hidráulica

Más de 13.000 personas han sido evacuadas de forma preventiva ante el riesgo de una eventual rotura de la presa

Las grietas aparecidas en una megapresa financiada por BBVA y Santander obligan al Gobierno de Colombia a decretar la alerta roja

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El presidente del Gobierno de Colombia, Juan Manuel Santos, reiteró ayer la orden de reforzar el sistema de monitoreo del megaproyecto Hidroituango "con el fin de aumentar la capacidad de prever eventos riesgosos y mantener calibrados los niveles de alerta las 24 horas al día, 7 días de la semana". El megaproyecto incluye la construcción de una presa de 225 metros de altura y un embalse de 79 kilómetros de largo y más de 20 millones de metros cúbicos de volumen. Se de la circunstancia de que, en menos de una semana, cuatro personas han sido asesinadas en la zona, dos de ellas pertenecientes al Movimiento Ríos Vivos Antioquia, que se habían opuesto públicamente a la construcción de la hidroeléctrica. [Foto].
Las grietas aparecidas en una megapresa financiada por BBVA y Santander obligan al Gobierno de Colombia a decretar la alerta roja

Ecologistas en Acción difundió ayer un comunicado en el que muestra su “profunda preocupación por la grave emergencia social y ambiental que vive desde hace más de un mes la población del Cañón del Cauca, en el departamento de Antioquia, Colombia, provocada por la construcción de este megaproyecto, que cuenta -según Ecologistas- con una línea de crédito del BBVA y del Banco Santander, entre otros”. La organización no gubernamental española denuncia en su comunicado que “una sucesión de fallas durante la construcción del proyecto Hidroituango, la obra de mayor envergadura del país, han desatado las alarmas por el riesgo que entraña para la vida de decenas de miles de personas pertenecientes a 15 municipios ubicados en la zona de influencia de la central hidroeléctrica”.

El megaproyecto –que incluye la construcción de una presa de 225 metros de altura y un embalse de 79 kilómetros de largo y más de 20 millones de metros cúbicos de volumen– se encuentra en estado de emergencia desde el pasado 28 de abril, cuando se presentó la primera alerta, tras producirse un derrumbe que obstruyó uno de los túneles de llenado y desvío de la presa. “Como consecuencia de los taponamientos y vaciados de agua –informa Ecologistas-, se produjeron grandes crecidas del caudal del río e inundaciones que han destruido los medios de vida de miles de familias de la zona”.

Desde entonces, sucesivos desprendimientos de tierra han dejado la situación fuera de control, y han llevado a las autoridades colombianas a plantear la posibilidad de un escenario de rotura de la presa y a decretar la alerta roja en varios municipios aledaños al megaproyecto. Según la información proporcionada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, hasta el día 30 de mayo más de 13.000 personas habían sido evacuadas de forma preventiva ante el riesgo de que se presente una avalancha de proporciones catastróficas. En los últimos días Empresas Públicas de Medellín (EPM), la empresa a cargo del megaproyecto, ha reportado la aparición de filtraciones de agua en la presa y grietas en la montaña que previsiblemente desencadenarán nuevos derrumbes durante los próximos días.

La larga huella del dinero
Para financiar las obras de construcción del proyecto hidroeléctrico Ituango –explican desde Ecologistas-, el pasado mes de diciembre EPM obtuvo una línea de crédito por mil millones de dólares del BID Invest, la institución del sector privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID). De ellos, 650 millones de dólares provienen de un préstamo B otorgado por varios bancos comerciales internacionales e inversores institucionales, entre los que se encuentran el BBVA y el Banco Santander. Pues bien, “a través de estos créditos –denuncian los ecologistas- las entidades financieras contribuyen a sostener un megaproyecto que está generando una gran conflictividad social”.

Violencia contra quienes defienden el territorio: cuatro asesinatos en menos de una semana
Durante los últimos años, comunidades y asociaciones locales se han organizado para denunciar los impactos sociales y ecológicos de un megaproyecto que, además de las evacuaciones permanentes de carácter preventivo de estas semanas, ya había provocado 10 desalojos forzosos y la pérdida de los medios de vida de más de 500 familias de la zona. Las familias también denuncian que el proyecto vulnera el derecho a la memoria, la verdad y la reparación de las víctimas del conflicto armado colombiano, ya que la inundación prevista tras el llenado del embalse imposibilitará encontrar los restos de entre 500 y 900 víctimas de desaparición forzada que quedan por localizar y exhumar en la zona.

Según Ecologistas en Acción, “quienes defienden el río, el territorio y el medio ambiente tienen que hacer frente a un contexto de violencia sistémica”. Además, las organizaciones sociales locales denuncian que quienes se oponen a la construcción de Hidroituango han sufrido el abuso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, así como agresiones físicas y psicológicas “en un entorno recurrente de amenazas, amedrentamiento y terror”. El Movimiento Ríos Vivos Antioquia –que aglutina a varias asociaciones locales por la defensa del río Cauca– ha informado que desde el año 2013 ha recibido 151 incidentes de seguridad y más de 60 amenazas contra sus integrantes.

La violencia contra quienes defienden el medio ambiente en el Cañón del Cauca –insisten desde Ecologistas- se ha intensificado durante el periodo de emergencia del último mes. “Tanto es así –añaden- que durante el mes de mayo, en menos de una semana, cuatro personas han sido asesinadas en la zona. Dos de ellas, Hugo Albeiro George Pérez y Luis Alberto Torres Montoya, eran líderes sociales y miembros del Movimiento Ríos Vivos Antioquia que se habían opuesto públicamente a la construcción de la hidroeléctrica.

Ecologistas señala “la responsabilidad de las entidades financieras que sostienen Hidroituango”
Según la oenegé española, “el sistema financiero es una pieza fundamental en la implementación de megaproyectos como el de Hidroituango, cuya construcción no sería posible sin el acceso a las líneas de crédito otorgadas por instituciones financieras multilaterales, bancos comerciales e inversionistas internacionales”. Por eso, Ecologistas en Acción denuncia que tanto el BBVA como el Banco Santander, a través de su apoyo económico, “están contribuyendo a sostener la vulneración de derechos humanos y la situación de emergencia social y ecológica en el Cañón del Cauca”.

Paradójicamente ambas entidades bancarias acaban de anunciar que participarán en la elaboración de los Principios Bancarios que promueve Naciones Unidas para fomentar una “banca responsable y sostenible” que busca, entre otras cosas, “impulsar la responsabilidad y transparencia de los bancos sobre su impacto medioambiental”. La oenegé ecologista recuerda que, “una vez más, se trata de códigos de conducta voluntarios que no establecen regulaciones de obligado cumplimiento a las acciones del poder corporativo”.

Por todo ello, Ecologistas en Acción hace un llamado a las instituciones pertinentes para solicitar
1. Que el BBVA y el Banco Santander no contribuyan con su financiamiento a sostener megaproyectos que generan graves impactos socioecológicos y vulneran los derechos humanos, como el proyecto Hidroituango.

2. Que se brinde asistencia y garantías de seguridad a la población afectada por la situación de emergencia social y ambiental ante los riesgos derivados de la construcción del proyecto hidroeléctrico.

3. Que se suspenda y se retire la licencia ambiental del megaproyecto una vez controlada la emergencia, tal y como vienen demandando las organizaciones locales.

4. Que se investiguen con rigor los asesinatos ocurridos en la zona y se sancione a los autores materiales e intelectuales de los crímenes.

5. Que se garantice la protección, la seguridad y los derechos de quienes defienden el agua, la tierra y el medio ambiente en el Cañón del Cauca.

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