Con el objetivo de que este proyecto no vulnere las normas de competencia y se ajuste a derecho, la Sección Hidráulica de APPA Renovables se personará como parte interesada en el proyecto.
La central anunciada, de 4,5 MW y con una producción esperada de 16.300 MWh anuales, "constituye un paso más en la transición energética de nuestro país", señalan desde APPA. Pero la asociación considera que a pesar de las bondades de este proyecto, el hecho de que la central sea promovida con dinero público, por la Confederación Hidrológica del Duero (CHD), organismo supervisor de la cuenca, "exige adoptar mecanismos de garantía para evitar el despilfarro público, daños medioambientales (quién supervisa al supervisor) y la vulneración de los derechos de todos los productores y consumidores".
"Si bien es cierto que el suministro eléctrico es un servicio de interés general y que las Administraciones Públicas deben velar por garantizarlo a todos los ciudadanos y empresas, no deja de ser igualmente cierto que se trata de una actividad liberalizada en la que la participación directa de las Administraciones Públicas entraña riesgos y genera preocupación, al no someterse el proyecto al principio de libre concurrencia para elegir la mejor opción", apuntan desde la asociación.
Un proyecto con todas las garantías
La Sección Hidráulica de la APPA señala que la gestión pública de este proyecto hidráulico puede ser contraria a las exigencias del Derecho Comunitario y del Derecho de la Competencia, al restringir la libre competencia en la generación eléctrica, al afectar al uso común del dominio público, y, de manera importante, al tener la posibilidad el proyecto de no tributar ni devengar cánones, lo que "situaría al gestor público del proyecto en una situación de ventaja competitiva contraria a la normativa europea vigente. Todo ello exige arbitrar instrumentos e incrementar las medidas de control de esta fuerte inversión pública".
En consonancia con ello, desde APPA Hidráulica concluyen señalando que "velarán por la transparencia de este proyecto, corroborando que sus fases y desarrollo sean acordes con el Derecho de la Competencia. De esta forma, se velará porque todos los promotores, sean públicos o privados, cumplan las mismas normas y tengan las mismas obligaciones".
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) contempla la necesidad de invertir más de 101.000 millones de euros la próxima década, de los cuales el 80% será aportado por las empresas.
La ejecución de esta central estaba prevista en el plan hidrológico del Duero en su parte española y, según destacan desde el Miteco, contribuirá a cumplir los objetivos de descarbonización del país. El proyecto es fruto de más de cinco años de colaboración entre el IDAE y la CHD, durante los que se constató la viabilidad de un aprovechamiento hidroeléctrico en la presa, se realizaron los proyectos básicos y se obtuvieron todas las autorizaciones administrativas necesarias.
