Kristina Thoring, asesora de Comunicaciones Políticas de SolarPower Europe, considera que el resultado de “este histórico resultado” es fruto del trabajo previo realizado por las asociaciones solares europeas, que “se unieron a nosotros”. SolarPower Europe y la gran mayoría de la industria solar del Viejo Continente está convencida, segura Thoring, de que “las medidas comerciales no son la herramienta correcta para ayudar a nuestro sector a crecer”.
SolarPower afirma que si bien estas medidas fueron adoptadas originalmente en la creencia de que ayudarían a la energía solar europea, “un sinnúmero de empresas del sector están experimentando lo contrario”. De acuerdo con sus datos, solo un 2% de los empleos solares europeos están cubiertos por estas medidas, mientras que el 98% restante ha quedado expuesto a impactos negativos. “La ampliación de las medidas comerciales simplemente prolonga una política innecesaria y negativa que perjudica a la energía solar europea”, asegura Thoring.
Y añade: “Creemos firmemente que es hora de ir más allá y presentar políticas para apoyar toda la cadena de valor solar europea, incluyendo, por supuesto, a los fabricantes de módulos. Necesitamos urgentemente nuevas iniciativas que estimulen la demanda”. Con este objetivo por delante, SolarPower Europe va a ponerse a trabajar de inmediato con los Estados miembros, a través del proceso de apelación, “para conseguir eliminar esas medidas lo antes posible y lograr que el sector solar europeo empiece a dinamitares y crecer una vez más”.
El origen
En diciembre de 2013, la UE impuso derechos antidumping y compensatorios sobre los módulos de silicio cristalino y las células originarias o procedentes de China. Estos derechos eran aplicables hasta diciembre de 2015. Paralelamente, la UE aceptó el acuerdo de compromiso de precios presentado por la Cámara de Comercio de China para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos (CCCME).
El compromiso se articula en torno a los "precios mínimos de importación" (PIM) y los niveles de cuota anuales por tipo de producto.
Dos años más tarde, en diciembre de 2015, la Comisión inició un proceso de reconsideración de las medidas y a principios del próximo mes de marzo debe tomar la decisión final de si prorrogarlas o suprimilas. La propuesta de la CE –partidaria de continuar con ellas dos años más– debe ser aprobada por los Estados miembros de la UE.
El Gobierno chino, por su parte, ha pedido en reiteradas ocasiones a la UE que ponga fin a las medidas. El Ministerio chino de Comercio considera que ampliar su vigencia "dañaría los intereses de ambas partes" por lo que espera que la UE acabe con estas políticas "lo antes posible" para mejorar la relación económica bilateral.
