javier garcía breva

Demasiadas migajas todavía en la transición ecológica

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Demasiadas migajas todavía en la transición ecológica

El primer decreto de la transición energética por fin llegó al BOE. El RDL 15/2018 consta de dos partes diferenciadas, la que establece medidas para paliar la pobreza energética, que resulta decepcionante por no tocar el fondo del problema, y la que avanza en el desarrollo del autoconsumo y las infraestructuras de recarga para el vehículo eléctrico, que abre la esperanza a un modelo energético con la participación de consumidores activos en el sistema eléctrico.

En el preámbulo solo se responsabiliza de la subida de la luz a los elevados precios del carbón, el gas, el crudo y el CO2. El análisis de los elementos estructurales se limita a los mercados de futuros y no entra en la pésima regulación, el mix inadecuado o un mercado sin competencia como origen de la pobreza energética. Las medidas fiscales y sobre contratación se quedan en coyunturales frente a unos males estructurales.

No extraña que el decreto haya gustado a las eléctricas. Tanto que al día siguiente el presidente de Iberdrola manifestó en el Congreso que la luz había subido mucho menos que el pan, la vivienda y que la renta media de las familias. Las eléctricas habían pedido rebajas fiscales para no ver mermados sus ingresos, por lo que ahora difícil será que las trasladen a los precios y mucho más difícil al mercado mayorista. La luz seguirá subiendo por la falta de competencia y el nefasto intervencionismo regulatorio de los últimos diez años.

Es un avance ajustar la potencia contratada a la demanda, pero es una señal insuficiente para la eficiencia energética dada la enorme subida del término de potencia aprobada en 2013 y 2014. Faltan señales que faciliten los contratos de servicios energéticos y la accesibilidad a los contadores inteligentes, como establece la directiva de eficiencia energética de 2012. Es preciso dar más competencias a la CNMC, ignorada en el decreto.

El reconocimiento del derecho de los consumidores a autogenerar, con compensación de excedentes y sin peajes, y a la recarga del vehículo eléctrico es el gran avance del decreto para una energía barata y limpia. El derecho al autoconsumo compartido abre también el camino a microrredes y plantas de generación virtuales (VPP) y un nuevo concepto de energía descentralizada, a falta del anunciado desarrollo reglamentario.

Extraña que no se cite la nueva Directiva (UE) 2018/844, de eficiencia energética de los edificios, ya que el edificio de consumo de energía casi nulo está vinculado al autoconsumo con renovables y a las infraestructuras de recarga. Hasta ahora la regulación impedía su cumplimiento, pero con el nuevo decreto ya es posible la sinergia entre renovables, autoconsumo y vehículo eléctrico en los edificios. El decreto deja el Código Técnico de la Edificación en el túnel del tiempo sin que el Ministerio de Fomento haya dicho nada sobre la transposición de la directiva, en vigor desde hace cinco meses.

El riesgo es que el autoconsumo y la recarga de vehículos eléctricos sean actividades capturadas por un renovado oligopolio de eléctricas y petroleras, algo que la Comisión Europea quisiera evitar abriendo el mercado a nuevos actores. Es necesario desarrollar el decreto con una regulación a favor de que los consumidores y los agregadores de demanda puedan participar en el mercado eléctrico a través del autoconsumo y las infraestructuras de recarga y facilite las iniciativas públicas en ambas actividades.

Es necesario hablar más del coste que el cambio climático supone para España, acabar con su tratamiento exótico en los medios y con la opinión de que se puede hacer la transición energética con más gas, nucleares o captura de CO2. La transición energética solo tiene una dirección, abrir el mercado eléctrico a la participación de millones de autogeneradores.

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