En un artículo publicado en este mismo periódico, en junio del 2017, decía que “cuando un Gobierno atenta contra la seguridad jurídica, y la sociedad no reacciona ante tal atropello, aquel tendrá la tentación de seguir haciendo análogas actuaciones en cuantos otros campos considere conveniente, alegando, para justificar tales medidas, que lo hace para salvaguardar los intereses generales de los ciudadanos, los cuales, se justificará, están por encima de los intereses, egoístas y poco solidarios, de los particulares”.
Naturalmente, en tales casos, se espera que los tribunales, llegado el caso, pongan firme al Gobierno de turno, no permitiéndole modificar de forma retroactiva las condiciones en base a las cuales los inversores tomaron sus decisiones. Desgraciadamente, tal principio no siempre se ha cumplido en España pues, so pretexto del interés económico general, nuestro máximo órgano judicial no ha dudado en bendecir cambios retroactivos muy perjudiciales para los inversores, lo que abocó a la ruina económica a miles de ciudadanos que habían confiado en su Gobierno y en el Boletín Oficial del Estado. Tal fue el caso de los pequeños productores fotovoltaicos, a los cuales el Gobierno pidió su participación, con una agresiva e inteligente campaña publicitaria del IDAE, en el que decían, para solicitar inversiones en esa nueva tecnología, algo tan atractivo como “el sol puede ser tuyo”, para una vez realizadas las correspondientes inversiones y obtenidos los objetivos buscados por el legislador, cambiarles reiteradamente, a peor claro está, las condiciones comprometidas, reduciendo sus ingresos, en algunos casos, hasta en un cincuenta por ciento.
Por ello, admitir que el Gobierno adopte acciones retroactivas sobre los derechos adquiridos por los ciudadanos –no tomándolas en consideración porque a nosotros no nos afectan– acaba trayendo graves consecuencias para todos, tal y como ahora muchos están comprobando en sus propias carnes, pues iniciado el camino del asalto a la seguridad jurídica puede llegar un momento que, llevados por la costumbre de ignorar tan elemental principio, cuando alguien, extranjero o nacional, a la hora de decidir si invierte o no en España, pregunte si sus inversiones gozarán de la adecuada seguridad jurídica, la respuesta será: ¿seguridad jurídica? ¿y eso qué es? Llegado a ese punto, sus efectos, lógicamente, serán demoledores para nuestra economía y para nuestra imagen como país serio y desarrollado.
Ahora que muchas grandes empresas se ven afectadas por situaciones en las que la seguridad jurídica, dicen, no es todo lo firme que se espera en un Estado de Derecho y por ello ponen, con razón, el grito en el cielo, amenazando con sacar su sede social fuera de España, cabe recordarles que cuando muchas familias y pequeñas empresas vieron arrasada la seguridad jurídica en la que habían confiado al hacer sus inversiones nada dijeron ni nada hicieron por denunciar tales hechos, lo cual conduce a que, como decía anteriormente, una vez iniciado este camino los distintos gobiernos sientan la tentación de proseguirlo y hasta intensificarlo. Confiemos que, si llegase el caso, el Tribunal Supremo no siga manteniendo la doctrina entonces aplicada, pues afecte a grandes empresas o pequeños productores la misma no deja de ser, ahora como entonces, una barbaridad, tal y como vienen diciéndonos con rotundidad los tribunales internacionales de arbitraje, los cuales sistemáticamente vienen dando la razón a los inversores extranjeros que a ellos acuden, (únicos que pueden hacerlo, ya que tales recursos están vedados a los inversores españoles), al fallar, una y otra vez, contra el Reino de España, al que obligan a pagar a los mismos –generalmente fondos de inversión internacionales– cifras millonarias por los daños causados en las inversiones entonces realizadas.
Abandonar, como parece pretende España, el Tratado Internacional de la Carta de la Energia, y salir de tal pacto internacional, solo puede seguir dañando la imagen internacional de España, pues lógicamente todas las inversiones que se hicieron cuando éste ha estado vigente quedan sometidas al mismo y, en consecuencia, seguirán siendo los tribunales internacionales de arbitraje, fundamentalmente el Banco Mundial con sede en Washington, quienes sigan dictando sus sentencias y quienes obliguen al Gobierno español a pagar las indemnizaciones por los daños causados a tales inversores, diga lo que diga al respecto nuestro Gobierno, salvo que pretenda que nos ocurra como a Argentina cuando su Presidenta no podía viajar a los Estados Unidos en su avión oficial por miedo a que el mismo fuese confiscado como pago a las deudas en tal país contraídas.
