Básicamente, Enel proponía adquirir el 52% del accionariado para hacerse con el control de la planta, aún bajo posesión estatal; mientras que desde el Ejecutivo negaban cederle derechos sobre lo que se consideraba “un recurso estratégico del país”.
Este fallo autoriza a Enel a suscribir nuevas acciones de la empresa, así como a recibir ganancias en forma de dividendos.
Para el presidente para América Latina de Enel Green Power, Maurizio Bezzeccheri, la medida judicial "viene a reconfirmar y ratificar la legalidad de nuestras peticiones y reiteramos en esta ocasión, como consistentemente lo hemos hecho, nuestra firme intención de encontrar una solución negociada a nuestras diferencias que permita el desarrollo geotérmico del país, refuerce la seguridad jurídica y sirva para construir el camino que devuelva la confianza a la inversión, y promueva el desarrollo económico y social."
