Esta es la historia: el Gobierno aprobó una serie de normas, que fue publicando en el Boletín Oficial del Estado, que establecían que quienes produjesen energías limpias (electricidad de origen renovable) tendrían derecho a vender sus kilovatios verdes a un precio determinado durante un período determinado (20, 25 años). El Gobierno consideró que esa era una buena manera -la certidumbre en el precio a largo plazo- de animar a la ciudadanía a invertir en energías renovables.
En realidad, el objetivo último del Ejecutivo -el objetivo último perseguido con la aprobación de esas normas, que incentivaban la inversión- era incrementar la cuota renovable (el porcentaje de electricidad limpia, no emisora de CO2) en el mix eléctrico nacional.
¿Y por qué quería el Gobierno incrementar esa cuota?
Pues para cumplir con sus compromisos climáticos: los que había adquirido el Reino de España con la firma, en 1997, por parte del Gobierno Aznar, del Protocolo de Kioto, protocolo internacional que fue ratificado por el mismo Gobierno Aznar allá por el año 2002. En fin, que el Estado animaba la inversión privada en energías renovables, cumplía con sus objetivos internacionales (sustituía electricidad sucia -carbón, gas- por electricidad limpia, no emisora de gases de efecto invernadero, o sea, que reducía sus emisiones de CO2) y así evitaba el tener que hacer con dinero público esas inversiones.
Pero, ¿qué ocurrió? Pues que, transcurridos apenas tres años de la aprobación de esas normas, primero el Gobierno Zapatero (con el Real Decreto 14/2010) y luego el Ejecutivo Rajoy, con todo un rosario de decretos y órdenes (abajo los recogemos), efectuaron toda una serie de recortes a la retribución del kilovatio hora de origen renovable, recortes que fueron denunciados en los tribunales internacionales como "retroactivos".
Fueron denunciados en tribunales internacionales por los inversores y grandes fondos de capital extranjeros que habían puesto en marcha instalaciones renovables en España, y fueron denunciados en tribunales españoles por los pequeños inversores nacionales (los ciudadanos españoles no tienen derecho a acudir a los tribunales internacionales para denunciar a su propio estado).
Grosso modo, en fin, lo que sucedió fue que, si hasta un momento dado, la retribución del kilovatio hora fotovoltaico, termosolar o eólico era equis, a partir de la entrada en vigor de las nuevas normas esa retribución fue reducida en un 20, un 30, un 50%, según los casos (y ello sucedió solo cuatro o cinco años, depende del caso, después de que se aprobaran las normas que establecían un precio a respetar durante 20 ó 25 años). La consecuencia de esa modificación fue que los pequeños inversores que habían solicitado créditos para poner en marcha sus huertas solares (y que se habían comprometido a pagar una letra equis en función de lo que iban a obtener por la venta de sus kilovatios hora durante 20 ó 25 años) se vieron así gravemente afectados en el año 4 ó 5 de sus pagos: comenzaron a ingresar a partir de entonces mucho menos de lo previsto y tuvieron que refinanciar su deuda hipotecándose o solicitando más créditos. Los grandes inversores sufrieron igualmente los recortes, pero su músculo financiero les ha permitido aguantar mejor el en muchos casos brutal recorte retroactivo.
Miles de millones de euros
El caso es que muchas de las multinacionales que desembarcaron en España para, en un marco regulatorio concreto, hacer unas inversiones concretas, decidieron, a la vista de la ruptura del marco, denunciar. La primera demanda fue presentada en 2011 y, actualmente, hay, según la Abogacía del Estado, 7.565 millones de euros en juego en los más de 30 litigios que se han ido abriendo tras el recorte a las renovables, lo que ha situado a España -explican desde Unidos Podemos- como "uno de los tres países del mundo con más demandas presentadas en su contra". Por el momento, España ha ganado dos laudos internacionales y ha perdido dos (por valor de 175 millones de euros), el último de ellos, hace apenas unas semanas. Pues bien, en ese marco de incertidumbre sobre lo que puede suceder con los otros 30 litigios (valorados como se dijo en más de 7.500 millones de euros), el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha presentado, a iniciativa del diputado de Equo Juan López de Uralde, las siguientes preguntas.
Energías Renovables reproduce a continuación la batería de preguntas parlamentarias que ha registrado en el Congreso el diputado Uralde
«España ha perdido su segundo arbitraje internacional por el recorte de las primas a las energías renovables, en este caso en el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (Suecia). El laudo, dictado por ese tribunal arbitral obliga a España a pagar 53 millones de euros a una sociedad con sede en Luxemburgo, según un comunicado de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier).
Esta decisión se suma al laudo de mayo de 2017, favorable al fondo británico de infraestructuras Eiser, por el que se condenó a España al pago de 128 millones de euros por el cambio de marco regulatorio que costó a las energías renovables más de 3.000 millones de euros.
Desde la primera demanda presentada en 2011 contra la reforma del sector llevada a cabo por el Gobierno de Zapatero hasta hoy, y según la Abogacía del Estado, actualmente hay 7.565 millones de euros en juego por los más de treinta litigios abiertos tras el recorte a las renovables, lo que ha situado a España como uno de los tres países del mundo con más demandas presentadas en su contra. Por el momento, España ha ganado dos laudos internacionales y ha perdido dos.
Esos más de 7.500 millones de euros equivaldrían (si se perdieran todos los arbitrajes) a una subida de la luz del 20% si hubiera que desembolsarlos de golpe en un solo ejercicio, teniendo en cuenta los algo más de 32.000 millones de euros de costes totales del sistema eléctrico.
Por todo ello, se pregunta
• Si se perdiesen todos los laudos arbitrales, el sistema eléctrico podría llegar a incrementar sus costes en unos 7.000 millones de euros. ¿Cómo valora el Gobierno esta situación? ¿Sigue considerando el Gobierno adecuados los cambios en la regulación sobre energías renovables establecidos mediante el Real Decreto 413/2014?
• ¿Ha valorado el Gobierno cuál sería la situación si ese dinero se hubiera invertido en su momento en energías renovables?
• ¿Tiene pensado el Gobierno adoptar alguna solución consensuada, que sea definitiva, y restaure el daño causado a los inversores, especialmente a las decenas de miles de familias españolas productoras de energía fotovoltaica?
• ¿Cómo valora el Gobierno el hecho de que los inversores españoles se puedan ver perjudicados comparativamente en su acceso a las pertinentes medidas compensatorias frente a inversores de terceros países, al no tener a su alcance los medios que el Tratado de la Carta de la Energía habilita para los inversores extranjeros, y, en particular, del recurso al arbitraje internacional?»
Nota
Las normas que modificaron la legislación y que desencadenaron la cascada de denuncias fueron las siguientes: el Real Decreto-ley (RDL) 14/2010 (con Gobierno Zapatero), por una parte, y, por otra, el RDL 1/2012, el RDL 13/2012, el Real Decreto (RD) 413/2014 y la Orden IET 1045/2014 (estos cuatro últimos, aprobados por el Ejecutivo Rajoy). Según la Abogacía del Estado la cuantía reclamada supera los siete mil quinientos millones de euros (7.500 M€).
El Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial, emitió en mayo de 2017 un laudo sobre esta cuestión mediante el que obliga al Estado español a indemnizar al fondo luxemburgués Eiser Infrastructure Limited con 128 millones de euros. Ese fue el primero de los juicios perdidos por España. El segundo laudo condenatorio lo dictó hace unos días la Cámara de Comercio de Estocolmo.
