y la agricultura, en riesgo de ser derogada. El principio de neutralidad tecnológica es la ideología que viste de seda a los negacionistas del clima.
En la sociedad aumenta la indiferencia ante el cambio climático, como un suceso pasajero y lejano. Eso indica el crecimiento del voto a programas que apoyan los combustibles fósiles y la contaminación atmosférica. Pero esta indiferencia es posible por el blanqueo verde o “greenwashing” que practican las grandes empresas y la ambigüedad climática de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, más preocupados por los beneficios empresariales que por los hogares y el respeto al medio ambiente.
El PPE va a utilizar el experimento de gobiernos con la extrema derecha en España para extenderlo en la UE con la bandera de “retardar” o “moderar” la transición energética, gasificar y nuclearizar Europa aprovechando la neutralidad tecnológica del Pacto Verde Europeo y regresar a las reglas fiscales de la austeridad y subida de tipos de interés para castigar a los consumidores con otra recesión.
Borrar las políticas ambientales en ayuntamientos y autonomías no va a ser fácil, pero suprimir las zonas de bajas emisiones es un primer síntoma de lo que puede ocurrir si el negacionismo o la ambigüedad climática se convierten en políticas de Estado, porque agravarán la vulnerabilidad energética y económica de Europa y también de España.
